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Por Leonel Herrera*
El “Caso Santa Marta” pasó de ser una instrumentalización de la justicia restaurativa y transicional a una burla, un bochorno o una especie de mal chiste que habla muy mal del sistema judicial salvadoreño.
Que un ex miembro de la Guardia Nacional pretenda juzgar a un grupo de ex combatientes guerrilleros por un supuesto delito de la guerra civil es, sin dudas, el acabose de todas las arbitrariedades e inconsistencias del proceso penal contra los líderes ambientalistas de Cabañas. ¡La imparcialidad y el sentido de justicia están gravemente comprometidos!
El juez Hugo Bánzer Flores Alas fue delatado públicamente el pasado 2 de abril por uno de sus antiguos compañeros de armas. César Fuentes, actual comunicador y generador de contenidos radicado en Estados Unidos, afirmó que Flores Alas fue su subalterno en la extinta Guardia Nacional, uno de los cuerpos represivos de la seguridad estatal durante el conflicto armado.
Flores Alas hoy preside el Tribunal de Sentencia de San Vicente, la instancia que esta semana realizará la nueva vista pública contra los defensores ambientales acusados de cometer un supuesto asesinato en 1989 cuando pertencían a la organización insurgente Resistencia Nacional.
La declaración de Fuentes fue retomada por la prensa, y ADES Santa Marta ha pedido a Flores Alas que se abstenga de participar en la repetición del juicio. El juez no respondió a los periodistas que buscaron su versión y no ha desmentido la denuncia de su ex compañero de milicia.
ADES también ha pedido públicamente a la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia indagar sobre las implicaciones éticas y el conflicto de interés de Flores Alas. La ONG exige, además, que Nayib Bukele abra los archivos militares “de la A a la Z” (como prometió), para saber qué jueces pertenecieron al Ejército y a los cuerpos de seguridad y que -por tanto- estarían inhabilitados para conocer casos de la guerra.
La acusación sin pruebas y el espurio proceso penal contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES fue, desde el principio, una burda manipulación de la justicia restaurativa y transicional para criminalizar y perseguir al activismo ambiental. Esto, por dos razones evidentes.
En primer lugar, porque si el objetivo real de la Fiscalía General de la República fuera investigar los crímenes de lesa humanidad, esclarecer la verdad y reinvindicar a las víctimas de la guerra civil en Santa Marta, los procesados habrían sido los autores intelectuales y materiales de las horrendas masacres cometidas por el Ejército y los grupos paramilitares contra la comunidad.
Pero en vez de ir contra los responsables de dichos crímenes de guerra, la Fiscalía arremetió contra los líderes comunales. Así el Estado salvadoreño revictimiza a la comunidad, convirtiéndola de víctima a victimaria.
La reactivación de la minería metálica confirma que detrás del “Caso Santa Marta” nunca estuvo la intención genuina de hacer justicia por un supuesto delito de la guerra, sino usarlo como pretexto para debilitar y desarticular la resistencia comunitaria contra esta nociva industria extractiva, persiguiendo penalmente a sus principales líderes.
Y, en segundo lugar, porque mientras avanzan ágilmente en este caso, Fiscalía y tribunales actúan negligentes en la investigación y procesamiento de verdaderos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que involucran a ex militares y otros ex funcionarios estatales.
La Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MESIES) señala poco avance, estancamiento y hasta retrocesos en casos como el magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, la masacre de El Mozote, entre otros. El único caso que irá próximamente a juicio es el asesinato de cuatro periodistas holandeses cometido por el ejército gubermanental en 1982, gracias a la presión de organizaciones de derechos humanos y de la Embajada de los Países Bajos.
Esta inoperancia y desidia contrasta con la rapidez y eficiencia del proceso contra los ambientalistas de Cabañas. En este caso el sistema judicial hasta se dio el lujo de repetir el juicio, anulando un fallo absolutorio y ordenando realizar una nueva vista pública.
Los autores materiales de esta perla jurídica son los tristemente célebres magistrados de la Cámara Penal de Cojutepeque, Santiago Alvarado Ponce y José María Zepeda Grande, quienes designaron dicha tarea al Juzgado de Sentencia de San Vicente presidido por el presunto ex guardia nacional Hugo Bánzer Flores Alas.
La pantomima, la burla y el chiste judicial se cuentan solos.
*Periodista y activista social.
