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Washington/AFP
Alina Dieste
El presidente Donald Trump ofreció un plan para conceder la ciudadanía de Estados Unidos a casi dos millones de inmigrantes ilegales, la gran mayoría latinoamericanos, pero lejos de celebrar, los indocumentados están furiosos.
«A esta propuesta de supremacía blanca decimos: No», indicó el viernes Greisa Martinez Rosas, que cruzó el Rio Grande con sus padres cuando tenía siete años y hoy es activista en United We Dream, la red de jóvenes inmigrantes más grande de Estados Unidos.
«Rechazamos esta propuesta e instamos a otros a que lo hagan», apuntó en el mismo foro con periodistas Jonathan Jayes-Green, un afro-panameño cofundador del grupo de indocumentados negros UndocuBlack Network.
«Lo que la Casa Blanca está vendiendo al pueblo estadounidense no es más que una lista de deseos a favor de los nativos, que reduciría el número de inmigrantes, especialmente personas de color», escribió por su parte el activista nacido en Venezuela Juan Escalante.
Sin embargo, el plan propuesto el jueves por la Casa Blanca para naturalizar hasta 1,8 millones de inmigrantes en un plazo de 10 a 12 años, es «muy generoso» para muchos.
¿Por qué los potenciales beneficiados se quejan?
«Trump creó esta crisis»
Martínez Rosas, Jayes-Green y Escalante son «dreamers» (soñadores). Así se conoce a los inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y que pueden residir de manera temporal gracias al decreto de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que les otorga un permiso temporal de residencia.
El programa fue creado por el expresidente Barack Obama en 2012, para paliar el fracaso del ‘DREAM Act’, acrónimo en inglés de la «Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros», que no fue aprobado en 2010 en un Congreso dominado por los republicanos.
Pero Trump revocó en septiembre el DACA, que caducará definitivamente el 5 de marzo, pasándole la posta al Congreso para que legislara sobre el sensible tema.
La regularización de los «dreamers» se convirtió así en la piedra en el zapato de la crucial ley de presupuesto. Tanto que la falta de una solución sobre el tema provocó hace una semana el cierre parcial del Estado federal durante tres días.
Los republicanos en el poder y la oposición demócrata aprobaron finalmente una ley de financiamiento provisional, que vence el 8 de febrero, con el compromiso de la mayoría republicana en el Senado de actuar con relación al DACA.
«Esta crisis la creó Trump», dijo Frank Sharry, director de America’s Voice, -una organización que aboga por una reforma migratoria en Estados Unidos-, acusando al mandatario de buscar «demoler» la Estatua de la Libertad, símbolo de los inmigrantes que forjaron Estados Unidos.
«Rehenes»
«No se dejen engañar por los 1,8 millones», agregó Sharry, subrayando que así Trump «busca distraer la atención de la enorme cantidad de propuestas antiinmigrantes que busca lanzar».
Unas 690.000 personas eran beneficiarias del DACA cuando fue derogado, según cifras oficiales. Pero de acuerdo con el Migration Policy Institute, unos 2,1 millones serían elegibles como «dreamers», del total de 11 millones de indocumentados que el Centro Pew estima que hay en Estados Unidos.
La hoja de ruta de Trump, que el Congreso comenzará a debatir la próxima semana, incluye regularizar a los «dreamers», pero a cambio de medidas que fortalecen la represión de los indocumentados.
Exige 25.000 millones de dólares para construir un muro fronterizo con México, promesa electoral insignia de Trump que los «dreamers» consideran un proyecto racista, un despilfarro de dinero y un atentado al medio ambiente.
También elimina la lotería de visas de residencia («green cards»), implementada en los años 1990 para favorecer la diversidad, y acaba con la «migración en cadena», limitándola al cónyuge y a los hijos menores.
«Los que dicen que valoran la familia deben reconocer nuestras familias. No podemos retroceder a un tiempo en que Estados Unidos solo acepta inmigrantes europeos», señaló John Yang, director de AAJC, un grupo de defensa de los asiático-estadounisenses, quien recordó que más de 130.000 asiáticos califican como «dreamers».
«Este es un claro intento de intercambiar un grupo de vidas vulnerables por otro», opinó Katharina Obser, del grupo por los derechos de los refugiados Women’s Refugee Commission.
Los activistas aseguran que no serán tomados de «rehenes» para instaurar una reforma migratoria «xenófoba», y piden al Congreso aprobar una legislación que los proteja sin perjudicar a otros.
