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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Como histórica se puede definir la resolución del Juzgado Segundo de Primera Instancia al declarar judicialmente como crimen de lesa humanidad la masacre de El Mozote y lugares aledaños.
David Morales, abogado acusador de CRISTOSAL, afirmó que “es positivo el precedente judicial en El Salvador, ya que este tipo de crímenes masivos son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y ofrecen una oportunidad más amplia para la verdad y la justicia”.
“Yo estoy muy feliz y me reconforta el trabajo del juez y los abogados nuestros, porque los defensores (de militares) ya ni hayan que hablar en contra de las víctimas, porque lo que quieren es revictimización, y decir que nuestros familiares masacrados eran guerrilleros y eso es injusto”, declaró Dorila Márquez, una de las sobrevivientes, luego del cierre de la audiencia de juramentación de peritos.
La masacre de El Mozote y sitios aledaños es el resultado de un operativo militar liderado por el coronel Domingo Monterrosa Barrios, a cargo del Batallón Atlacatl, preparado en la “Escuela de las Américas”, que administraba en los años ochenta el Gobierno de los Estados Unidos.
A este proceso judicial se sumó la declaratoria del Juzgado Segundo de Primera Instancia, de San Francisco Gotera, Morazán, que reconoce la masacre también como un “crimen de guerra” y que marca un precedente judicial.
Con una hora y treinta minutos de retraso de la audiencia de juramentación de peritos, por la ausencia de los expertos propuestos por la defensa de los imputados en el caso de El Mozote, el juez de la causa decidió juramentar a los peritos acreditados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la parte acusadora particular, que representa a las víctimas (Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y CRISTOSAL).
La profesora y experta en asuntos latinoamericanos de la Universidad de Stanford, Terry Lynn Karl; el militar peruano, César Clover Pino; y las antropólogas Astrid Francés y Johanna Marroquín, del Ministerio de Cultura, integran el grupo de expertos de la parte acusadora.
La juramentación de los peritos trató de ser bloqueada por abogados de la defensa de los militares imputados en el caso, quienes cuestionaron capacidades profesionales y falta de tiempo para recusar su idoneidad, pero fueron rechazados por el juez de la causa.
Morales consideró que el reconocimiento del crimen de lesa humanidad, por parte del tribunal, permitirá a las víctimas contar con un asidero legal en su búsqueda de justicia para sus familiares.
“De ahí la relevancia de estos peritajes antropológicos y militares, donde los imputados, abusando de su posición de poder, cometieron este crimen masivo, que establecerán su organización, su operatividad. Y el peritaje documental permitirá tener acceso a análisis de documentos producidos fuera de El Salvador por autoridades de los Estados Unidos, como el departamento de Estado y de Defensa que dan seguimiento a lo que ocurría en el país”, explicó.
Consideró un avance relevante la acreditación de este primer grupo de peritos. En cuanto al cuestionamiento sobre el militar César Clover Pino, consideró que él cumple con los requisitos, por su calidad profesional y experiencia y ser independiente.
“Los abogados de la defensa habían propuesto a dos exministros de defensa, Otto Alejandro Romero y Humberto Corado Figueroa y Ennio Rivera, que están vinculados por lo menos con dos de los imputados y tuvieron a cargo batallones”, indicó.
Mientras, Wilfredo Medrano, de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, señaló que serán tres meses de trabajo, en los cuales estos podrían indagar o consultar documentos que les permitan preparar sus informes que presentarán ante el juez.
“El juez les va a otorgar una credencial a los peritos para que tengan acceso a todas las instituciones públicas que tengan información útil y pertinente para el caso de la masacre de El Mozote. En el peritaje militar tendrá otras diligencias que le van a permitir al juez contar con información que servirá para orientarlo sobre la estructura, funcionamiento de la Fuerza Armada y en especial el Batallón Atlacatl. Lo importante es que se les está cerrando más el círculo a los imputados porque las diligencias se están cubriendo, y el juez puede elevarlo a juicio”, puntualizó.
