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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Juan Pablo Albán Alancastro es integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien fue invitado al Foro ¿Qué ha pasado tras la superación de las amnistías?, convocado por la Fundación por el Debido Proceso (DPLF) y las organizaciones de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado de los años ochenta, que enfrenta décadas de impunidad.
“Un Estado de Derecho es donde los ciudadanos tienen la tranquilidad que los funcionarios procederán siempre dentro del margen de la ley, y poniendo primero en su agenda de prioridades la garantía de los derechos de los ciudadanos”, señaló Albán en entrevista exclusiva con Diario Co Latino.
– ¿Cuál es la situación de los pactos de paz y reparación a las víctimas en América Latina?
Hay una deuda pendiente en varios países de la región, inclusive, para aquellos que han iniciado importantes esfuerzos para avanzar en medidas de justicia, como Argentina, por citar un caso. Pero todavía no han completado estos esfuerzos.
Como se trata de situaciones que ocurrieron 3 ó 4 décadas atrás, en estos casos los perpetradores por su estado avanzado de edad comienzan a morirse y las perspectivas de que haya justicia debido a esa impunidad biológica van desvaneciéndose.
– ¿Qué hay de los programas de reparación a las víctimas?
Los programas de reparación -en general- no funcionan del todo, no atienden todos los aspectos del daño causado a las víctimas y en cuanto a la verdad desafortunadamente en muchos casos la propia institucionalidad estatal que -presuntamente es democrática- y que ha reemplazado los procesos represivos o de conflicto no colabora con las víctimas para el acceso a la información que es relevante para esclarecer los hechos.
Algunos países han establecido comisiones de la verdad, pero los resultados de esos informes no han sido implementados o las recomendaciones formuladas no han sido acatada. Entonces, creo que hay una gran deficiencia a nivel regional en materia del abordaje del pasado.
– ¿Por qué les cuesta a los gobiernos establecer las recomendaciones para atender a las víctimas?
Porque ciertas lógicas pasadas permean a las realidades actuales, los intereses políticos tienen mucho que ver con silenciar la ocurrencia de graves violaciones a derechos humano. Y hay presión sobre aquellos que aspiran llegar al poder para no convertir eso en una prioridad de su agenda de gobierno.
Entonces, muchos de los que perpetraron violaciones a derechos humanos en el pasado siguen teniendo poder político, en otras ocasiones siguen enquistados en las estructuras estatales. Les ocurre a varios países, que no han tenido medidas para separar a quienes perpetraron violaciones a los derechos humanos de las estructuras del Estado, usualmente de la fuerza pública o fuerza armada.
Claro, hay un condicionamiento -si se quiere- de los presuntos regímenes presuntamente democráticos a partir del poder que preservan ciertas estructuras que perpetraron violaciones de derechos humanos en el pasado.
Y seguramente uno de los ejemplos más serios es lo ocurrido en Guatemala y el poder que retuvo “La Cofradía”. Esta organización de generales que participaron de las políticas de Tierra Arrasada y demás, para bloquear los esfuerzos de justicia para las víctimas.
– ¿La base de incumplimiento a las víctimas es entonces la impunidad de estos grupos?
En muchos países de la región el fenómeno de la impunidad es estructural. quiero decir, es un fenómeno que trasciende de los hechos violentos del pasado que ya antes de esos hechos ocurrieran no había una estructura judicial e investigación robusta que pudiera responder frente a la sociedad cuando se cometían delitos, entonces, esas malas prácticas se convierten en problemas estructurales y prevalecen a través del tiempo.
Para que haya un Estado democrático, lo primero que tiene que existir es un poder judicial lo suficientemente independiente y objetivo como para pronunciarse ante este tipo de situaciones o para cualquier delito perpetuado en contra de cualquier ciudadano.
Y con destellos, por supuesto, -hasta su país (El Salvador) en un momento- por ejemplo con la derogatoria de la Ley de Amnistía (1993), son esos ciertos destellos, son una marca pero América Latina, no se caracteriza por tener sistemas judiciales robustos y suficientemente independientes.
Así que los índices de impunidad en ciertos países son absurdos, como México ha llegado al 98% de los casos denunciados por cualquier tipo de delito. Y que es más alto en las violaciones a los derechos humanos.
En mi país (Ecuador) está sobre el 90%, o sea, la impunidad es una constante en la región. Y no sólo tiene que ver con crímenes pasados, sino que, tiene que ver con los crímenes presentes.
– ¿Cómo se enfrenta la impunidad frene a las víctimas?
