Transformación jurídica para la justicia social: un gran desafío de la izquierda

Lourdes Argueta
Abogada

Como abogada y militante de izquierda, comprendo bien la contradicción entre justicia social y la concepción filosófica del derecho burgués que justifica su naturaleza, el origen y la función del derecho en todas las dimensiones de la vida jurídica del país, y que determina su relación con la jurisprudencia, la política, la educación jurídica y la sociedad desde sus diferentes formas de organización y reproducción del sistema económico imperante; por lo que es el derecho la base sobre la cual descansa toda la estructura de desigualdad que desde la izquierda nos proponemos revertir en función de los intereses de las grandes mayorías.

Teniendo como punto de partida que la lucha de la izquierda es por la transformación real de la sociedad y que eso implica desmontar el sistema de desigualdades expresado en los altos niveles de marginación, exclusión, falta de oportunidades, pobreza, migración, violencia, delincuencia, corrupción, entre otras situaciones, así como la degradación de las funciones o actuaciones de la institucionalidad del país, que, lejos de proteger y garantizar los derechos humanos y una vida digna a la población, están en función de los intereses de la elite política que gobierna desde la oscuridad.

Todo lo anterior es producto de la visión clasista, elitista, liberal y patriarcal de quienes gobiernan en función de las leyes del mercado y que desde esas esferas de poder benefician los intereses económicos de sus familias o elites económicas de las cuales provienen o aspiran acceder o transcender, propio de mercenarios de la política que bajo el sistema de privilegios que les confiere la función pública, usufructuan recursos, relaciones e influencias con lo que imponen leyes y funcionarios afines a los postulados del sistema capitalista, causante de la crisis o crueldad en la que viven las personas simples y comunes que con su trabajo sostienen a sus hogares y dinamizan la economía del país.

Mientras esto no sea comprendido por la generalidad de la izquierda, seguiremos corriendo el riesgo de poner nuestra lucha en función de la modernización y perfeccionamiento del Estado burgués; y esta reflexión es extensiva no solo a la izquierda salvadoreña, sino a todos quienes desde nuestras propias realidades y en diferentes partes del mundo, asumimos el compromiso de una sociedad realmente justa, inclusiva, respetuosa y garante de los derechos fundamentales de las personas y la protección a la naturaleza en toda su extensión.

En la práctica, muchas veces la izquierda, mediante su actuación o defensa expresa del sistema jurídico imperante, legitima la reproducción del mismo, y no procuramos transformarlo, porque establece mecanismos que aparentemente permiten el ascenso de la izquierda al poder, pero es una apariencia al final, un engaño, porque podremos llegar a la administración temporal del mismo, y como puede ser que por esa vía el proceso de transformación se profundice y se consolide, o se debilite y seamos expulsados del mismo. Justo, eso último es lo que ha sucedido en nuestro caso.

Amerita por lo tanto, que la izquierda a partir de todas esas lecciones desarrolle la capacidad de superar vacíos teóricos y prácticos que nos llevan a escenarios complejos que limitan nuestra incidencia en la toma de decisiones en las que se definen el rumbo del país, y pasamos a un papel en el que la maquinaria propagandística financiada desde el Estado con recursos del pueblo, nos presenta como fuerzas antagónicas y anacrónicas que no merecen ser escuchadas por oponernos a los supuestos avances y modernización del Estado, impulsada por el gobierno de turno, y que son presentadas como grandes logros para el país y la población, cuando lo que realmente representan es el recrudecimiento de la forma autoritaria de gobierno, la concentración y abuso de poder, así como la discrecionalidad en el uso de recursos y la profundización del sistema de desigualdad social.

Todo ello genera desconfianza e incertidumbre jurídica en muchos sectores de la sociedad, que prefieren no inmiscuirse para no ser blanco de ataques o persecución como lo es contra toda voz disonante al oficialismo. Para ello, han reformado leyes, impuesto jurisprudencia con interpretaciones fraudulentas, y han ejecutado capturas para demostrar el poder que gozan y amedrentar a las fuerzas sociales y populares.

¿Qué más muestra de cómo estiran y encogen las normativas jurídicas a conveniencia de la clase gobernante? históricamente ha sido así en todas partes del mundo, por eso es que cuando llegan gobiernos de izquierda pretendiendo transformar la estructura de desigualdad social, simplemente no pueden, y le toca hacer reformas superficiales que fácilmente son desmontadas con el retorno de la derecha al gobierno. En el peor de los casos, ni siquiera lo intentan, porque desde la izquierda se promueve la aceptación y defensa del estado de derecho burgués, y se dedican solo a administrar la cosa pública.

Resulta que estamos próximos al cambio de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la representación institucional del poder jurídico del Estado, que no es menos importante que el legislativo y el ejecutivo, y desde el cual también se ejerce y se concentra poder, y que en la estrategia de modernización del Estado del oficialismo, han reacomodado piezas para proyectar cambios superficiales que no pasan de cambiar a unos por otros que garantizan los intereses de quienes les eligen. Lo cierto es que no hay tal transformación, si no se transforma la base jurídica que impone la desigualdad social, algo que aun esta verde de discutirse y definirse en nuestro país.

Hoy por hoy, en medio de tantas vicisitudes en la que ese órgano de justicia ha sido expuesto como una extensión más de casa presidencial, el gremio de abogados ni mayor interés mostró en participar como candidatos a magistrados de la CSJ, en el proceso electoral llevado a cabo por la Federación de Asociaciones de Abogados, solo se inscribieron 20 profesionales de un padrón de 37,800 abogados, y del cual solamente votaron 3,632. Esto refleja la desconfianza del gremio ante el descrédito de este órgano de poder del Estado y que se prevé que el oficialismo impondrá a los que les convenga.