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En lo que va del Gobierno del presidente Nayib Bukele ha habido varios cambios en su gabinete, algunos lógicos y otros sorpresivos. La destitución de Rogelio Rivas, a finales del mes pasado, como ministro de Seguridad Pública, por ejemplo, cae en esta categoría, la sorpresiva, pues desde que asumió la cartera de Estado ocurrió algo inesperado: la reducción drástica de los homicidios en El Salvador, casi en un 50 %. Y ha sido este fenómeno el que más vendió el gobierno de Bukele como su “principal éxito” desde el inicio del actual Gobierno.
Incluso, una semana antes de la separación de Rivas, destacaba el éxito de su estrategia de combate a la delincuencia, contemplada supuestamente en el “Plan control territorial”, que supo ejecutar el ministro Rivas.
Aunque hay que recordar que en los primeros meses de Gobierno, Rivas tuvo una ligera diferencia con el presidente Bukele, cuando a través de las redes sociales le sugirió que despidiera al asesor presidencial de Seguridad Nacional, Alejandro Muyshondt, luego de que este se viera involucrado en un hecho delictivo. Pero en las mismas redes Rivas pidió disculpas al presidente por haber hecho semejante “solicitud”.
Aunque el éxito de la reducción de homicidios, según una investigación del periódico digital El Faro, no se debe al Plan Control Territorial, ni mucho menos al ministro Rivas, sino a un pacto o negociación entre representantes del Gobierno actual y los cabecillas de la “Mara Salvatrucha”. Este pacto entre el Gobierno y la mara explica la reducción drástica de los homicidios recién iniciado el gobierno y con tan solo haber anunciado el plan de seguridad. El Gobierno, por supuesto, ha negado el pacto con las mara para reducir los homicidios que en 2020 cerró con 1,322, un 45 % menos que al final de 2019 cuando sucedieron 2,398 homicidios.
Hay que recordar que en el último semestre del Gobierno del profesor Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, los homicidios bajaron a 7 u 8 diarios, luego de tener hasta 20 o 30 diarios, gracias al Plan El Salvador Seguro en el que participaron no solo las autoridades de seguridad, sino otros sectores de la sociedad, con el papel protagónico de las alcaldías municipales, que crearon los Comités Municipales de Seguridad Pública.
El Plan Control Territorial, que ha sido bien vendido por el Gobierno, a pesar de que no se conocen detalles del mismo y, sobre todo, porque lo del control territorial es dudoso, dado que en los “territorios” reconocidos con alta presencia pandilleril son ellos lo que decide quién entra y quien no entra en los territorios, surge la duda del éxito de dicho plan, y hace pensar que la reducción de los homicidios es por otra razón.
Volviendo al despido de Rivas, la duda aumenta, pues, si el plan es éxito, gracias a la conducción estratégica, entonces resulta sorpresiva la destitución del titular, a menos que se deba a que el Gobierno ya no pudiera sostener el discurso de que al mismo tiempo que había disminución de homicidios, también lo era en la cifra de desaparecidos, pues el nuevo titular de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha puesto énfasis en este tema.
En un editorial de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) titulado “Lo bueno, lo malo y lo feo de la destitución del ministro de seguridad” relata que: “Investigaciones periodísticas anteriores revelaron que Rivas también otorgó en forma irregular contratos del Ministerio de Seguridad, uno de estos a familiares de la comisionada presidencial Carolina Recinos. Además, su empresa Rivas Franco ganó múltiples contratos en la Alcaldía de San Salvador mientras él presidía el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y asesoraba al entonces alcalde Nayib Bukele”.
Es decir, hay suficientes elementos para especular los motivos de la destitución del exministro Rivas, dado la confidencialidad con la que actúa este Gobierno, que incluye hasta los motivos de los despidos de sus funcionarios.
