Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Autoridades de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) explicaron este martes las razones por las que la institución decidió abandonar el comité que se encargaría de supervisar la ejecución de los $2 mil millones, aprobados por la Asamblea Legislativa para atender la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
El lunes, la Cámara de Comercio Salvadoreña (CAMARASAL), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y la UCA renunciaron al Comité del Fondo de Emergencia para la Contraloría, argumentando que no se les permitía ejercer el papel de control y vigilancia de la ejecución de los fondos.
El sacerdote jesuita Andreu Oliva -rector de la UCA- señaló que desde el inicio de las funciones del comité el pasado 30 de marzo, se les dificultó su trabajo por la escasa transparencia en el manejo de fondos; sobre todo, aquellos que fueron entregados a la población en calidad de bono por la emergencia.
Sobre la entrega de los $300 a las familias, subrayó que se decidió antes de que asumiera funciones el comité, a pesar de que el Decreto Legislativo 608, que avaló el endeudamiento de $2 mil millones, establecía que el comité verificaría el proceso. Además, la comitiva nunca tuvo acceso a información referente a fondos ejecutados en la primera fase de la pandemia.
Oliva detalló que el Gobierno ha dispuesto recursos para las mejoras en la red hospitalaria, entrega de paquetes agrícolas y de canastas alimenticias, sin consultar al comité supervisor, estas inversiones serán cargadas a los fondos aprobados.
Además, explicó que el 24 de abril el Gobierno solicitó al parlamento una reforma al decreto 608, la cual distribuye los fondos de manera que más de $1,500 millones se asignan para solventar deficiencias del presupuesto general 2020 y se eliminan los apoyos a pequeñas, micro y medianas empresas afectadas por la cuarentena.
“Haber presentado una reforma al decreto, que no había sido acordada en el pleno del comité, nos pareció una falta de ética, una falta de lealtad del Gobierno con el comité”, comentó Oliva y agregó que el irrespeto a la institucionalidad del país de parte del Ejecutivo, desacatando mandatos judiciales, es otro factor por el que la UCA decidió apartarse del ente.
El portavoz de la UCA solicitó a la Asamblea Legislativa que se reforme el Decreto 608, pues en este se establece la conformación del comité contralor. La reforma se encaminaría a cambiar la composición del mismo en vista de que se les ha impedido realizar su trabajo.
El vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano explicó que en al menos ocho reuniones la parte gubernamental del comité, compuesta por los titulares de Salud, Hacienda, Economía, Turismo, Obras Públicas y el secretario privado de la Presidencia, jamás entregó documentos referentes a un plan concreto de atención a la emergencia, ni detalles sobre la asignación de fondos.
Enfatizó que la propuesta de reforma del 24 de abril -de forma sorpresiva- el Gobierno determinó que entregaría $600 millones a las municipalidades, $450 millones a las transferencias monetarias para familias y los $950 millones restantes serían destinados a suplir deficiencias del presupuesto. Cabe destacar que esta propuesta aún no ha sido sometida a consideración del pleno legislativo. Serrano aseguró que, ante el reclamo de las instituciones a la propuesta, algunos ministros dijeron entender su descontento, pero que eso (el decreto) lo manejaba “otra gente”, dando a entender que tan importantes decisiones sobre el millonario endeudamiento no se estaban tomando en el comité.
“La actitud demostró lo que significaba el comité, no nos tomaron en cuenta, el problema no es el comité, sino que hay decisiones que no se toman ahí, sino en otras esferas”, resumió el vicerrector.
Los representantes de la UCA también desmintieron la aseveración del presidente Nayib Bukele, de que los representantes de las organizaciones renunciaron al ente al solicitarles declaraciones patrimoniales y, por el contrario, afirmaron estar en la disposición de presentarlas y que el argumento del mandatario responde a algo parecido a un “si no estás conmigo, estás contra mí”.
FUSADES: renuncia es irrevocable
FUSADES expuso en un comunicado que no encontró las condiciones necesarias para ejercer el papel de control para ejercer lo mandatado en el Decreto Legislativo 608, que aprobó la adquisición de la deuda y dio vida al comité supervisor, la renuncia de la institución es irrevocable, manifestó. “La información precisa, planes e instrumentos necesarios nunca estuvieron a nuestro alcance para poder incidir en las decisiones tomadas por el Gobierno. Mucho menos se pudo realizar un seguimiento adecuado de auditoría para asegurar los beneficios esperados”, argumentó la institución.
