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Por Olivia Hampton
Washington/AFP
El gobierno de Donald Trump pidió a la Suprema Corte que restaure su controvertida medida de prohibir el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, pese a sus reiterados traspiés en tribunales inferiores.
En su presentación, el gobierno pidió a la alta corte que se pronuncie sobre la legalidad del decreto de Trump, recurriendo el dictamen de una corte federal de apelaciones que mantuvo el bloqueo de la medida a nivel nacional.
También pide a la Suprema Corte que derogue otro fallo de una corte federal en Hawaii que también bloqueó el decreto presidencial, aunque la decisión de esa apelación aún está pendiente.
«Hemos pedido a la Suprema Corte que tome este importante caso y estamos convencidos de que el decreto del presidente Trump se encuadra dentro de sus atribuciones legales para mantener la seguridad de la Nación y proteger a nuestras comunidades del terrorismo», dijo la portavoz del Departamento de Justicia, Sarah Isgur, tras la presentación de la solicitud al máximo tribunal.
«El presidente no debe admitir personas de países que patrocinan o cobijan al terrorismo hasta que determine que pueden ser investigados apropiadamente y no impongan un riesgo a la seguridad de Estados Unidos», agregó.
El pedido se produjo una semana después del revés del gobierno en la Corte de Apelaciones de Richmond, en el estado de Virginia.
En su fallo, la mayoría de los jueces de ese tribunal afirmó que «no están plenamente convencidos» de que la parte del decreto que detalla los países -Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen- esté más relacionada «con la seguridad nacional que con la promesa» de campaña del presidente de vetar el ingreso de musulmanes al país.
‘Lo que está en juego’
Agrega que no está claro si las preocupaciones de seguridad del gobierno superan los reparos de los demandantes en materia de discriminación.
«Es indiscutible lo que está en juego: la corte de apelaciones concluyó que el presidente actuó de mala fe y con animosidad religiosa cuando, tras consultar con tres miembros de su gabinete, impuso una breve pausa en los ingresos de (ciudadanos de) seis países que presentan elevado riesgo de terrorismo», señala la presentación de la administración.
Esa decisión «genera incertidumbre sobre la autoridad presidencial para atender esas amenazas pese a que la Constitución y las leyes del Congreso lo empoderan y obligan a hacerlo».
Aunque la Suprema Corte trate inmediatamente el tema, es poco probable que pueda instruirlo en la sesión actual, es decir de aquí a fin de junio.
Trump había firmado un primer decreto en enero, días después de asumir el poder, que estipulaba prohibir el ingreso a los refugiados sirios por tiempo indeterminado, al conjunto de los refugiados por un plazo de 120 días y a los nacionales de siete países de mayoría musulmana (Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen) por 90 días.
Ese decreto fue rápidamente bloqueado por tribunales federales, y en vez de llevar la cuestión a instancias judiciales superiores el gobierno prefirió anular la medida y presentar una nueva versión, que excluía a Irak de la lista de países afectados y anuló la prohibición permanente de ingreso a refugiados sirios.
Sin embargo, esa nueva versión también fue bloqueada por dos jueces federales, en Maryland y en Hawái, provocando la apelación en los dos casos. El tribunal de apelación de Richmond fue el primero en anunciar su decisión el 25 de mayo.
