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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Su característico sombrero de hongo de color negro y sus dos trenzas, destacan el rostro de Yolanda Flores Montoro, mujer aymara del Perú, e integrante de una organización de derechos humanos y medio ambiente relacionada con la iglesia católica, oriunda de la ciudad de Puno al Sur de Perú.
A tres mil, 827 metros sobre el nivel del mar y una extensión de 15.57 kilómetros cuadrados, la ciudad de Puno, descansa entre la meseta andina y el lago Titicaca, considerado el más alto del mundo y el navegable más grande en América del Sur.
Convocada al IV Encuentro Regional de ACAFREMIN, Yolanda, habló sobre la realidad de su pueblo de raíces precolombinas y como los proyectos mineros de empresas transnacionales tan lejanas como Australia y Canadá, depredan su amada “pacha mama” (tierra) en Perú.
“Estos proyectos mineros nos tienen agonizando, porque la gente aymara no sabe nada de minería. Nosotros solo sabemos de agricultura, la ganadería, la pesca, la mayoría vivimos a los márgenes del lago Titicaca y como vivimos cercano a la frontera sabemos también del comercio, que es como nosotros nos ganamos la vida, económicamente hablando de nosotros”, aseguró.
La preocupación de Yolanda, parte de la decisión del gobierno peruano, de facilitar la tramitología para que grandes empresas mineras o petroleras, afinquen en sus tierras ancestrales.
Foto Diario Co Latino/AFP.
“Cuando vemos eso te hacen sentir que no eres dueño de tu territorio, entonces dices, ¿Quién soy entonces?, ¿de dónde soy? Y terminas que no te sientes como aymara o pueblo indígena, porque tu territorio está concesionado, porque lo tienen otras personas, tu cerro está concesionado, tu agua está concesionada, tus carreteras están concesionadas y todo esto sin consultarte. A pesar de la ley de consulta y que está vigente el convenio 169 (OIT), pero no lo toman en cuenta el gobierno peruano”, señaló.
Sobre esta pérdida de aplicación de los marcos de derechos humanos, la responsabilidad recae en la gestión de gobiernos locales o alcaldías (provinciales o distritales), explicó Yolanda, que son considerados los primeros representantes, que incumplen sus promesas de trabajo con sus pueblos.
“Los hemos visto como se emocionan en las campañas (electorales), donde aportan y donde tienen un plan (de trabajo) y después de las elecciones, ya no saben qué hacer, porque ya no tienen ese plan y entran en un proceso de aprobar y aprender como es el manejo político de cada distrito. Y es porque los que financian los partidos políticos, los que pagan las campañas electorales, son los que eligen quiénes van a estar en esos espacios. Y por lo tanto, no puedes hacer mucho, porque si el alcalde tiene buenas iniciativas o buenas propuestas, no las pueden implementar y otras personas que no conocen los procesos de gestión pública son también, los que ocupan estos espacios, que son puestos allí, por los que controlan todo, es una pena, pero son lecciones aprendidas”, compartió.
En la ciudad de Puno, los aymara, suman el 3 % de toda la población, aunque hay muchos más, en ciudades como Tacna, Arequipa, así como, en Bolivia y Chile, pero las escasas oportunidades de desarrollo, están empujando a la juventud aymara, a que opte por la migración dejando las luchas sociales por sus territorios ancestrales.
“Los jóvenes son los que migran y son bastantes, pero ahora la gente de más edad, están pensando en retornar al país y vuelven a la comunidad. Porque la comunidad es importante y estable para nosotros. Tú puedes salir de la comunidad, pero dentro de ella mientras estás empadronado como miembro activo, la comunidad te protegen tu terreno y te lo cuidan, también tu casa no te la venden, puedes volver como un buen comunero”, describió.
No obstante, lamentó que el Estado peruano, esté minando la esencia cultural de las comunidades campesinas, en el intento que más personas reciban títulos de propiedad “individual”, frente a las tierras comunales, con el fin de propiciar la entrada a las grandes empresas extractivas.
Para Yolanda, el fin gubernamental es fácil de identificar por los compromisos adquiridos en los marcos comerciales, como los tratados comerciales que les obligan abrir sus fronteras y ceder ante los intereses inversionistas son medidas estratégicas que se aplican para “romper la comunidad”, potenciando con ofertas de presupuestos municipales a iniciativas no comunitarias.
“Están desmembrando las comunidades, dando títulos individuales y la gente lo quiere así, dicen su terreno es propio y pues va y lo vende, (luego) se va, claro los jóvenes lo hacen más -¿Y a quién se lo vendió?- a un minero, eso es lo que están promocionando y fortaleciendo, para que no sigamos siendo comunidad. Y están promocionando más leyes de esas, porque cuando eres un poblador centro tienes una ropa y cuando eres de la comunidad campesina tienes otra ropa o sea otra ley, como convenios, la promoción de los derechos humanos, la consulta (OIT), pero esto necesita bastante información, el pueblo se da cuenta de lo que están haciendo y nuestros pueblos no son tontos, sabemos que quieren el litio, la plata, el oro de nuestros cerros, de nuestra Pacha Mama, entonces necesitamos informarnos, desde la autoeducación, la auto información para defendernos”, puntualizó.
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