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Por Aldo Gamboa
Washington/AFP
El gobierno del presidente Donald Trump amenazó a las llamadas «ciudades santuarios» a colaborar con las autoridades migratorias o atenerse a las consecuencias y perder fondos federales.
«Hoy quiero urgir a estados y jurisdicciones locales a cumplir con las leyes federales (…) como condición para recibir fondos», dijo en la Casa Blanca el secretario de Justicia, Jeff Sessions.
Sessions dijo que las «ciudades santuario» como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago, están obligadas a respetar el estatuto número 1373, que determina que para recibir fondos de origen federal esas jurisdicciones no pueden adoptar normas locales que limiten la comunicación de información sobre la situación migratoria de los individuos.
El también fiscal general apuntó que el polémico estatuto «deja claro que la falta de acción para remediar una violación resultará en el retiro de fondos, fin de la financiación o remoción de la condición para recibirlos».
Las leyes estadounidenses de migración, apuntó el funcionario, «determinan que Estados Unidos debe remover rápidamente del país a extranjeros que han sido condenados o arrestados por ciertos crímenes».
Trump llegó al poder con la promesa de deportar 11 millones de indocumentados, la mayoría hispanos, y para ello aumentó el poder de la agencia migratoria ICE, que ha realizado varios arrestos en estas «ciudades santuarios» a pesar de no contar con la colaboración de las autoridades locales.
«Lamentablemente algunos estados y ciudades han adoptado políticas diseñadas para frustrar la aplicación de las leyes migratorias» y esa postura «no puede continuar». «Hace a nuestra nación menos segura porque deja en las calles a peligrosos criminales», zanjó el responsable.
«Más seguro»
Xavier Becerra, responsable del departamento de Justicia en California, aseguró que el estado «respeta la Constitución y cumple la ley federal».
«El gobierno Trump debería repensar su plan de forzar a los gobiernos regionales y municipales a asumir su postura sobre inmigración», señaló.
El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo por su parte que los valores de la ciudad «no están en venta». «Vamos a luchar para proteger la seguridad y la dignidad de los angelinos, y trabajaremos junto con nuestros representantes en el Congreso para garantizar que Los Ángeles no se quede sin recursos federales que ayudan a proteger a millones de personas todos los días», añadió.
La alcaldía de San Francisco subrayó que las leyes que la hacen ciudad santuario «están en concordancia con la ley federal».
«Si el gobierno federal cree que hay necesidad de detener a criminales peligrosos, pueden obtener una orden judicial que honraremos como siempre», indicó.
«Las ciudades santuario son más seguras. Cuando los inmigrantes pueden matricular a sus hijos en la escuela, tener acceso a la atención médica para vacunarse y reportar crímenes, nuestra ciudad y condado son más seguro».
Defensor de «mano dura»
Como exsenador por el sureño estado de Alabama, Sessions se había tornado uno de los más enérgicos defensores de una «mano dura» contra inmigrantes en situación irregular, y ello lo llevó a ser de los primeros en apoyar la candidatura presidencial de Trump.
Las «ciudades santuario» se niegan a cooperar con fuerzas federales en la identificación de inmigrantes en situación irregular, y determinan que la policía local no puede actuar como órgano de control migratorio.
En la actualidad hay unos 300 «santuarios» en todo Estados Unidos.
Sessions recordó este lunes el caso de un inmigrante, que ya había sido expulsado de Estados Unidos cinco veces anteriormente, que terminó involucrado en el asesinato de una joven en la ciudad californiana de San Francisco, una ciudad santuario.
En enero, la alcaldía de San Francisco -donde residen unos 30.000 inmigrantes en situación irregular- inició un proceso contra el gobierno federal después que el presidente Trump determinara el corte de fondos federales a esa ciudad.
