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@arpassv
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Invesiones (CIADI) resolvió la semana pasada a favor de El Salvador en la demanda interpuesta por Pacific Rim/Oceana Gold. Este tribunal del Banco Mundial rechazó las pretensiones de la trasnacional minera y le ordenó pagar al gobierno salvadoreño 8 millones de dólares por costos procesales.
La compañía estractiva demandó al Estado ante el CIADI en 2007: exigía 300 millones de dólares como indemnización por negarle permisos de explotación de minerales en Cabañas.
La negativa fue porque Pacific Rim/Oceana Gold no cumplió los requisitos legales y por la legítima decisión gubernamental de no permitir proyectos inviables en el país dada su estrechez territorial, alta densidad poblacional y deterioro de los recursos hídricos. La minería metálica habría sido el acabose ambiental y un grave peligro para la continuidad de la vida.
Pacific Rim/Oceana Gold llegó al país en la época de ARENA: la dejó entrar el ex presidente Francisco Flores y le dio licencias de exploración Miguel Lacayo, su ex ministro de Economía.
Para viabilizar sus proyectos la empresa impulsó una propuesta de nueva ley de minería a su medida elaborada por el abogado Fidel Chávez Mena, ex canciller y ex candidato presidencial del PDC, y promovida por diputados del PCN y ARENA, entre éstos Orlando Arévalo, Roberto Angulo, Vicente Menjívar, Mario Marroquín y Donato Vaquerano.
En el territorio, Pacific Rim/Oceana Gold impulsó una estrategia de compra de voluntades de alcaldes, líderes religiosos y referentes comunitarios.
En 2009 fueron asesinados los ambientalistas Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, por oponerse a la minería. Fiscalía nunca investigó a los directivos de Pacific Rim/Oceana Gold como posibles autores intelectuales de esos crímenes (su entonces vicepresidente, Rodrigo Chávez, ahora está preso pero por un caso no relacionado con la resistencia antiminera).
Para convencer a la población sobre las supuestas bondades de sus proyectos, Pacific Rim/Oceana Gold montó campañas de saturación publicitaria. La falaz campaña de la “minería verde” era transmitida por los principales medios comerciales.
La lista de apátridas que conspiraron contra el país y a favor de Pacific Rim/Oceana Gold incluye a conocidos personajes, como el economista neoliberal Manuel Enrique Hinds (“arquitecto” de la dolarización) y el esposo de una ex vicepresidenta de la república vinculada a un poderoso grupo empresarial que la transacional minera involucró como socio local.
La resolución del CIADI es un triunfo nacional, especialmente de los humildes pero valientes pobladores de Cabañas que enfrentaron a Pacific Rim/ en sus territorios, a los mártires, a las organizaciones ambientalistas que alertaron y convencieron al país sobre la grave amenaza de la explotación minera.
Ahora debe aprobarse, sin más retrasos, una ley que prohíba definitivamente esa tenebrosa industria.
