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El presidente del Instituto de Estudios de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), buy cialis Felix Ulloa, sale dijo anoche en entrevista con Canal 35 que se “está montando toda una parafernalia” que tiene como objetivo final “ver tras las rejas” al ex-presidente de la República, Mauricio Funes.
Ulloa recalcó en sus críticas al fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y a las medidas cautelares previamente aprobadas para impedir que el ex-mandatario asumiera un puesto en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
“Yo siempre dije que esta medida cautelar fue innecesaria porque cuando la sala ha dado estas medidas cautelares…es porque hay un peligro inminente de lesionar un bien jurídico superior y no lo había. Qué bien jurídico o particular se afectaba (con la elección de Funes)?, ninguno”, respondió el abogado.
No obstante, manifestó que la sentencia debió acatarla el exjefe del Estado. Funes dijo ayer durante una entrevista televisiva que la Sala de lo Constitucional nunca le notificó las resoluciones que emitieron.
Ulloa recordó que será el fiscal general de la República quien definirá si hay lugar a presentar requerimiento contra Funes por el presunto irrespeto a una orden de la Sala, pero que la instancia que definirá si el requerimiento fiscal amerita abrir un proceso será el juez.
Para el también ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el principal error de la sentencia que afecta a Funes es el parámetro constitucional utilizado.
“En este caso, el parámetro de control constitucional que utilizaron, el artículo 80, no se aplica. No era aplicable. La sentencia tiene tantas inconsistencias técnicas. Que me expliquen los magistrados si un designado a la Presidencia, en El Salvador, va a elección popular”, señaló.
La sala aplicó ese artículo de la constitución para declarar inconstitucional el numeral 2 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano que establece que los presidentes, vicepresidentes y designados a la Presidencia podrán incorporarse al PARLACEN.
Ulloa se preguntó cómo es posible que los magistrados declaren inconstitucional una norma comunitaria que regula a otros Estados y no solo a El Salvador.
Por su lado, el juez Roberto Arévalo Ortuño manifestó que en el caso del ex-presidente Funes no se le aplicaría el delito de desacato y que en cualquier caso la figura por la cual podría procesarse es el desobediencia de particulares, en caso que la FGR haga la solicitud y que el juez lo acepte.
