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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Alejandro Díaz, abogado de la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, informó sobre la presentación de 530 nuevos casos de violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia fue intepueta conjutamente con el Movimiento de Víctimas del Régimen El Salvador (MOVIR).
“Anteriormente, presentamos 152 denuncias y ahora presentamos 530 nuevos casos ante la Comisión Interamericana (CIDH), para que sean investigadas las graves violaciones cometidas dentro del régimen de excepción como: torturas, desapariciones forzadas, asesinatos en manos del Estado, desplazamientos forzados, y graves violaciones a las familias de las víctimas”, argumentó Díaz.
En un pronunciamiento público Tutela Legal “MJH” y MOVIR reiteraron su compromiso de continuar trabajando por las víctimas y sus familiares, quienes fueron detenidos de forma arbitraria por autoridades policiales (PNC) y miembros del ejército (FAES), que han desaparecido y algunos desde hace 2 años, desde la entrada en vigencia de esta medida gubernamental.
“Esto se realiza también en el contexto de la presentación del Informe de la Comisión Interamericana que se emitió el 4 de septiembre: El Salvador : Estado de Excepción y Derechos Humanos, un triunfo para las víctimas y organizaciones que luchan en defensa de la vida y libertad de miles de personas capturadas de forma ilegal por el gobierno”, acotó.
“Todos estos casos han llevado el proceso ante la instancia nacional a las que han sido presentados como la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH); la Procuraduría General de la República (PGR) y lamentablemente ante la Sala de lo Constitucional (CSJ), que en general ha emitido resoluciones de inadmisibilidad e improcedencia”, manifestó Díaz.
Para el abogado de Tutela MJH, el escrito contextualiza el reciente informe de la CIDH, que estableció, luego de su propia investigación, que existen violaciones a la población vulnerable.
Nueva Corte Suprema de Justicia deberá trabajar por la población
Alejandro Díaz explicó que cada expediente de los nuevos 530 casos cuentan con la respuesta que dio la Sala de lo Constitucional. “Se dejó expuesta la ineficacia o la anulación de procesos constitucionales”, al señalar que esperan que estos casos sean retomados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Esperaríamos que esta nueva Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, retome el Informe de la Comisión Interamericana, con respecto a realizar acciones que no afecten los derechos de las personas privadas de libertad”, reiteró.
“Una de estas acciones es resolver de forma eficaz y realmente dentro de un debido proceso estos casos, -lamentablemente- tenemos respuestas, en donde la Sala de lo Constitucional ni siquiera entró a conocer los casos, sino que dio respuestas repetitivas en donde plantean asuntos de mera legalidad”, expresó Díaz.
Díaz criticó que los magistrados de la Sala de lo Constitucional, en sus resoluciones sobre personas con enfermedades crónicas, pidan a los familiares que presenten diagnósticos médicos o les cuestionan para que hablen con el juez del caso o las autoridades penitenciarias, lo que consideró “observaciones absurdas”, que tenían que realizar en un período de tres días.
“Esto lo planteamos a la CIDH, que la Sala de lo Constitucional, ya no siga esa nueva línea política en cuanto apoyar totalmente al régimen de excepción. Es lamentable que las instituciones que estaban de algún modo trabajando con la población afectada, como la PGR, también sufrieron una ola de despidos de 400 puestos de trabajo, de los cuales 275 son procuradores que llevaban los casos de las detenciones arbitrarias”, indicó.
“La institucionalidad no está funcionando, la generalidad son respuestas negativas, porque está plegada a la línea de aplicación del régimen, así como el sistema judicial en donde los jueces siguen esa línea y aplican criterios bastantes subjetivos. Es la criminalización de la pobreza, en donde muchas personas capturadas no han tenido oportunidad de defenderse en un debido proceso”, sostuvo Díaz.
MOVIR busca levantar restricción a las visitas
Alfredo Mejía, representante del MOVIR, reiteró la preocupación como familiar de víctimas del régimen, por la ineficacia en los procesos judiciales a los que acuden para demostrar la inocencia de sus seres queridos. Reclamó que muchos fueron capturados y algunos cumplieron 2 años dentro de los centros penitenciarios, siendo inocentes.
“Como MOVIR, lo que nos preocupa de la elección de magistrados (CSJ) es que si a estos no se les vio movimiento ¿Qué podemos esperar de los que vienen? lo hemos dicho, no es elección de magistrados, sino un proceso para los que están ya propuestos y calificados por ellos, para ser los nuevos magistrados. No esperamos mucho, realmente”, manifestó.
“Como MOVIR vamos a seguir luchando y nos verán en las calles aún con las dificultades que se nos presenten. Y ahora con la nueva campaña para pedir que levanten la restricción de las visitas, porque queremos saber de la salud y sobrevivencia de nuestros familiares”, argumentó Mejía.
Esta nueva petición, alegó Mejía, “es porque desconocemos si están vivos nuestros familiares”, y consideró que al levantar esta restricción los familiares podrían realizar las visitas y cerciorarse del paradero, la salud y la sobrevivencia de los mismos.
“Si levantan esa restricción, podremos saber de nuestros familiares, aunque sabemos de antemano, que tendremos que llorar porque muchos estarán ya en fosas comunes. Es lamentable que el gobierno no se pronuncie en nada”, agregó.
“Me llamó mucho la atención el discurso en la ONU ( del presidente Nayib Bukele), que habló que tenemos libertad de expresión y no hay violaciones a los derechos humanos, pero los fallecidos en los penales siguen saliendo con señales de tortura y la prensa es agredida, entonces, hay mucho que hacer movimientos sociales, las organizaciones y la prensa, tenemos que hacer lo que nos toca por los derechos”, indicó Mejía.
Víctimas desmontan millonaria propaganda de “país seguro”
Para David Ortiz, del equipo jurídico de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, el mayor triunfo de los familiares de las víctimas y las organizaciones es haber desmontado el millonario plan de publicidad de “País seguro”, al compartir que se enfilan a una segunda etapa de la lucha social.
“El primer nivel de lucha fue orientado a que se reconociera que la política de seguridad del Estado salvadoreño genera graves violaciones de los derechos humanos. Y eso quedó plenamente probado, y demostrado con el Informe que presentó la CIDH”, afirmó.
“Aquí ya no es posible para ningún actor estatal -decir-, que no existan violaciones a derechos humanos en el país, y no pueden porque la CIDH dijo que existen y le ordenó tomar medidas. Las víctimas cumplieron el objetivo de desmontar la campaña millonaria del gobierno de ser ejemplo de seguridad, porque es mentira”, manifestó Ortiz.
En cuanto a la segunda etapa de la lucha social, Ortiz mencionó que el “Estado salvadoreño sea condenado por violar de manera sistemática y generalizada los derechos humanos de la población”, lo que ha iniciado con la documentación de los nuevos casos presentados ante la CIDH.
“Ciertamente, se habían presentado previo unos casos, pero el sustrato teórico que dio la CIDH no existía, pero ahora si existe (informe) y hay evidencia que el Estado salvadoreño tiene la tortura como práctica sistemática”, afirmó.
Ortiz agregó que “También se demostró que el Estado, asesina por acción u omisión a personas detenidas que aún gozan de la presunción de inocencia, y que existe una política de desaparición forzada. Ahora, las víctimas deben ser reconocidas y resarcidas en sus derechos”.
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