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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Ante la aprobación de la Ley de Minería, la Universidad de El Salvador (UES) llevó a cabo un conversatorio sobre el impacto de la minería metálica en el país, donde expertos del Alma Mater compartieron sus puntos de vista científicos y análisis sobre los efectos ambientales, sociales y económicos de esta actividad, donde la mayoría de la población saldrá afectada
Carlos Villalta, presidente de la Asamblea General Universitaria (AGU), manifestó que la Ley de Minería va a comprometer el futuro de las próximas generaciones del país en temas ambientales. Desde hace años El Salvador se ha quejado que la mina de Cerro Blanco, en Guatemala, está generando contaminación.
Sin embargo, ahora el gobierno salvadoreño pretende producir la propia contaminación para afectar a las grandes mayorías. Cerca del 40% del agua que abastece la zona metropolitana de San Salvador proviene de una planta potabilizadora en la cuenca del río Lempa.
“Días previos al cambio de gobierno, Estados Unidos hizo un cambio de deuda para con el ambiente, y establece que cerca de 300 millones de dólares van a ser invertidos en la recuperación de la cuenca del río Lempa, cuando de acuerdo a la información vertida en las redes sociales, será la zona más afectada de darse la explotación minera”, sostuvo Villalta.
José Miguel Vázquez López, docente del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES, enfatizó que desde 1922 El Salvador tiene su primera ley relacionada con la minería, que fue el Código de Minería, el cual abordaba el tema de las licencias por los gobernadores y se podían establecer concesiones.
En ese momento se consideraba que la industria minera era de utilidad pública, por lo cual era permitida la expropiación en los casos que establecía dicho código, esa normativa estaba relacionada con el tema de uso y aprovechamiento de aguas, que en1922 era ilimitado.
Vázquez señaló que el Código de Minería fue derogado en 1995 y entonces aprobaron la Ley de Minería, por considerar esas disposiciones obsoletas y era necesario establecer normas acordes a la época de exploración y explotación de los recursos mineros, mediante la aplicación de sistemas modernos que permitieran el aprovechamiento integral de los minerales.
“Dentro de esos sistemas novedosos está que para poder encontrar el oro es necesaria la utilización de cianuro en el agua, debido a que se debe ocupar un método de separación llamado lixiviación con cianuro, además de eso implica generalmente remover grandes cantidades de roca lo cual hace inservible de alguna manera el uso del suelo”, destacó.
El año 1995 fue período caracterizado por el impulso de las privatizaciones en una economía de mercado, por lo que se volvió a considerar el tema de las concesiones a particulares, permitiendo la inversión de transnacionales como la mina El Dorado en El Salvador.
En 2017 organizaciones ambientalistas, universidades y la iglesia católica presentaron a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de la prohibición absoluta de la exploración de la minería metálica, especialmente de oro y plata, cuyo fundamento fueron los resultados de un estudio de las Naciones Unidas, donde demostraba que El Salvador tenía el mayor grado de deterioro ambiental de América después de Haití.
“En aquel momento se concluyó que seguir con la minería metálica era un suicidio colectivo. Un año antes de esta situación el Estado salvadoreño logró ganar a la empresa Pacific Ring, que luego perteneció a Ocean Gold, 8 millones en conceptos de costos procesales por el litigio, como resultado se decretó la Ley de prohibición de la minería metálica, por medio del decreto 639, del 29 de marzo de 2021”, externó Vázquez.
Recalcó que en 2021 El Salvador se unió al Foro intergubernamental sobre minería minerales, metales y desarrollo sostenible, lo cual llamó la atención a muchas organizaciones ambientalistas, porque creyeron que se podría revertir la Ley de prohibición de minería metálica, una de las principales luchas que tienen los ambientalistas en la zona rural pues son ellos los que son afectados.
En 2023 la ONU pidió al gobierno de El Salvador explicar las detenciones de cinco líderes ambientalistas de Santa Marta, Cabañas, a quienes les atribuyeron los delitos de asociaciones ilícitas y privación de libertad, sin embargo, estas personas habían sido principales actores en la generación de la prohibición de la ley de la minería metálica durante 2017, al finalizar el 2024 la Asamblea Legislativa aprueba la Ley General de Minería Metálica.
