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La ciudadanía salvadoreña históricamente le ha apostado al respeto de la institucionalidad del país, luego de la firma del Acuerdo de Paz, en 1992, pues, a partir de allí, se suponía, El Salvador entraba en un antes y un después del autoritarismo que implantaron las dictaduras militares desde el golpe de Estado perpetrado por el general Maximiliano Hernández Martínez en la década de los años 30 del siglo pasado.
Dado que la democracia salvadoreña ha sido muy joven, entonces, los altos y bajos en la institucionalidad del país ha estado a la orden del día, pero esos altos y bajos no pusieron en peligro real la institucionalidad del país. Pese, incluso, a la grave polarización de la sociedad en la que se desarrollaron las dos fuerzas políticas más grandes del país, ARENA y el FMLN, que gobernaron el país en los últimos 30 años.
La llamada sociedad civil puso el grito en el cielo, durante los dos gobiernos del FMLN, por considerar que esos gobiernos de izquierda no generaban la confianza necesaria ni al sector privado, ni a las instituciones del país, como la anterior Sala de lo Constitucional, que le paró todo, incluso, un préstamo de 900 millones de dólares que, por la torpeza de un ministro de Hacienda, cayó el país en una situación de impago.
A los dos gobiernos de izquierda los acusaron de poner en peligro el equilibrio de poderes de la República, con ello, la institucionalidad del país, por las críticas que hacían a la Sala de lo Constitucional, principalmente, a pesar de que al final decían que “aunque no estaban de acuerdo con las resoluciones de la Sala las iban a cumplir”.
Esa polarización, se suponía, iba a terminar luego de que el pueblo puso al frente del Ejecutivo al señor Nayib Bukele.
Pero la polarización no desapareció, al contrario, se ha incrementado, en parte por las redes sociales, que muchas veces tergiversan los mensajes originales y provocan indignación y crean situaciones incendiarias.
El 9 de febrero se vivió -a la luz de muchos entendidos en la materia- una situación delicada en la vida democrática del país, cuando el presidente Bukele entró a la Asamblea Legislativa, acompañado de soldados y policías, y con el mensaje a priori que se podría disolver ese día la Asamblea Legislativa, amparados en el artículo 87 de la Constitución de la República, en el que se reconoce “el derecho a la insurrección del pueblo”.
Al final, fue el mismo presidente Bukele quien controló a la masa, que sin lugar a dudas iba preparada para darle fuego a las instalaciones del Congreso. Y qué bueno, para el país, que fue así.
La noche del miércoles se ha generado una nueva situación de inestabilidad institucional, grave, luego que la Sala de los Constitucional insistiera en que se cumplan las resoluciones de Hábeas Corpus, ante las detenciones de ciudadanos que desobedecieron la cuarentena domiciliaria obligatoria, decretada por el Ejecutivo, y que el presidente Bukele rechazó de tajo, tras agregar que no iba a obedecer las resoluciones de la Sala de lo Constitucional.
“Cinco personas (los magistrados de la Sala de lo Constitucional) no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños”, escribió el mandatario, ente otros mensajes de rechazo y de desconocimiento a las resoluciones de la Sala.
La Sala de lo Constitucional -en el marco de la emergencia actual por el COVID-19- ha decretado medidas para garantiza que no se violen los Derechos Humanos, por lo que ordenó que si van a hacer capturas tiene que haber una ley que lo permita, que no pueden quitarte bienes como los vehículo, porque eso no tiene ningún respaldo legal, que las autoridades no deben usar la fuerza o las armas contra los que irrespeten la cuarentena, entre otras medidas específicas.
El desconocimiento o desobediencia de un órgano de Estado por otro órgano, en un situación de emergencia nacional como la que tenemos en el país por el COVID-19, se vuelve muy delicado, peligroso, porque los esfuerzos de todos los órganos del Estado debería estar en función de combatir y evitar el contagio masivo de la enfermedad que tiene encerrados a millones de ciudadanos en el mundo, y en El Salvador no es la excepción.
No sabemos qué tono asumirán los discursos a la hora de la publicación de este editorial; pero, desde esta tribuna, lo que desearíamos es que la razón y el respeto a la institucionalidad prevalezcan, de ahí que lo que esperaríamos son nuevos mensajes para la distinción y enfocarse en lo primordial: la lucha contra el COVID-19.
