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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Los tribunales de Ética Gubernamental (TEG) y el de Servicio Civil (TSC) tienen abierto un expediente de investigación contra la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) Raquel Caballero. El primero de ellos por el presunto cometimiento de nepotismo, por favorecer a miembros de su familia dentro de la entidad del Ministerio Público y un segundo proceso por injusticias contra trabajadores.
En el caso del TSC, esta entidad abrió un expediente por “Injusticia Manifiesta”, al destituir de su cargo al secretario general del Sindicato de Empleadas y Empleados de la PDDH de El Salvador (SEPRODEHES) Carlos Solórzano.
Solórzano ha denunciado medidas realizadas en contra de su persona. Fue destituido de las Unidades Juveniles de Difusión de la PDDH, el 12 de julio pasado, cuando la procuradora, a través de un memorándum, lo destituyó de sus funciones con la complicidad de la procuradora adjunta de derechos a la niñez.
De este proceso, el próximo 22 de diciembre se realizará la audiencia, donde el Sindicato de Trabajadores explicará la denuncia en contra de la procuradora. Y esperan que las personas destituidas sean puestas nuevamente en sus cargos, respetando el derecho laboral de todos los empleados.
En cuanto al proceso en el Tribunal de Ética “haber favorecido a dos hijastras, una de ellas contratada como empleada de la institución, mientras que la otra fue favorecida salarialmente”, indicó Carlos Solórzano, secretario general.
La denuncia fue puesta el 31 de mayo, en la que se establece que la funcionaria contrató a la hija de su esposo, identificada como Xiomara Juana Margarita Guevara Zelaya, el 10 de enero de 2017, con plaza de asistente II, con un salario superior a 1 mil 300 dólares.
De igual manera, le incrementó el salario en dos ocasiones a su hijastra, Gaby Lourdes Guevara, quien ya se encontraba trabajando en la PDDH. “La empleada tenía plaza jurídica y devengaba un salario de $1,210 dólares, pero fue ascendida a asistente técnico y el 1 de abril del 2017 se le incrementó el sueldo a 1,900 dólares”, explicó Solórzano.
En este caso, Solórzano pidió que si el Tribunal de Ética resuelve en contra de la procuradora, la Fiscalía General de la República deberá proceder contra ella, por el delito de nepotismo.
