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José M. Tojeira
Desde hace varias semanas damos seguimiento al caso del P. Toño. Y a medida que avanza el tiempo son más claras las irregularidades en el proceso. Por un lado las pruebas que maneja la Fiscalía, viagra aunque solamente han aparecido resumidas en algunos medios de comunicación, see parecen muy débiles. Las agrupaciones ilícitas no pueden presumirse por conversaciones. Y más si la persona acusada trabaja en la rehabilitación de delincuentes pertenecientes a dichas agrupaciones. Añadir un testigo “criteriado”, ex miembro de la agrupación y en la actualidad peleado con la misma, no le añade fuerza al asunto. En el tráfico de influencias, otro delito, falta saber con qué funcionario se traficó la influencia, si consta la culpabilidad del funcionario en dicho tráfico o incluso si es el propio funcionario el que le acusa del intento de soborno, obtención de ventajas o cualquiera de los mecanismos que tipifican el delito de tráfico. Sin funcionario, no hay delito. Y el funcionario brilla por su ausencia en la acusación. Y en el tráfico de objetos prohibidos la acusación se basa en intervenciones telefónicas que la Fiscalía interpreta como voluntad de introducir objetos prohibidos. Pero dado que las intervenciones telefónicas se produjeron antes de la supuesta introducción de objetos prohibidos, se supone que los registros de entrada fueron mucho más cuidadosos. Si incluso sospechando que se iban a introducir objetos, no se encontró nada en los registros, la propia entrada del P. Toño en la cárcel se convierte en prueba de que no los introdujo. No hubo delito por tanto.
Por otra parte se ha dividido la acusación de los tres supuestos delitos en dos partes, dirigidas a juzgadores en momentos diferentes. La intención parece ser no técnica, sino para impedir que el P. Toño pueda ser juzgado en libertad. Además, dado que se trata de juicios en juzgados especiales, el juez dispone de dos años para realizar la instrucción. Con lo que el P. Toño, aun siendo acusado con pruebas evidentemente débiles, podría teóricamente permanecer dos años preso, aunque al final resultara inocente. El trato hacia él ha sido duro, llamándole traidor de parte de la Fiscalía. La poca precisión jurídica de calificativos como el mencionado hace pensar en la necesidad fiscal de apoyarse en un juicio más mediático que jurídico.
Frente a todo esto es necesario recalcar que el trabajo de rehabilitación de delincuentes no es una tarea sencilla. La Constitución de la República en su Artículo 23 afirma que es obligación del Estado tener Centros Penales en los que entre otras funciones se trabaje en la readaptación social de los delincuentes. Sin embargo nuestras cárceles tienen muy serias deficiencias al respecto. Muchos de nuestros jóvenes, no todos, por supuesto, entran a la cárcel por delitos menores y salen expertos delincuentes. O profundamente desadaptados respecto a la sociedad. En ese contexto la labor del P. Toño merece respeto. Aunque tuviera algún fallo, el esfuerzo continuado de este joven sacerdote en una labor difícil, en la que el Estado tiende a fallar de un modo casi sistemático, merece respeto. Ciertamente mucho más respeto que los diputados que están pidiendo que El Salvador vuelva a la pena de muerte. La tradición salvadoreña ha sido con demasiada frecuencia autoritaria y de fácil recurso a la violencia a la hora de buscar soluciones a los conflictos. Los Acuerdos de Paz abrieron, en sentido amplio, una nueva etapa en la historia moderna de El Salvador, solucionando conflictos a través del diálogo. Retornar a la utilización de la violencia, legal o ilegal, para solucionar problemas no traerá nada bueno a nuestro país. El P. Toño es, en ese sentido, un hombre de diálogo mucho más coherente con el verdadero camino de solución de conflictos, que quienes hablan irresponsablemente de mano dura e ignoran las causas de los conflictos.
Es evidente que las maras no han renunciado a la violencia para resolver sus problemas económicos, sociales o de la índole que sea. Y es evidente que el Estado tiene que darle una respuesta adecuada desde las instituciones y desde la legalidad vigente. Pero en la medida en que la violencia delictiva es también en El Salvador fruto de problemáticas en las que se unen factores económico-sociales con algunos aspectos culturales, el diálogo es necesario. Y dado también que una buena parte de los problemas se generan en el entorno de nuestra juventud, el acercamiento humano es imprescindible. Uno no puede sino apoyar el esfuerzo de una policía comunitaria que se acerque más a la gente y genere confianza. Pero dentro de esta dinámica de generar confianza es también importante el acercamiento humano, especialmente al encarcelado. El esfuerzo de algunos empresarios por encontrar trabajo decente tanto para personas que salen de la cárcel como para jóvenes en riesgo es loable, aunque de momento tenga todavía una dimensión demasiado pequeña. En todas esas tareas el P. Toño hizo esfuerzos, trabajó e incluso pasó malos momentos. Su trabajo fue un trabajo de riesgo. Es lógico que muchos seamos solidarios con él, y más cuando vemos serias deficiencias tanto en el proceso llevado contra él como en la agresividad que la Fiscalía manifiesta en este caso.
