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Por Javier Tovar/Ramón Sahmkov
Los Angeles/Washington/AFP
El gobierno del presidente Donald Trump defendió su polémico decreto antiinmigratorio en una corte de apelaciones, en medio de acusaciones del mandatario contra los medios y la justicia por subestimar amenazas terroristas.
Tres jueces del Tribunal de Apelaciones Federal de San Francisco examinan la decisión del juez James Robart, que suspendió a nivel nacional la aplicación del decreto presidencial, que prohíbe el ingreso de migrantes de siete países de mayoría musulmana por 90 días y de refugiados por 120 (para los sirios la medida es indefinida).
En una sesión de una hora, que se realizó por teléfono, la corte escuchó argumentos a favor y en contra y determinará esta misma semana si el fallo se mantiene o el decreto vuelve a entrar en vigencia.
«El presidente determinó que hay un riesgo real», señaló el representante del Departamento de Justicia, August Flentje, asegurando que el decreto estaba dentro de sus atribuciones.
«Este es un criterio de seguridad nacional que tradicionalmente se le asigna a la rama política y al presidente», añadió en su argumentación de unos 30 minutos.
Los jueces, que no abordaron la constitucionalidad del decreto como tal, se mostraron escépticos y en un punto el juez Richard Clifton calificó el argumento del gobierno como «abstracto».
Pidieron evidencias para conectar los siete países prohibidos -Irak, Irán, Siria, Yemen, Somalia, Sudán y Libia- con amenazas terroristas y lo presionaron para que explicara si la medida respondía a motivos religiosos como aseguraba la parte opuesta.
«En 2015 y 2016 [antes de Trump asumir el poder], tanto el Congreso como el Ejecutivo determinaron que estos siete países representaron los más grandes riesgos de terrorismo», indicó Flentje.
Antes de la audiencia, Trump, acompañado de un grupo de comisarios de policía, insistió en que su orden era de «sentido común» y «muy importante para el país» a fin de protegerlo, según él, de ataques terroristas y arremetió contra la prensa «deshonesta» por considerar que subestima el nivel de las amenazas, señalando que exprofeso ocultaron ataques de grupos yihadistas.
¿A la Corte Suprema?
El abogado que representa a los estados de Washington y Minnesota, que cuestionan la constitucionalidad del decreto de Trump, pidió que el caso continuara su curso.
«Siempre ha sido papel del poder judicial decir lo que es legal y supervisar abusos del Ejecutivo», indicó Noah Purcell.
«Esta regla judicial nunca ha sido más importante en tiempos modernos como ahora, pero el presidente les pide que reactiven la orden ejecutiva sin una revisión judicial y lanzar el país al caos», añadió y aseguró que si se mantenía el fallo de suspender la orden, la corte en Washington daría celeridad al caso.
Clifton, designado por el expresidente republicano George W. Bush, no se mostró convencido sobre el argumento de discriminación religiosa pues los siete países representan 15% de la población musulmana mundial.
«No necesitamos probar que esta orden afecte únicamente a musulmanes o que afecta a cada musulmán, sólo necesitamos probar que fue motivada en parte para dañar musulmanes», respondió el abogado.
El fiscal Bob Ferguson, que consiguió el bloqueo en la corte que hoy es apelado, felicitó en Twitter el «destacado argumento oral» de Purcell.
La audiencia fue seguida por 137.000 personas, un récord desde que el Noveno Circuito comenzó a transmitir sus sesiones por YouTube hace dos años.
Según expertos, todo indica que los jueces fallarán en contra del gobierno.
«Sería una sorpresa» si fuera lo contrario, explicó a la AFP Arthur Hellman, profesor en la escuela de derecho la Universidad de Pittsburgh.
«Creo que le fue mejor al estado de Washington» y Flentje «realmente tuvo problemas con muchas de las preguntas y no creo que sus respuestas satisficieron a los jueces (…) No parecía estar preparado tan bien como debería estarlo un abogado del gobierno», añadió.
De hecho, en un punto, Flentje dijo en la audiencia: «no estoy seguro que estoy convenciendo a la corte» con su argumento.
Para Hellman, si el fallo de la corte de apelaciones es unánime, el gobierno no debe insistir en llevar el caso a la siguiente y máxima instancia, la Corte Suprema, donde necesitarían cinco contra tres votos para rechazar el fallo.
Ese escenario es definitivamente una incógnita pues las ocho bancas del máximo tribunal están igualmente divididas en cuatro magistrados conservadores y cuatro progresistas.
Y el presidente republicano, que multiplicó este fin de semana los tuits incendiarios contra el juez de Seattle que suspendió la aplicación del decreto y el sistema judicial en general, ¿está listo para aceptar una nueva derrota en los tribunales?
«Por supuesto, el presidente respeta a la rama judicial pero tiene el poder de hacer lo necesario para garantizar la seguridad del país», respondió su portavoz Sean Spicer.
