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San José/AFP
La Unión Europea (UE) suscribió este martes, en San José, un acuerdo de cooperación por 722.000 euros con los organismos judiciales de Costa Rica, México y Colombia con el objetivo de fortalecer programas de justicia restaurativa.
Con este proyecto «unimos dos objetivos fundamentales: la justicia y los derechos humanos, lo cual está en sintonía con nuestra estrategia de cooperación», aseguró en el acto de firma el embajador de la UE en Costa Rica, Pelayo Castro.
La justicia restaurativa que se impulsa en los tres países lationamericanos promueve procesos de diálogo entre los infractores, las víctimas y las comunidades como alternativa a los procesos penales, explicó el diplomático.
Además, el programa está orientado «hacia las poblaciones vulnerables: jóvenes en riesgo social, migrantes, mujeres, indígenas, población LGTBI y adultos mayores», puntualizó el diplomático.
La magistrada Doris Arias, promotora del programa de justicia restaurativa en Costa Rica afirmó que «la exigencia de la sociedad actual a la administración de justicia está centrada en una mayor eficiencia y celeridad en la forma de resolver los conflictos, demandan que no exista impunidad, que sus pretensiones sean resueltas en un tiempo razonable y que se les reparen los daños causados».
Arias aseguró que estos objetivos se cumplen mejor mediante procesos de diálogo entre las partes, que tienen una duración promedio de un mes, resultan un 95% más económicos que los juicios penales ordinarios y son satisfactorios para los usuarios en un 97%, según la experiencia desarrollada en Costa Rica.
Sergio Medina, presidente del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, señaló que «este proyecto es un puente que une el esfuerzo y el talento de tres países» en el desarrollo de un sistema de justicia más eficiente.
«Aspiramos al cambio de mentalidad como factor de cambio social en nuestro países, que los jueces dejen de mirar en los procesos únicamente el castigo», apuntó.
El proyecto financiado por la UE se centrará en la atención de la población juvenil en riesgo, con el fin de prevenir su vinculación a bandas delictivas y el desarrollo de carreras criminales.
También servirá para dar alternativas ante «las trágicas cifras de impunidad en las leyes de penalización de la violencia de género» y dará atención «a las poblaciones indígenas en condición de vulnerabilidad», explicó Arias.
