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La UCA solicitó ante el Juzgado Tercero de Paz que se reabra el caso de la masacre de sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras.
@JoakinSalazar
“ Derecho a la Justicia y la verdad para las víctimas” es la base para que las autoridades de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y comunidad jesuita en el país solicitaran la reapertura del proceso judicial en contra de los autores intelectuales del asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras. Hecho perpetrado el 16 de noviembre de 1989.
La solicitud lleva como una denuncia ante la poca preocupación de entidades del Estado, del sector justicia y la Fiscalía General de la República (FGR) que a juicio de los demandantes no ha dado muestras de una pronta y cumplida justicia para todas las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.
Andreu Oliva, rector de la UCA, explicó que la principal razón para esta solicitud es ejercer el derecho de verdad y justicia, pero en contra de los autores intelectuales del hecho, por quienes se ha tratado de ocultar su implicación en el hecho.
“¿Quiénes decidieron asesinar a los sacerdotes jesuitas?, ¿por qué decidieron y cómo fue que tomaron esa decisión? Hay que realizar una nueva investigación, eso es lo que le corresponde a la Fiscalía. Nosotros vamos a aportar las pruebas que tenemos, pero en principio estarían aquellos militares como autores intelectuales”, dijo Oliva. La Comisión de la Verdad en su informe establece que los militares que planificaron los hechos son el general Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Montano, Francisco Elena Fuentes, estos junto al fallecido coronel René Ponce le dieron la orden al coronel Guillermo Benavides de cometer el asesinato sin testigos.
“Estamos convencidos que la decisión fue tomada en el ámbito militar, que corresponde a los de la famosa “Tandona”, esto es el convencimiento nuestro, a la hora que se reabra el caso nosotros nos reservamos el derecho de añadir o quitar a alguna gente”, dijo José María Tojeira, director del IDHUCA. Lo anterior responde a la posible vinculación de otros autores señalados, como el del entonces presidente de la República Alfredo Cristiani, quien ha sido mencionado de haber tenido conocimiento del hecho.
De igual manera, explicó que no se va a proceder en contra de los autores materiales. “Aunque el primer juicio nos parece una farsa. Pedimos que se investiguen a los autores intelectuales que fueron encubiertos dentro de dos juicios en El Salvador”, agregó.
El caso fue cerrado en el año 2000, por la prescripción del hecho y la aplicación de la Ley de Amnistía. La UCA solicitó en la reapertura que se les reconozca como querellantes del caso y esperan que la FGR se una al esfuerzo.
