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Redacción Diario Co Latino
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En un año diferente, tras el anunció de la ONU que confirmó la Pandemia por la COVID-19 en febrero, El Salvador tomó decisiones como una cuarentena domiciliaria obligatoria, centros de contención, cierre de negocios por casi cinco meses, y otras medidas que confrontaron contra el Estado de Derecho, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Asamblea Legislativa. A continuación un resumen de los hechos más importantes en el tema de salud.
El sábado 21 de marzo de 2020, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele decretó una “cuarentena domiciliar” y “absoluta” -por 30 días-para contener la pandemia de COVID-19 y anunció la entrega de un subsidio por 300 dólares aproximadamente a 75 % de los hogares salvadoreños.
“Desde esta noche, a partir de hoy, hemos decidido decretar una cuarentena domiciliar completa en el territorio nacional por treinta días. Nadie podrá salir de su casa” y “todos estamos obligados por ley a quedarnos en nuestra casa”, dijo el mandatario en una cadena de radio y televisión.
Asimismo, explicó que las personas que no acaten la medida serán detenidas y llevadas a un “centro de contención” para pasar ahí la cuarentena, y se le retirarán “algunos beneficios” que reciben quienes se encuentran en estos lugares desde que comenzó la emergencia.
Bukele anunció que, para compensar el paro laboral que tendrán quienes se dedican al comercio informal -que sí serán afectados por la medida- las familias recibirán una transferencia de 300 dólares. Dicho monto se entregará a 1,5 millones de hogares, que aglomeran aproximadamente el 75 % de la población, que consumen menos de 250 kilovatios de energía eléctrica mensualmente, lo que representará una inversión de unos 450 millones de dólares.
Destacó que el país únicamente registra tres casos confirmados del COVID-19 y que las 102 pruebas de laboratorio realizadas este sábado resultaron negativas. “Esto es alentador porque en nuestro país continuamos con tres casos confirmados y aislados”, aseguró el mandatario.
El primer caso de la COVID-19
El 19 de marzo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele confirmó el primer caso de coronavirus en una persona que viajó a Italia.
“Hicimos dos pruebas de casos sospechosos, una de ellas salió negativa y la otra salió positiva, es decir, oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador”, dijo el mandatario salvadoreño en una cadena nacional.
El paciente, cuya identidad y sexo no fueron proporcionados, “es una persona de la que tenemos registrada su salida migratoria a Italia pero no tenemos su ingreso (a El Salvador) y por lo tanto presumimos que entró al país por un punto ciego cerca de Metapán”, informó el mandatario.
Igualmente, el 28 de marzo, el Gobierno El Salvador sustituyó a la ministra de Salud en medio de la pandemia del coronavirus. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele nombró a Francisco Alabí como nuevo ministro de Salud en sustitución de Ana Orellana, quien fue interpelada por la Asamblea Legislativa.
Centros de cuarentena
Para el 5 de mayo de 2020, un grupo de organizaciones humanitarias advirtió que los centros de cuarentena del Gobierno de El Salvador se han convertido en “focos de contagio” del COVID-19, y es que el Gobierno de Nayib Bukele mantuvo en 89 centros de cuarentena a 4.016 personas, entre las que se encuentran varias que superaron los 30 días de confinamiento, según denuncias.
Por otra parte, el Ejecutivo confinó a 2.394 salvadoreños por supuestamente saltarse la cuarentena domiciliar, pese a una orden de detener está práctica. También, advirtieron que “sostener a muy largo plazo el confinamiento y manejarlo como se ha hecho hasta ahora, puede tener consecuencias graves en la población”.
Inconstitucional la cuarentena domiciliaria
El 8 de junio de 2020, mediante resolución del proceso referencia 21-2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional los decretos ejecutivos n° 5, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26 y 29, referentes a la cuarentena domiciliar obligatoria, así como la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia por COVID-19, y la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19.
El Tribunal estableció que no se justificaron suficientemente las razones por las cuales es necesario suspender los derechos constitucionales de los salvadoreños, así como la usurpación de funciones legislativas por parte del Órgano Ejecutivo, bajo el entendido que carece de competencia para emitir una normativa que suspenda derechos y garantías constitucionales.
La Sala de lo Constitucional instó a los órganos del Estado a reunirse para acordar una nueva normativa que se encuentre apegada a la Constitución, libre de vicios y que respeten el procedimiento de formulación de ley conforme a las competencias de cada órgano.
Apertura económica
El 24 de agosto, El Salvador intensificó de golpe su reactivación económica tras cinco meses paralizada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, y luego de que la CSJ declarara inconstitucional un plan escalonado del Ejecutivo, por lo que las autoridades apelan a la responsabilidad individual de los ciudadanos para evitar un rebrote de contagios.
“Este día inicia una apertura (económica) obligada y establecida por la Corte Suprema de Justicia, que nos declaró inconstitucional las fases que habíamos determinado para realizar una apertura gradual. No obstante, creemos que debemos de contar con la participación directa de la población, apelar y confiar en su responsabilidad”, dijo a la prensa la comisionada Presidencial, Carolina Recinos.
No obstante, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró a principios de agosto inconstitucional un decreto gubernamental que establecía el plan de reactivación gradual de la economía, por no contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa y limitar derechos establecidos en la Constitución.
Los magistrados señalaron que la norma, que contenía 4 fases de las que la etapa 1 ya estaba en práctica, limitaba derechos constitucionales sin la aprobación legislativa, por lo que llamaron al Ejecutivo de Nayib Bukele y al Parlamento a consensuar una ley que regule estos aspectos.
Cerca de 136 médicos fallecidos
El 17 de septiembre, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES El Salvador, ha registrado la muerte por COVID-19 de 136 médicos, enfermeros y enfermeras, personal administrativo del sector salud y estudiantes de medicina, desde el mes de mayo, hasta este 17 de agosto.
Según la doctora Luz Bernal, los datos no coinciden con los registros del Ministerio de Salud porque el Gobierno solo toma en cuenta a quienes se les ha tomado la prueba de COVID-19, pero no a todo el personal de salud se le está haciendo el examen.
El 10 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) inició la investigaciones en por lo menos tres ministerios, dos autónomas y otras instituciones, después que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) recopiló indicios de irregularidades y los presentó a la Fiscalía General de la República (FGR).
En este momento la Fiscalía está realizando secuestro de documentos en los ministerios de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, así como también en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), entre otros. Cerca de trece instituciones del Estado, más seis funcionarios implicados en compras de insumos médicos como caretas con sobreprecio, mascarillas de mala calidad, botas de hule y otros.
Con una posible segunda ola de COVID-19 cerca, el 25 de noviembre, el presidente Nayib Bukele anunció que esperan recibir más de dos millones de dosis gratuitas de vacunas contra el COVID-19 AstraZeneca en el primer trimestre del 2021 con aplicación gratuita y universal.
Incremento de casos de Covid
Este 28 de diciembre, de acuerdo al Informe 21 de FUNDAUNGO sobre la evolución del coronavirus en El Salvador, la primera quincena del mes de diciembre se reportaron 3,267 casos adicionales de COVID-19, lo que equivale a un incremento del 23.1 % respecto al número de los casos nuevos registrados durante la última quincena de noviembre (2,461).
Además, se ha notado un incremento en la proporción de casos confirmados de COVID-19 con respecto al total de pruebas realizadas que fue de 8.8 % (del 1 al 15 de diciembre), con respecto a un 6.5 % (reportado al 30 de noviembre). Lo que proyecta una segunda ola de COVID-19 a principios de enero de 2021.
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