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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Después de dos días de intensas reuniones entre delegados del Gobierno y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa en los que llegaron a acuerdos en varios puntos de la nueva ley de emergencia, este miércoles la autorización para que circule el transporte público y la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional tensaron la sesión de trabajo, por más de dos horas.
En cuanto al primer punto que es la posibilidad de que circule el transporte público durante la emergencia, ambas partes expusieron posiciones encontradas, ya que mientras los diputados consideraban debe permitirse desde la primera fase de la reapertura económica, el Gobierno solicitaba que se pasara a la segunda etapa.
“Los estudios del INCAE y la ESEN determinan que todo tiene que ser con gradualidad entre fase y fase, en ese planteamiento no han existido redacciones que nos permitan construir un texto, hemos dado aportes, ese debe ser el espíritu del debate, aportar”, dijo Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa.
Ponce afirmó que ninguna de las partes objeta las medidas sanitarias solicitadas por el gobierno, pero sostuvo que no se puede aperturar la economía sin permitir la circulación del transporte público de pasajeros.
Los legisladores plantearon al Gobierno que se permita la circulación del transporte público de manera escalonada, en la primera fase el 35 % de las unidades de cada ruta las cuales deberán transportar únicamente la mitad de los pasajeros según su capacidad, esto incrementaría con el pasar de las fases hasta volver a la normalidad.
Al no llegar a un acuerdo, se decretó un receso para almorzar, luego de este el GOES y Comisión Política se reincorporaron a la mesa de trabajo en la que la delegación del Ejecutivo solicitó se discutiera el artículo 13 de su propuesta que tiene que ver con la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional.
En este punto, el FMLN se mostró en desacuerdo debido al uso discrecional de los fondos que supone, refiriéndose a los $3 mil millones de deuda autorizados por la Asamblea Legislativa para que el gobierno enfrente la pandemia del COVID-19.
Al respecto, Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia de la República, urgió a los parlamentarios dar esta herramienta al Ejecutivo: “Yo les ruego, diputados, de verdad, nosotros les estamos pidiendo las herramientas para seguir conteniendo la pandemia”, dijo.
El punto provocó una serie de discusiones entre los representantes del Gobierno y los diputados debido a que la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional deja sin efecto las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) para compras gubernamentales.
Los diputados que integran la Comisión Política insistían en que antes de la emergencia nacional deben retomarse temas “dejados en el congelador” en días anteriores como la repatriación de varados, compra de insumos médicos, transporte, cuarentena, entre otros.
Al cierre de la nota y luego de varios roces en los que la continuidad de la reunión tambaleó, los representantes del Gobierno accedieron a retomar los temas congelados y dejar por último la discusión de la declaratoria de emergencia nacional, atendiendo el orden iniciado en la instancia legislativa.
