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Caracas / AVN
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la nulidad y carencia de efectos jurídicos de la designación de la Junta Directiva de la estatal Petróleos de Pdvsa, sus filiales y empresas mixtas, realizado por la Asamblea Nacional que se mantiene en desacato desde el año 2016.
De acuerdo con la sentencia, la decisión del Parlamento en desacato viola abiertamente la Constitución Nacional, usurpa las atribuciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro; e incurre en una intervención de la empresa del Estado.
El pronunciamiento de la corte luego que el pasado 9 de abril la AN en desacato ampliar de cinco a nueve miembros la junta administradora ad hoc que esa instancia que se encuentra en nulidad jurídica designó en febrero para controlar la filial de PDVSA en Estados Unidos, Citgo.
El Máximo Tribunal del país enfatiza «que las actuaciones ejecutadas por la Asamblea Nacional en desacato, de autoridades de la Junta Directiva de Pdvsa y de algunas empresas filiales son nulas de nulidad absoluta y quienes aparezcan allí mencionados incurren en delitos de usurpación de funciones, entre otros».
El Alto Tribunal del país ratifica las medidas cautelares decretadas en el fallo número 39 del pasado 14 de febrero, tras la primera designación de la junta directiva de la petrolera venezolana y de su filial en Estados Unidos, Citgo por parte de la derecha venezolana.
Además, decreta la «prohibición de designación de cualquier persona para el ejercicio de funciones gerenciales, operativas, y/o administrativas, independientemente de donde se encuentre domiciliada, residenciada o en tránsito, así como prohibición de designación de cualquier persona para el ejercicio de representación legal, judicial, y extrajudicial de Pdvsa, susfiliales y empresas mixtas, salvo que las mismas emanen de la directiva legítima de Pdvsa».
Igualmente, el TSJ declaró la prohibición de enajenar y gravar bienes en el territorio venezolano a todos aquellos ciudadanos que sean designados inconstitucional e ilegalmente para la representación legal, judicial y extrajudicial ad hoc de Pdvsa.
Así como la «prohibición de uso, ocupación y movilidad de todos aquellos bienes muebles e inmuebles (naves y aeronaves), propiedad de terceros y afectos a la industria de hidrocarburos, líquidos y gaseosos sin la autorización de la directiva de Pdvsa; bloqueo, inmovilización de cuentas bancarias, y de cualquier otro instrumento financiero de Pdvsa para todos aquellos ciudadanos que sean designados inconstitucional e ilegalmente; prohibición de ordenar pagos para extinguir obligaciones de Pdvsa a todos aquellos ciudadanos que sean designados inconstitucional e ilegalmente».
Por otra parte, exhortó a las autoridades públicas del país «a reforzar la seguridad en instalaciones y equipos de Pdvsa, filiales y empresas mixtas», al tiempo que instó al Poder Ejecutivo Nacional, y a Pdvsa a tomar todas las medidas necesarias para la protección de la actividad petrolera.
La Sala Constitucional remitió copia de la sentencia al Ministerio Público, a fin de que inicie las investigaciones correspondientes a las personas que aceptaron las designaciones nulas.
