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Pedro Antonio Salamanca
Ahora viene lo bueno, con la participación del nuevo gobierno durante el periodo de transición que culmina el 31 de mayo y comienza su gestión con pleno derecho el 1 de junio de 2019.
Siempre en este periodo de transición, el gobierno saliente como el entrante, forman sus propias comisiones para que el traspaso de los bienes, derechos y obligaciones se realice de forma adecuada, ordenada y transparente o al menos sea aceptable para ambas partes.
Hasta ahora, no se conoce la integración de esas comisiones, lo bueno es que la Corte de Cuentas de la República, emitió las directrices para que el acto de traspaso se realice bajo esa normativa.
La transición es un periodo interesante por el grado de responsabilidad que esto implica, y no se trata de confiar o desconfiar, se necesita el mayor grado de objetividad, certeza y plenitud de lo que se entrega y recibe.
En el periodo de transición presidencial en el año 1989, cuando el partido ARENA, se preparaba para asumir por primera vez el Gobierno de la República, luego de ganar las elecciones al PDC, se aprobó el D.L. No. 204 del 31 de marzo de 1989, por medio del cual se decretó la “LEY TRANSITORIA DE PROTECCIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PREVIA AL INICIO DEL PERIODO PRESIDENCIAL”.
Una ley como esa, evitaría los dimes y diretes que ya se conocieron por medio de mensajes y acuerdos, pero éstos no comprenden la totalidad de aspectos a considerar en la transición gubernamental, ni tienen toda la fuerza legal para hacer valer las prevenciones y acciones deseadas.
Por eso, es recomendable tomar como referencia el propósito de la referida ley, considerando la realidad actual, porque hace treinta años, la estructura organizativa y funcional para la gestión pública era otra, aunque prevalecen acciones o decisiones de muchos rubros que son los mismos de siempre.
La transición presidencial, hoy debería resultar más práctica, confiable y oportuna, porque existe un sistema de administración financiera moderno, que facilitará conocer en detalle todo el patrimonio estatal; lo cierto es que el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, tiene registros completos de todo el sector público, aunque en este caso, el traspaso es solamente para las entidades que conforman el Órgano Ejecutivo.
En cuanto a la gestión del nuevo gobierno a partir del 1 de junio del presente año, es bueno recordar que la administración pública es como un elefante, grande y pesado, que camina a su propio ritmo; en el pasado hemos conocido funcionarios que cuando comienzan, desean hacer las cosas a su manera como si estuvieran en su empresa o finca, saltan procedimientos o ignoran requisitos, con el pretendido propósito de mostrase ágiles o resolver sus urgencias como buen administrador.
En el gobierno, existe un conjunto de normas que es preciso observar o cumplir pues hay un principio constitucional que dice: “Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”.
Por tanto, si queremos un gobierno, ágil, eficaz y económico, es necesario cumplir el marco normativo vigente y más temprano que tarde, identificar esos “cuellos de botella”, que atrofian o impiden el flujo de las operaciones, estos deben ser eliminados o mejorados, para dinamizar la gestión administrativa.
Tampoco se debe caer en el error del legalismo extremo, el marco normativo vigente, las buenas prácticas y el deseo de trabajar sin excusas de ningún tipo, permiten realizar una buena gestión y brindar mejores servicios públicos; estas son las señales que deseamos ver durante la transición y luego en la nueva gestión, para bien de todos los salvadoreños.
