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La Universidad de El Salvador (UES) rechazó la aprobación de la Ley General de Minería Metálica por parte de la Asamblea Legislativa, e instó al presidente de la República Nayib Bukele a no ejecutar el proyecto, y pidió considerar el impacto a corto, mediano y largo plazo que la exploración minera puede provocar.
Además, mencionó que pese a que se establezca en la ley que se pretende hacer un uso racional de las riquezas naturales respetando el medio ambiente, resultan debatibles los mecanismos de control regulados, por cuanto, en el artículo 2 se establece que serán el MARN y ASA las instituciones encargadas de la vigilancia y cumplimiento de las condiciones medioambientales y de preservación del recurso hídrico, derivadas de las actividades mineras metálicas, siendo contradictorio que estas instituciones para el ejercicio fiscal 2025 se les reduzca su presupuesto de funcionamiento, limitando así su rol contralor.
“Se establece que no se repetirán los errores del pasado, en el que grandes empresas extranjeras se llevaban las riquezas y al país le quedaba la contaminación, y la afectación a la salud y vida de sus habitantes, no obstante, se dispone en el artículo 6 que la explotación, exploración, extracción y procesamiento podrá realizarse a través de sociedades, en la cual tenga participación el Estado, sin asegurar que sea socio mayoritario, lo que conllevaría a que nuevamente un pequeño grupo sea el beneficiado y como siempre las grandes mayorías las perjudicadas”, criticó.
Respecto al artículo 6, en su inciso segundo se refiere al desarrollo de las actividades allí mencionadas, el Estado y las sociedades en las que posea capital accionario no requerirán del otorgamiento de concesión ante la Asamblea Legislativa, dijo que violenta el artículo 103 inciso final de la Constitución de la República, y permitiría acelerar estas actividades sin mayor control.
Además, señaló que se prohíbe el uso de mercurio y otras sustancias no autorizadas por la Dirección de Minas, según el articulo 8, pero al no especificar que otras sustancias están prohibidas podría quedar habilitado el uso de cianuro, arsénico y otras especies químicas nocivas; y el hecho mismo del ciclo de la minería posibilita la obtención de mercurio violentando el Convenio de Minamata sobre el Mercurio del cual El Salvador es signatario.
También destacó que se deja indefensa a la población de aquellas zonas que se consideren con potencial minero, dado que el artículo 11 literal e), refiere que podrán declararse zonas del territorio nacional como no compatibles con actividades del ciclo minero metálico por encontrarse áreas urbanas de distritos o municipios, dejando abierta la posibilidad de que la Dirección de Minas lo autorice, priorizando la obtención de riquezas frente a los derechos de la población a no ser desplazados de sus territorios.
Respecto al artículo 18, que aborda las obligaciones que deben cumplirse, puntualizó que no se refiere expresamente a la protección y seguridad social de los trabajadores de las minas, ni la protección de los pobladores aledaños a las zonas explotadas.
La UES exhortó al Gobierno a no sancionar el Proyecto de Ley de Minería Metálica, a considerar el impacto a corto, mediano y largo plazo de las actividades de exploración, explotación, extracción y procesamiento de minerales metálicos en El Salvador, debiendo apostar por alternativas que promuevan un desarrollo justo y sostenible, sin los riesgos de la minería.
El centro de estudio instó a promover un diálogo abierto, inclusivo y transparente entre todos los sectores de la sociedad salvadoreña, que permita generar un plan de desarrollo económico y social, fomentando aquellas actividades productivas que aseguren el uso racional de las riquezas nacionales y una justa distribución de la misma, que permita mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías desposeídas.
