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Por Andrew Beatty/Shahzad Abdul
West Palm Beach/Washington/AFP
Un tribunal de apelaciones infligió un nuevo revés a la administración del presidente Donald Trump, al negarse a restablecer la aplicación del decreto migratorio que bloquea la entrada a Estados Unidos de los nacionales de siete países musulmanes.
El Departamento de Justicia había recurrido el sábado por la noche, ante el tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, la decisión de un juez federal de bloquear la aplicación de este decreto, firmado hace ocho días por el presidente Donald Trump.
Tras la decisión de este domingo del tribunal de apelaciones, se mantiene suspendida la aplicación del decreto antiinmigración de Trump, que prohibía la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
En la decisión judicial se solicita a los estados de Washington (noroeste) y Minnesota (norte), que interpusieron la demanda contra el decreto de Trump, que suministren documentación en la que se detalle su oposición al recurso gubernamental antes de la medianoche de este lunes.
«No puede creer que un juez ponga a nuestro país en tal peligro. Si algo sucede, ténganlo por responsable, así como al sistema judicial. La gente afluye. Malo!», tuiteó Trump luego de un inhabitual silencio de casi 24 horas.
«He dado instrucciones al Departamento de Seguridad Interior de controlar a las personas que llegan a nuestro país MUY ATENTAMENTE. Los tribunales hacen la tarea muy difícil!», agregó.
El juez federal de Seattle (estado de Washington) James Robart emitió el viernes por la noche una orden temporal válida en todo el territorio estadounidense que se tradujo el sábado en una suspensión, de las restricciones impuestas por el decreto.
El Departamento de Seguridad Interior había explicado a la AFP que, «de acuerdo con la decisión del juez» se habían «suspendido todas las acciones para aplicar» el decreto.
«Bienvenido a casa»
La diplomacia estadounidense anunció el sábado que revocó la suspensión de unas 60.000 visas.
Los vuelos internacionales hacia Estados Unidos volvieron a aceptar a los nacionales de los siete países incluidos en el decreto, que también suspendía durante 120 días el programa de acogida de refugiados (y de forma indefinida en el caso de los sirios).
Las aerolíneas cambiaron su procedimiento de la noche a la mañana.
«Está claro que las personas que estaban formalmente afectadas por la prohibición pueden desde ahora viajar y ser admitidas en Estados Unidos», explicó a la AFP Peter Spiro, profesor de derecho en la Universidad Temple de Filadelfia.
Spiro aconsejó a los viajeros afectados: «Vayan ya mismo a un aeropuerto y embarquen en el primer vuelo» hacia Estados Unidos porque la respuesta de la Casa Blanca puede llegar «muy, muy rápidamente».
Kamal Fadlalla, un médico sudanés de 33 años, pudo volver el domingo a Nueva York tras estar varado durante una semana en Sudán luego de una visita familiar.
«Está bueno regresar», confió a la AFP en el aeropuerto neoyorquino JFK, donde fue acogido con carteles de «Bienvenido a casa».
En Iran, una mujer de 30 años dijo a la AFP que había reprogramado su pasaje para Estados Unidos y se disponía a viajar en la noche del domingo para ver a su hermano. «Estoy dispuesta a correr el riesgo», dijo, rehusando dar su nombre.
«Mentiras»
La Casa Blanca pretende seguir este pulso y aplicar el decreto a pesar de las condenas, que llegan incluso del campo republicano.
Con ese fin, el vicepresidente Mike Pence recorrió en la mañana del domingo los platós de televisión para expresar su «frustración».
Interpelado sobre si las declaraciones de Trump contra el juez Robart no estaban fuera de lugar, Pence dijo a la cadena CBS que «todo presidente tiene derecho a criticar a las otras ramas del gobierno federal».
La administración, dijo en Fox News, «va a reaccionar muy rápidamente. Vamos a ganar la batalla de los argumentos (ante la justicia, ndlr) puesto que vamos a tomar las medidas necesarias para proteger al país».
Pero las voces críticas se siguen sumando. «El texto no estaba fundamentado y (…) estaba basado en mentiras», dijo en CNN Madeleine Albright, que fuera secretaria de Estado del expresidente demócrata Bill Clinton.
«Los argumentos (políticos) dejaban que desear», declaró en la misma cadena Stephen Hadley, consejero en seguridad nacional bajo la presidencia del republicano George W. Bush. «Creo que pretendían enviar un mensaje al país», matizó.
La demanda presentada el lunes por el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, estimaba que el decreto gubernamental viola los derechos constitucionales de los inmigrantes, al tomar como blanco específicamente a los musulmanes.
Donald Trump estima por el contrario que se trata de proteger al país de la amenaza terrorista. Su departamento de Justicia tiene tiempo hasta el lunes para intentar convencer al tribunal de apelaciones.
Unas decenas de manifestantes de un lado y una decena del otro, se lanzaban eslóganes pro y anti Trump el domingo en Nueva York, en otra señal del aparentemente imposible diálogo entre ambos campos.
Firmas tecnológicas y demócratas contra Trump
Casi un centenar de empresas tecnológicas y dos exsecretarios de Estado presentaron demandas ante la justicia de Estados Unidos contra el decreto antiinmigratorio de Donald Trump, mientras el presidente continuó desafiante ante la dura batalla legal que hasta ahora deja en suspenso la polémica medida.
Se trata del más reciente capítulo de una historia que se inició el 27 de enero, cuando Trump prohibió el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen y suspendió la llegada de refugiados.
Gigantes de Silicon Valley como Apple, Facebook, Google, Microsoft y Twitter presentaron la noche del domingo un documento legal ante el tribunal federal de apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco contra el decreto de Trump.
El texto suscrito por 97 representantes de la industria tecnológica, que contrata a miles de inmigrantes, denuncia que la orden presidencial «inflige un daño significativo a los negocios estadounidenses, a la innovación y al crecimiento», según una copia del mismo divulgado por la prensa local.
Ese documento respalda una demanda en curso contra el decreto, cuya aplicación fue suspendida el sábado.
Las compañías argumentan que la orden presidencial perjudica el reclutamiento y el mantenimiento de personal talentoso, amenaza las operaciones del negocio e impide a las empresas atraer inversiones a Estados Unidos.
Demócratas a la carga
En paralelo, un grupo de figuras del Partido Demócrata, entre ellas los exsecretarios de Estado John Kerry y Madeleine Albright, pidieron el lunes a la corte federal de apelaciones que mantenga la suspensión de la prohibición migratoria.
Los demócratas argumentaron que el decreto presidencial «fue mal concebido, mal implementado y mal explicado».
Entre las personalidades demócratas que firmaron el texto constan varios funcionarios del gobierno del expresidente Barack Obama, la exsecretaria de Seguridad Nacional Susan Rice, la exsecretaria de Seguridad Interior Janet Napolitano y el exjefe de la CIA Leon Panetta.
«Restablecer la orden ejecutiva causaría estragos en la vida de inocentes y en los valores estadounidense», agrega el texto.
Los demócratas advirtieron que la orden presidencial podría poner en peligro a soldados estadounidenses en el terreno y desorganizar la cooperación antiterrorista, al promover la propaganda del grupo yihadista Estado Islámico.
