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Por Leonel Herrera*
La semana pasada concluyó el juicio del sonado caso “Saqueo público” en el que fueron procesados ex funcionarios del gobierno de Mauricio Funes y algunos ex empleados administrativos de Casa Presidencial. La vista pública duró casi tres meses y la resolución del Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador será dada a conocer el próximo 30 de noviembre.
El caso estuvo en la agenda pública porque la Fiscalía montó una campaña de comunicación, violando su propia reserva parcial del caso y usando la conocida estrategia de ganar en la opinión pública cuando no se tienen suficientes pruebas para hacerlo en los tribunales.
El juicio también fue notorio porque medios periodísticos publicaron información sobre algunos “destinatarios” de los fondos reservados que -según la Fiscalía- se asignaron irregularmente, entre éstos altos funcionarios del actual gobierno muy cercanos a Nayib Bukele. Me refiero al presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro y a su esposa, la ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano Michelle Sol, cuya empresa CASOL S.A. de C.V. recibió medio millón de dólares entre septiembre de 2010 y agosto de 2011.
En este texto destaco tres aspectos relevantes para una discusión seria sobre el caso y para una verdadera lucha contra la corrupción en El Salvador.
En primer lugar, “Saqueo público” fue un invento del ex fiscal Douglas Meléndez, quien hizo un “atarrayazo” indiscriminado en el que incluyó a personas posiblemente responsables de cometer delitos y otras que solo cumplieron órdenes de sus superiores.
Recientemente otro ex fiscal procesado y una abogada cercana al oficialismo han denunciado públicamente que Meléndez amañó y manipuló el desempeño de la Fiscalía, construyó casos sin fundamento, abusó de la práctica de “testigos criteriados” y actuó con fines políticos, por “venganza y odio” para destruir la imagen de personas acusándolas falsamente de cometer algún delito.
Fuentes vinculadas al caso sospechan que Meléndez habría recibido directrices del partido ARENA para perseguir judicialmente al ex presidente Funes y al ex fiscal Luis Martínez en “venganza por haber procesado al ex presidente Francisco Flores por el robo de los 10 millones donados por Taiwán”. Esos fondos eran para ayudar a los afectados por los terremotos de 2001, pero terminaron en cuentas de ARENA y usados para la campaña electoral de Tony Saca.
Según estas fuentes, como Funes ya estaba en Nicaragua, Meléndez “se empachó” con ex funcionarios cercanos al ex mandatario, a quienes acusó de “robarse 351 millones de dólares”, monto total de fondos reservados de Casa Presidencial en el quinquenio 2009-2014. Entre los acusados están el ex secretario privado Francisco Cáceres, la ex primera dama y secretaria de Inclusión Social Vanda Pignato, el ex secretario de Comunicaciones David Rivas y el ex presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) Miguel Menéndez.
Lo anterior sugiere que, al margen si hubo anomalías o no y de si los acusados son responsables o no, “Saqueo público” no sería un caso auténtico de combate contra la corrupción, sino un montaje del ex fiscal Meléndez.
En segundo lugar, este caso tiene una serie de irregularidades que invalidan el proceso judicial. Abogados defensores señalaron acusaciones sin pruebas contra algunos procesados, tipificación errónea de delitos, extensión ilegal de plazos procesales y otras anomalías cometidas por Fiscalía y tribunales involucrados que violaron aspectos elementales del debido proceso penal.
Una de estas irregularidades fue que la Fiscalía convirtió en “testigo criteriado” al ex secretario privado de la presidencia Francisco Cáceres, para acusar a ex empleados que actuaron bajo sus órdenes y a otros ex funcionarios jerárquicamente en su mismo nivel pero administrativamente dependientes de sus decisiones financieras.
Cáceres fue el administrador financiero de Casa Presidencial; por tanto, si hubo corrupción en el manejo de los fondos reservados, el principal responsable sería él, con la venia o no del presidente. Esto significa que la Fiscalía podría criteriarlo sólo para acusar a Funes, de quien recibía instrucciones y avalaba sus actuaciones; pero no contra otros ex funcionarios y empleados que estaban abajo de él.
Que el ex secretario privado, como administrador de Casa presidencial, haya declarado contra ex contadores, ex pagadores y otros ex trabajadores de dicha institución, es como si para condenar a distribuidores del narcomenudeo se criteriara al jefe del cártel de la droga.
Y en tercer lugar, el caso “Saqueo público” debería generar una discusión seria orientada a sincerar y transparentar la lucha contra la corrupción para que ésta sea real, genuina y no responda a objetivos mezquinos de represalias personales, venganzas políticas o estrategias propagandísticas.
Llama la atención que la misma Fiscalía en sus alegatos finales expresó que no acusaba a los procesados por apropiarse los fondos en cuestión, sino de favorecer la asignación irregular de los mismos. Entonces, ¿cuáles son los delitos?
¿Se trata únicamente de fallas adminstrativas en procesos que no están regulados y transparentados? Si es así, ¿por qué la Fiscalía habló de lavado de dinero y delitos de crimen organizado y pidió condenas de hasta 30 años de cárcel para algunos acusados?
La defensa legal de los imputados demostró durante el juicio que los 351 millones de dólares fueron recibidos por cientos de proveedores, entre los cuales hay reconocidos medios de comunicación, empresas nacionales y extranjeras, personas naturales y hasta funcionarios del actual gobierno. ¿Serán procesados quienes recibieron estos fondos?
Un tema central en este debate necesario debería ser la regulación de los fondos reservados para que se utilicen correctamente.
Si se condena a los ex funcionarios presidenciales de Funes, habrá que hacerlo también con los de Salvador Sanchez Cerén y de Nayib Bukele. Formalmente la partida secreta desapareció, pero hoy se usan otros mecanismos de uso discrecional de fondos como el presupuesto del OIE, el FOPROMID y otras partidas financieras para gastos no especificados en diversas instancias gubernamentales.
Ojalá la ciudadanía tome parte activa en esta discusión: son sus recursos los que se están administrando, por lo que debería exigir transparencia, rendición de cuentas y verdadera lucha contra la corrupción.
*Periodista y activista social.