Si pretendemos ser democracias en la región lo que debería de existir es un buen sistema de pesos y contra pesos; un sistema de balances de manera que la independencia del Poder Judicial, no se vea comprometida, pero eso es poco frecuente en la región.
Tal vez, un ejemplo interesantes es Colombia, allí a pesar de toda la violencia vivida por décadas, la credibilidad de la estructura de la corporación judicial- es tal- que cuando fue necesario refrendar las decisiones tomadas en el marco final del Acuerdo de Paz y establecer los parámetros de operación de la jurisdicción especializada para la paz, nadie cuestionó las decisiones tomadas por la Corte Constitucional.
Claro es heredera de una tradición de independencia de mucha objetividad que a su vez, tuvo la Corte Suprema colombiana en su momento, hay situaciones excepcionales. Lo que nos demuestra que si es posible en Latinoamérica tener mejores sistemas de administración de justicia, pero desafortunadamente muchos países no la tienen.
– ¿Qué pasa con los Estados que siguen generando víctimas y los poderes son coptados por uno de ellos?
Debe haber procesos adecuados de selección, de evaluación, garantías de estabilidad en los cargos de magistrados y jueces. Porque no puede ser que saquen a toda una Sala de una Corte o que se les pida la renuncia a otros magistrados de otras salas, sólo porque son antipáticos al poder.
Tiene que haber procesos de formación continua, tiene que haber garantías en el ejercicio de la función y que no habrá presiones de otros grupos de poder económicos, empresariales, mediáticos etc. Entonces, los jueces se sienten más tranquilos para cumplir su función.
– ¿Qué hay de la Fiscalías que investigan los delitos?
Es lo mismo- hay que decir sobre la Fiscalía- que debe ser un órgano autónomo en el ámbito judicial, desde luego, pero un órgano autónomo de otros poderes.
Y la autonomía no tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones administrativas y financieras por sí misma, sino que tiene que ver con el actuar de forma objetiva que se supone y se espera de los fiscales en el contexto de la persecución de los delitos.
Porque no es interés de la sociedad tener inocentes en las cárceles, tampoco es interés de la sociedad que haya impunidad por delitos muy graves, entonces también hay que garantizarle la independencia a la estructura de investigación de la Fiscalía.
– ¿Las víctimas podrán acudir a instancias regionales o internacionales por esta impunidad del sistema judicial?
Los mecanismos internacionales son subsidiarios siempre, entonces sí, claro, la comunidad internacional se entiende que están monitoreando esos compromisos internacionales que cada Estado ha adquirido y se entiende también que estos Estados van a cumplir de buena fe esos compromisos.
En la práctica parece que sólo hay un cumplimiento formal, pero no hay cumplimiento sustantivo, por supuesto frente a la vulneración de derechos en general -entre ellos- el incumplimiento de garantías elementales de independencia o imparcialidad de los jueces , pues existe posibilidad de acudir a esas instancias y formular un reclamo.
Claro, pero hay deficiencias en estos sistemas que no tiene que ver con la falta de independencia de objetividad, sino que tiene que ver con la burocracia y el tiempo de que toman los trámites .
Hoy por hoy, ante el sistema interamericano una denuncia puede estar en la comisión 10 o 15 años, desafortunadamente el ánimo de las víctimas a las vulneraciones se va perdiendo porque no ven respuesta ni el ámbito nacional ni internacionalmente.
El sistema de ONU es poco más deficiente en cuanto a los tiempos, sin embargo, los Estados tampoco han dado el paso de obligarse por la mayoría de tratados del sistema universal. Como el tratado que analizamos en el Comité (Desaparición Forzada), sólo supervisamos a 71 Estados del mundo y entre ellos no se encuentra El Salvador.
Y ese es otro problema, porque las víctimas no tienen las vías que pueden ser más expeditas y eficientes porque los Estados no han adoptado los tratados internacionales.
– ¿Cómo define un Estado de Derecho?
Un Estado en donde los ciudadanos tienen la tranquilidad que los funcionarios procederán siempre dentro del margen de la ley, poniendo primero en su agenda de prioridades la garantía de los derechos de los ciudadanos. Ese es un verdadero Estado de Derecho, es muy difícil identificar los Estados en el mundo que cumplan con estas características a manera cabal o por completo, porque siendo imperfectos los modelos de Estado que hoy tenemos y vamos avanzar cuando sean más próximas las garantías de los derechos , el respeto del orden jurídico y eso hace un Estado democrático y de derecho.
