Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Leonel Lemus
Instaurar una cultura de transparencia e integridad no sólo requiere que las instituciones del Estado permitan el acceso a la información y rindan cuentas a la ciudadanía, advice sino que también los diversos actores de la sociedad sean transparentes y probos: empresas privadas, partidos políticos, iglesias, ONGs y –especialmente– los medios de comunicación social.
La transparencia mediática es doblemente importante: por un lado, porque los medios recopilan, procesan y difunden información pública y/o de interés público; y, por otro, porque utilizan (los medios audiovisuales) frecuencias y canales del espectro radioeléctrico que son bienes públicos. Existen, por tanto, dos niveles o ámbitos de la transparencia en los medios: la transparencia (al interior) de los medios y la transparencia del sistema mediático.
La transparencia de los medios se refiere a que éstos deben manejar y publicar la información en forma transparente: sin manipulaciones, tergiversaciones o sesgos de ningún tipo. La información no debe contaminarse con la línea editorial de los medios ni con los intereses de sus propietarios o anunciantes.
Para garantizar la transparencia de los medios existen mecanismos de autorregulación como los códigos éticos elaborados por los propios medios, las veedurías de medios (ombudsman para los medios o defensoría del público) y los observatorios de medios instalados por organizaciones de la sociedad civil (universidades, ONGs, asociaciones de periodistas, comités de consumidores de medios, etc.)
Estos mecanismos funcionan en la mayoría de países democráticos y en ningún caso tienen como propósito controlar o amordazar medios, sino la tarea de verificar que los contenidos y prácticas mediáticas se ajusten a los parámetros éticos elementales. Pero en El Salvador no existen porque algunos medios se oponen, alegando que éstos constituyen “formas de censura”.
Y la transparencia del sistema mediático (audiovisual) tiene que ver con el otorgamiento de las concesiones radioeléctricas, la distribución de las frecuencias y canales, y el uso que los concesionarios hacen de éstas.
Por tanto, se trata de verificar –en primer lugar– si las concesiones fueron asignadas correctamente o se cometieron irregularidades en el proceso. En nuestro país el único mecanismo para otorgar frecuencias radioeléctricas es la subasta al mayor postor, el cual es antidemocrático y excluyente; y existen muchos señalamientos de anomalías en la asignación de concesiones: incumplimiento del procedimiento legal, uso de testaferros, etc.
En segundo lugar, verificar si la distribución de las frecuencias es equitativa entre los tres tipos de medios (públicos, privados y comunitarios) o si está concentrada en un sólo sector. Al respecto, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) confirma que el 95% de las frecuencias están concentradas en los medios privado-comerciales, en detrimento de los públicos y comunitarios que ni siquiera están reconocidos en la legislación.
Telecorporación Salvadoreña, Megavisión, Grupo Samix, Corporación FM, Corporación KL y Grupo Radio Stereo, son los emporios mediáticos que acaparan casi la totalidad del espectro radioeléctrico del país. El Estado sólo tiene tres frecuencias y las radios comunitarias sólo una.
Y, en tercer lugar, verificar si el uso de las frecuencias es correcto o si –por ejemplo– algunos concesionarios las acaparan únicamente para evitar el surgimiento de competidores. Aquí hay un ejemplo emblemático de esto: el acaparamiento ilegal (además de la asignación irregular) de seis canales televisivos (39, 41, 43, 45, 47, 49 y 51) por parte de TCS.
Además de lo relacionado con las concesiones radioeléctricas, la transparencia del sistema mediático también se refiere a los vínculos de los medios con otras empresas mediáticas y cualquier otro tipo de empresas. Y esto ya no incluye únicamente a los medios audiovisuales, sino a todas las empresas del ámbito info-comunicacional caracterizado por diversas formas de concentración horizontal, vertical, diagonal y conglomeral.
Ojalá, pues, que la incipiente cultura de la transparencia alcance también a los medios de comunicación. ARPAS y las demás organizaciones de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) proponen realizar un proceso de “auditoría del espectro radioeléctrico” para transparentar la asignación, distribución y uso de las concesiones; y plantean cambiar los marcos normativos y las políticas públicas para democratizar la comunicación y construir un modelo de medios transparente, plural y democrático.
(*) Director ejecutivo de ARPAS
y representante de la ReDCo.
