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El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a tres años de prisión por el delito de hurto agravado tentado en perjuicio de la Fuerza Armada de El Salvador, discount a tres militares, pero la condena fue sustituida por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública.
En su fallo, el Tribunal determinó que la Fiscalía no pudo demostrar con la prueba ofertada la participación de los imputados en los delitos de comercio ilegal de armas y agrupaciones ilícitas; sino más bien la prueba aportada, entre esta la declaración del testigo denominado clave “Prometeo” y el hallazgo de la desaparición de las granadas M-67 de las instalaciones de la Hacienda El Ángel, en el municipio de Tapalhuaca, lo que se adecua al delito de hurto agravado tentado.
Los imputados, el sargento mayor Víctor Manuel Peña González, el cabo Jorge Nerio Lipe y el soldado José Luis Chacón Romero tenían acceso único tanto al armamento como a la zona de destrucción de las mismas, por lo que fueron condenados a tres años de prisión por el delito de hurto agravado tentado en perjuicio de la Fuerza Armada. La condena fue sustituida por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública para cada uno de los imputados.
Mientras que los imputados el sargento mayor Gilberto Espinoza Hércules; el capitán José Mario Mejía Hernández y el sargento mayor Francisco Morales Miranda fueron absueltos de todo cargo. En el caso del imputado, el cabo José Alberto Flores Ramos, el proceso judicial fue separado debido a que no se presentó al juicio.
La vista pública fue instalada el viernes 17 de octubre y durante su desarrollo se recibió prueba documental y testimonial entre esta la declaración del testigo bajo régimen identificado como clave “Prometeo” y el Ministro de Defensa David Munguía Payés.
En su oportunidad, la FGR aseguró que los elementos militares, supuestamente, simulaban destruir los lotes de granadas tipo M-67, en la hacienda El Ángel, en Tapalhuaca, en el departamento de La Paz. Sin embargo, los artefactos no eran destruidos sino, eran enterrados y luego transportados hacia el occidente del país.
Para la FGR, los militares procesados son parte de la comitiva que visitaba los almacenes militares y luego determinaban que el armamento debía ser destruido debido a que su vida útil había terminado y representaba un peligro para las instalaciones castrenses.
En una ocasión, la petición de destrucción fue autorizada por el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y el Ministerio de la Defensa, de acuerdo con los protocolos de la Fuerza Armada; sin embargo, ya había una investigación en curso. Los involucrados llevaban los explosivos al terreno y se les practicaba la supervisión para cumplir con todos los protocolos.
No obstante, según la FGR, los militares eran las únicas personas que tenían acceso a los explosivos para destruirlos.
