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Por David Alfaro
19/03/2025
Dice una parte de la noticia:
«En una carta firmada por el fiscal John Durham y enviada a la jueza Joan M. Azrack, la Fiscalía pide a la Corte que desestime la acusación contra López Larios debido a «consideraciones sensibles e importantes de política exterior», las cuales, según la misiva «prevalecen sobre el interés del gobierno en procesar al acusado».
La reciente decisión del gobierno de Trump de retirar los cargos contra César López Larios, alias «Greñas», cabecilla de la MS-13 acusado de terrorismo, es un recordatorio brutal de cómo la política puede corromper la justicia cuando conviene a los intereses del poder. En una carta firmada por el fiscal John Durham y enviada a la jueza Joan M. Azrack, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento del caso, argumentando «consideraciones sensibles e importantes de política exterior» que, según la misiva, «prevalecen sobre el interés del gobierno en procesar al acusado».
Este episodio plantea una pregunta inquietante: ¿desde cuándo la política exterior es más importante que aplicar la ley contra un criminal señalado de terrorismo? La respuesta está en la hipocresía de Donald Trump y su gobierno, un movimiento que ha hecho de la lucha contra la MS-13 una bandera política, pero que, en la práctica, no duda en hacer concesiones cuando hay intereses estratégicos en juego, y ese juego es convertir a El Salvador en cárcel de alquiler.
De la retórica a la impunidad
Durante años, Trump ha usado a la MS-13 como el enemigo perfecto para justificar su agenda anti inmigrante y sus políticas de mano dura. En cada mitin, en cada discurso ha pintado a la pandilla como la encarnación del mal que solo él podía erradicar. Sin embargo, ahora, su administración decide liberar a un cabecilla clave, enviando el mensaje de que la aplicación de la ley es selectiva y negociable.
La decisión de la Fiscalía no es un simple tecnicismo legal, sino una prueba más de cómo Trump desautoriza su propio sistema judicial cuando no le conviene. No es la primera vez que ignora decisiones de jueces federales o trata de manipular procesos legales para acomodarlos a sus intereses. Su historial incluye desde la presión sobre fiscales hasta el indulto de aliados políticos, pasando por el uso del Departamento de Justicia como una herramienta de su agenda personal.
¿Justicia o diplomacia criminal?
El argumento de «consideraciones sensibles e importantes de política exterior» abre una caja de Pandora peligrosa. ¿Qué impide que otros criminales de alto perfil sean exonerados bajo pretextos similares? ¿Qué mensaje se envía a los grupos criminales si su enjuiciamiento depende más de cálculos políticos que de la solidez de las pruebas en su contra?
El desprecio de Trump por la independencia judicial no es nuevo, pero cada vez que se repite, la democracia estadounidense sufre un golpe más. En un país donde la justicia debería ser ciega y no dictada desde la Casa Blanca, lo sucedido con «Greñas» deja claro que, bajo el trumpismo, la ley no es más que una herramienta moldeable según las necesidades del momento.
Así, mientras Trump y su equipo seguirán usando el fantasma de la MS-13 para asustar a los votantes, en la práctica demuestran que la lucha contra el crimen organizado es un simple eslogan electoral. Cuando llega el momento de actuar, la justicia se convierte en moneda de cambio, y los criminales, en piezas de negociación en un tablero donde la ley es solo un obstáculo más.
