Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Representantes de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), pidieron al presidente de la República Nayib Bukele, iniciar una auditoría técnica y financiera al proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) y determinar la forma en que se manejó el crédito. Genaro Ramírez, presidente de AEAS y principal promotor del recurso en contra del SITRAMSS, exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR), una investigación más profunda, a fin de conocer el nombre de los testaferros y las personas que estuvieron atrás de dicho proyecto.
Asimismo, instó al nuevo gobierno la conformación de una comisión integrada por las partes demandantes, en la cual se den aportes para solucionar el tema y solventar las repercusiones negativa, como por ejemplo el uso privilegiado de la Fuerza Armada para cuidar la infraestructura del SITRAMSS.
Según Ramírez, las 52 rutas de Soyapango deben volver a transitar por el carril segregado del SITRAMSS en el tramo del bulevar del Ejército, pues la resolución dice que ya no es exclusivo, “puede circular todo el mundo, incluyendo a los autobuses, no tienen por qué dejarlos afuera”, recalcó.
El presidente de AEAS dijo que serán respetuosos de la ley y esperarán una reunión con las nuevas autoridades del MOP, para determinar cómo será la forma de circulación en el carril que antes era exclusivo del SITRAMSS, sin embargo, el presidente Bukele aclaró que dicho carril puede ser utilizado por todos los vehículos particulares, pero no por las unidades del transporte colectivo, esto de acuerdo a la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional.
El presidente de la Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATP), Roberto Soriano expresó que si el SITRAMSS sigue operando de la misma forma, será bajo la ilegalidad, además, solicitó investigar no solo el hecho de haber concesionado a una sola ruta, sino los fondos e instalaciones utilizados y la ganancia del Estado.
“Como industria del transporte y empresas afectadas hemos perdido, porque nos obligaron a cerrar o vender las unidades. Fuimos olvidados y nos tiraron en manos de la delincuencia, lo cual fue parte de la destrucción de los operadores, para favorecer la empresa administradora del SITRAMSS”, externó Soriano.
La Sala da un año a la Asamblea, para resolver la petición que debe hacer el Órgano Ejecutivo por medio del MOP, quien debe hacer un estudio de factibilidad técnico y determinar si el proyecto es viable o no.
