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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido bloqueados, durante un año, los 900 millones de dólares en bonos, que se destinarían a las áreas de seguridad, educación y para la salud. Los bonos habían sido aprobados en la legislatura anterior, con votos disidentes de la fracción arenera.
El Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén informó en su oportunidad que cien de los 800 millones serían destinados a la seguridad. Los primeros cien millones de bonos colocados iban a ser utilizados para tal fin.
Pero, el 10 de junio del año pasado, la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de inconstitucionalidad al decreto legislativo de aprobación de los 900 millones en bonos. La Sala, además, prohibió que el Gobierno utilizara los cien millones de dólares recaudados con la colocación de los primeros cien millones de bonos, los cuales se mentienen congelados.
El recurso de inconstitucionalidad interpuesto se justificó por el voto de los diputados suplentes. No obstante, que la figura de los diputados suplentes está plasmada en la Constitución de la República.
Existen fuertes sospechas que la no resolución de la Sala de lo Constitucional, además de ser una perversidad, responde a una estratagema de la derecha, de ahogar económicamente al Gobierno, para profundizar la crisis financiera en las arcas del Estado.
Algunos magistrados de la Sala, incluso, en posición de mofa y prepotencia han retado al Gobierno y a los diputados a que vuelvan a votar en la Asamblea Legislativa, nuevamente, por los 900 millones en bonos, evadiendo así la responsabilidad de la Sala de fallar a favor o en contra de la constitucionalidad del decreto.
El mantener por un año bloqueos de los 900 millones en bonos, además de no cumplir con el principio de pronta y cumplida justicia, están maliciosamente afectando las finanzas del Gobierno, y con ello afectando al pueblo.
