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Alessia Genoves
Colaboradora
Un monto total de $98 mil 208 dólares ha reclamado el ex-jefe del Departamento de Idiomas Extranjeros de la Universidad de El Salvador (UES), José Ricardo Gamero Ortiz, tras haber laborado 44 años y tres meses en dicho centro de estudios superiores.
El Juzgado Cuarto de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha emitido un fallo a su favor, ordenando al Consejo Superior Universitario (CSUES) el pago de $77 mil 508.17 no cobrados, en concepto de prestaciones laborales.
Pero el reclamo aprobado por la CSJ, tras la renuncia del ex-catedrático, contrasta con sus antecedentes. Gamero Ortiz fue objeto de observaciones por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios en 2017 por presuntas actuaciones discriminatorias y faltas a la normativa universitaria, según consta en el oficio Ref.DE36-10/14-2017.
La renuncia
El proceso se origina a partir de la renuncia presentada por Gamero Ortiz el 21 de enero de 2020 ante la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador (JDFCH/UES). Gamero Ortiz ingresó a laborar en la Universidad de El Salvador el 27 de octubre de 1975, acumulando 44 años y tres meses de servicio hasta la fecha de su renuncia, el 1 de febrero de 2020.
El demandante argumentó que, de acuerdo al artículo 8 letra f) del Reglamento General del Sistema de Escalafón del Personal de la Universidad de El Salvador (RGSEPUES), le correspondía una prestación económica equivalente al 70% de su salario por cada año de servicio. Al momento de su renuncia, Gamero Ortiz devengaba un salario mensual de $2,202.80, según consta en una constancia de salario del 28 de enero de 2020.
La demanda se fundamenta en la supuesta inactividad del CSUES para efectuar el pago de dicha prestación. A su favor, se alega que se violaron varios derechos constitucionales, incluyendo el derecho a “recibir la prestación o compensación económica y social que le corresponde” (artículo 38 ordinal 12° de la Constitución), el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad y posesión, y el derecho de respuesta.
¿Qué dijo el CSU?
Los representantes legales del CSUES, María Catalina Núñez de Hernández y William Joel Anzora, argumentaron que no existió inactividad por parte de la institución. Señalaron que las peticiones presentadas por Gamero Ortiz fueron respondidas mediante los acuerdos U01-2021-2023 (4-2) del 2 de diciembre de 2021 y 044-2021-2023 (XI-7) del 1 de diciembre de 2022.
Además, destacaron la existencia del acuerdo 042-2021-2023 del 10 de noviembre de 2022, mediante el cual se autorizó un primer desembolso de $10,700.00 a favor de Gamero Ortiz. Este acuerdo también establecía que el monto total de la prestación económica ascendía a $98,208.17, quedando un saldo pendiente de pago.
Los abogados del CSUES argumentaron que el pago de la prestación económica conlleva un trámite que involucra a diferentes unidades para la aprobación de los pagos, por tratarse de fondos públicos. También señalaron que la institución no contaba con el compromiso de previsión de fondos para cancelar la totalidad del pasivo laboral, debido a la cantidad de trabajadores que renuncian a la institución, lo que obliga a realizar pagos parciales.
Pero, tras analizar los argumentos y pruebas presentadas por ambas partes, el Juzgado Cuarto de lo Contencioso Administrativo determinó que existió una inactividad parcial por parte del CSUES en el cumplimiento de su obligación de pago; y que si bien se realizó un primer desembolso, este no exime a la institución de la responsabilidad de completar. El juzgado ordenó al CSUES el pago del monto restante de $77 mil 508.17 a favor de Gamero Ortiz.
Controversias de discriminación
En contraste con el fallo favorable a Gamero Ortiz, cuando fue jefe del Departamento de Idiomas Extranjeros, se emitió el oficio Ref.DE36-10/14-2017 por la Defensoría de los Derechos Universitarios, que observa presuntas prácticas discriminatorias en la asignación de carga académica y en el trato hacia miembros del departamento, por parte de Gamero Ortiz.
La Defensoría recomendó una revisión de los procesos de asignación de carga académica y la implementación de mecanismos más transparentes y equitativos, e instó a la administración universitaria a realizar una investigación interna sobre las denuncias de discriminación y a tomar las medidas correctivas necesarias para garantizar un ambiente laboral y académico libre de prejuicios y trato desigual. Mientras que Gamero Ortiz negó las acusaciones y argumentó que todas sus decisiones se basaron en criterios académicos.
