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Alba Lisseth Miranda
Héctor Antonio Ramírez Pérez
El estudio superior en El Salvador para jóvenes y adultos suele ser difícil de alcanzar por diferentes condiciones sociales. Entre estas están el factor económico, el acceso por medio de las pruebas de admisión, falta de apoyo de los padres o discapacidad, entre otras.
Según datos proporcionados por la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del Ministerio de Educación (MINED), entre el 2001 y 2015 egresaron 933,988 bachilleres de educación media. De esta cantidad 356,506 estudiantes ingresaron a las distintas universidades del país.
Lorenzo Antonio Ramos, graduado en 2014 de la licenciatura en Sociología en la Universidad de El Salvador (UES), cuenta lo complicado que fue para él ingresar la institución estatal en 2007. Tiene discapacidad visual y su gran motivación era estudiar en una universidad de prestigio que le ayudara a creer profesionalmente, teniendo niveles educativos flexibles que se apegaban a lo que deseaba estudiar.
Para el 2021 se inscribieron más de 24,000 aspirantes al proceso de ingreso universitario, entre ellos varias personas con discapacidad que realizaron la prueba el 10 de octubre en la Facultad de Ciencias Agronómicas, según confirmó la Coordinadora de la Unidad de Ingreso Universitario, Carolina Rivas de Rosales.
De acuerdo con Rosario Villalta -coordinadora de la Unidad de Atención a las Personas con Discapacidad- en los últimos años se ha incrementado el número de aspirantes en esta área.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el término discapacidad abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. En cambio, el término de Diversidad Funcional propone una visión positiva de la discapacidad hablando de diferentes capacidades, no de deficiencias, limitaciones ni restricciones, y con este término se evitaría las diferenciaciones peyorativas como minusválido o lo que es igual a menos válido.
Así mismo, toda persona con discapacidad tiene derecho a la educación sin verse limitadas y excluidas de la formación académica formal. Sin embargo, muchas veces la infraestructura inadecuada y la falta de herramientas para personas con discapacidad hace imposible el aprendizaje. “En el examen de admisión me tuvieron que ayudar porque no hay distintivos que orienten a las personas no videntes en las instalaciones y para desarrollar la prueba esta no estaba adaptada, por eso me ayudó una persona vidente a realizarla”, dijo el licenciado Ramos.
La Constitución de la República, en su artículo 2 expresa: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter moral”.
Los derechos y garantías inherentes a las personas con discapacidad fueron reconocidos legalmente en El Salvador en el año 2000, cuando se adoptó un marco legal e institucional en materia de atención a las personas con discapacidad a través de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que en sus capítulos IV sobre Educación y V sobre Integración Laboral contempla ampliamente la responsabilidad del Estado y sus instituciones de facilitar en condiciones de igualdad, la integración de la población con alguna discapacidad.
Así mismo, está contemplada en la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad, en la Línea de Acción No 4.3.4, la Medida de la Política 3 que consiste en “Promover que las Universidades destinen recursos de investigación y enriquezcan sus cátedras en el ámbito de la atención de personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE)”.
Es por ello por lo que la Universidad de El Salvador, como máximo centro de estudios superior del país, crea desde el 2010 la oficina de Atención para Personas con Discapacidad, garantizando el acceso, permanencia y egreso de las personas con discapacidad a la educación superior pública. La estrategia 1.1 del Alma Mater contempla la creación de una oficina de orientación y atención al estudiante con discapacidad. La estrategia 1.2 implementación de acciones positivas complementarias y ajustes razonables al proceso de enseñanza aprendizaje.
El licenciado Ramos expresa que para poder obtener su grado académico profesional hay requisitos primordiales para tal fin porque se debe de evaluar su capacidad intelectual a través de una evaluación psicológica, partiendo de la premisa básica de poder entender, comprender y analizar los valores esenciales a cualquier situación que requiera una respuesta acorde al a realidad. Esto significa que el reto es dar oportunidad a las personas que deseen ingresar y que ya aprobaron los niveles de estudio de Parvularia, primaria y bachillerato, independiente de su discapacidad sensorial o física, ya sean estas de nacimiento, congénitas, enfermedad, accidente o mala praxis médica.
La UES no puede negar el acceso para las personas con discapacidad, que para algunos puede ser un paso restringido y para otros una obligación, ya que se deben crear las condiciones necesarias para la libre movilidad dentro o fuera de las aulas u oficinas administrativas. Tampoco adentro de las instalaciones pueden ser marginados en ninguna circunstancia, considerando el medio que utiliza para comunicarse o movilizarse.
Según las políticas de acceso a la educación, artículo 4 de la Constitución de la República de El Salvador, el Estado fomentará “el pleno acceso de la población apta al sistema educativo como una estrategia de democratización de la educación. Dicha estrategia incluirá el desarrollo de una infraestructura física adecuada, la dotación del personal competente y de los instrumentos curriculares pertinentes”.
Es de esta forma como este sector olvidado o marginado por ciertos sectores de la sociedad encuentra amparo en leyes de la República de El Salvador, la Convención de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas y la Ley de Inclusión Social.
Esta última Ley fue elaborada directamente para proteger y dar oportunidades a este sector de la sociedad. Por ello el “Tanque de Pensamiento Social” del país no puede hacerse a un lado, sino que, junto a las diferentes gremios, asociaciones o centros de apoyo deben de seguir brindando el empuje necesario a este pequeño grupo de personas con discapacidad, que representan al 6 % del total de la población del Territorio Nacional, según el Censo de Población y Vivienda del año 2007.
Por medio de los esfuerzos que la Universidad de El Salvador continúa realizado con respecto a la inclusión social, el licenciado Ramos recomienda la UES a las personas con discapacidad, pero a la vez les exhorta a prepararse para estudiar, ya que el examen de nuevo ingreso no es fácil. Además, sugiere tomar en cuenta que ya existe una unidad de atención a personas con discapacidad a la cual acudir para cualquier problema o dificultad.
