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Por Oscar Nuñez
San José/AFP
Un tribunal de Costa Rica impuso este martes severas penas a cuatro hombres hallados culpables del asesinato del ambientalista Jairo Mora en 2013, doctor una sentencia largamente esperada por el movimiento ecologista que reclama al Estado más protección contra las mafias depredadoras.
El tribunal, look integrado por tres jueces de la caribeña provincia de Limón, 170 km al este de la capital, halló culpables «por certeza» a cuatro integrantes de una banda que traficaba ilegalmente con huevos de tortuga.
Héctor Cash recibió una condena de 90 años de prisión, Ernesto Centeno y Brayan Quesada fueron condenados cada uno a 87 años, mientras que Donald Salmón 74. No obstante, todas las condenas se ajustan a la pena máxima establecida por la legislación del país que es de 50 años.
Además del homicidio del joven ambientalista, que se dedicaba al cuido de nidos de tortuga en playa Moín de Limón, en el Caribe costarricense, los sentenciados sumaron condenas por secuestro, violación y robo agravado en contra de cuatro mujeres que acompañaban a Mora en el momento del ataque.
En un juicio anterior, en enero de 2015, otro tribunal había absuelto a los hoy sentenciados debido a alegados errores en la investigación y el mal manejo de pruebas por parte del Ministerio Público.
Sin embargo, la sentencia fue anulada por un tribunal de apelaciones que ordenó repetir el juicio oral y público con un nuevo tribunal.
Los hechos se remontan a la madrugada del 31 de mayo de 2013, cuando Mora y cuatro mujeres, tres estadounidenses y una española, fueron emboscados en playa Moín.
Las cuatro mujeres, cooperantes ambientalistas, acompañaban a Mora a inspeccionar los nidos en los que recientemente habían desovado centenares de tortugas.
Mora realizaba esta labor habitualmente, pese a que había recibido amenazas de parte de las pandillas que lucran con la explotación de los huevos y la carne de tortuga.
El ambientalista, de 26 años, recibió golpes en la cabeza hasta quedar inconsciente y posteriormente fue amarrado a una camioneta y arrastrado por la playa, donde murió asfixiado por la arena.
Las mujeres fueron secuestradas por varias horas, maniatadas y ultrajadas sexualmente.
No basta con la condena
El asesinato de Jairo Mora, que causó una gran conmoción interna y tuvo un fuerte impacto internacional, puso de relieve la escasa protección que el estado costarricense da a los activistas ambientales, pese a ser un país que se promociona internacionalmente como «una democracia verde».
En su momento, el crimen suscitó una ola de protestas y reclamos al gobierno, cuyas autoridades prometieron reforzar la vigilancia en la zona y dar protección a quienes trabajan en tareas de protección a la naturaleza.
Sin embargo, las organizaciones ecologistas coinciden en que esas palabras se las llevó el viento y la situación hoy es igual o peor que antes de la muerte de Mora.
«Sí, declarados culpables los que se ensuciaron con sangre las manos, pero no se hace honor a la vida de Jairo», afirma en un comunicado el presidente de la Federación Conservacionista Nacional (FECON), Mauricio Alvarez.
«La impunidad continúa porque la playa sigue desprotegida, el crimen se perpetúa una tras otra vez porque hoy Playa Moín no está siendo conservada sino destruida, industrializada», agrega Alvarez.
El dirigente se quejó de los «megaproyectos» que se desarrollan en la zona con apoyo estatal, como la construcción de una terminal portuaria para grandes barcos que construye en Moín la transnacional holandesa APM Terminals.
