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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
Dos años atrás, en el hemiciclo legislativo pudimos apreciar un interesante ejercicio que supuso la erogación de una ingente suma de dinero, como del valioso tiempo del cuerpo legislativo.
Durante tres meses se dedicaron a entrevistar a diferentes personajes en torno a procesar o no a los criminales de guerra.
Para ello se llamó a ex miembros de las FFAA, señalados por el Informe de la Comisión de la Verdad de NNUU como responsables de las masacres, torturas y desapariciones de civiles durante el conflicto armado.
Se consultó precisamente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad que durante el pasado conflicto armado se cometieron.
El escenario que se preparó no dejó ninguna duda de hacia dónde se decantó el régimen: indefectiblemente cada entrevistado estuvo respaldado por una suerte de barra de sus antiguos colaboradores, también señalados, que no dejaron de gritar en favor de asegurar la continuidad de la amnistía, silenciando a cualquiera que llamara a la coherencia.
Si bien aquel circo carece de ningún efecto legal, supone tanto la profundización de la impunidad como el compromiso del régimen para asegurarla, además de derivar que un proceso legal es por principio una garduña, donde la noción de justicia carece de lugar y todo depende de los turbios intereses que respaldan la ilegalidad que se impone finalmente.
Otro tanto supuso el procesamiento político que sobre elementos de gobiernos pasados también se montara en el hemiciclo, sentándolos ante una comisión oficialistas, que los entrevistara durante horas sobre el uso de dineros en sus respectivas administraciones.
El resultado fue el mismo, una burla.
Aquello en el caso particular del ex presidente Cristiani, fue una maroma desentonada, pues en su caso el ejercicio duró 4 horas, durante las cuales respondió: “…todo se hizo de acuerdo a lo debido…”.
Esa respuesta que no aclara nada, la repitió el ex presidente durante las cuatro horas, burlándose descaradamente de la comisión, y despidiéndose al final afablemente.
Empero es además responsable último del asesinato, durante la ofensiva final, de los jesuitas y dos de sus colaboradoras, en la UCA, de lo que además como era su costumbre los militares ejecutores quisieron cobardemente inculpar a sus antagonistas en los combates que perdían en aquellas jornadas.
También es responsable el ex presidente Cristiani de apropiarse de acuerdo a la banca internacional, de $700, 000, 000. 00 producto de la privatización de la banca nacional a través de prestanombres, así como de donaciones, como aquellos insumos agrícolas valorada en varios millones, que procuró endilgar a una humilde secretaria.
Ahora nos dicen que lo persiguen, e incautan sus propiedades en el país, valoradas en 10 y más millones.
Esa descarnada burla es igual a las anteriores, pues el régimen tuvo al ex presidente en sus manos y pudo, de desearlo realmente, recuperar los bienes robados al pueblo salvadoreño, confirmando de este modo descarnadamente su compromiso con la impunidad.
Para enfrentar a la impunidad, primero el régimen debe ser creíble, o en cambio continuar con el circo al que nos acostumbró.
