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Un gobierno autoritario que provoca crisis y las aprovecha en contra de la nación salvadoreña

Rafael Paz Narváez

Profesor e investigador, Universidad de El Salvador

Los titulares de noticias de El Salvador publicadas en Diario Co Latino, del miércoles 5 al jueves 20 de junio de 2024, presentan un peculiar panorama de tensiones políticas, sociales y económicas.

Un análisis crítico de los temas clave que se han convertido en noticia, demuestra la creciente fortaleza de la resistencia social y popular contra la gestión económica y política del clan empresarial autoritario que actualmente gobierna contra la nación. El gobierno autoritario se distingue por implementar una política pública que simultáneamente genera crisis y obtiene provecho de ellas.

En el transcurso de la contradicción básica entre autoritarismo represivo y lucha de resistencia popular, la élite empresarial, que se mantiene ilegalmente en el gobierno, toma ventaja sobre tres crisis específicas: la crisis en la convivencia democrática, la crisis económico-social y la crisis ambiental, afectando especialmente a los sectores populares, dadas que las condiciones de vulnerabilidad que se agravan en el país.

Autoritarismo y represión

El régimen Bukele, tipificado como inconstitucional por destacados juristas, se caracteriza por la represión y el control gubernamental autoritario. Las denuncias de capturas provocadas contra veteranos, excombatientes y dirigentes sociales demuestran el uso del aparato de estado para sofocar la disidencia e imponerse en el poder ejecutivo. Este desempeño es típico de un estado autoritario que intenta anular cualquier oposición recurriendo a criminalizar la protesta y la movilización social.

Resistencia y lucha popular

A pesar de la represión, hay una notable resistencia de diversas organizaciones sociales y comunitarias. Las demandas de justicia ambiental, como la Caminata Ecológica, reflejan una creciente conciencia sobre la devastación ambiental causada por el sector político-empresarial depredador.

Las denuncias de desalojo de comerciantes en la Costa del Sol, la demanda de las comunidades eclesiales de base por la libertad de 11 niños y jóvenes capturados arbitrariamente, y los reclamos de los movimientos LGBT+ muestran un tejido social que se fortalece en la lucha contra la opresión y por la justicia social.

Captura del aparato de estado por una élite privada y crisis en la convivencia democrática

El señalamiento de captura del aparato de estado por parte de un clan de élite empresarial, que controla el gobierno, evidencia que la centralización del poder debilita la convivencia democrática. La elección de magistrados afines al gobierno, inhibiendo cualquier posibilidad de que se postulen abogados con criterio propio, así como la falta de transparencia en la Asamblea Legislativa sobre la nueva Ley de Educación Superior, son indicadores de un proceso de institucionalización que revela el intento de perpetuar el control autoritario, suprimiendo toda pluralidad política.

Crisis económica y social

La caída en las exportaciones de energía y el creciente endeudamiento público con los fondos de pensiones revelan las contradicciones del modelo económico y político empresarial de enriquecimiento acelerado mediante el despojo de las finanzas del estado y desde el estado.

Después de haber creado una nueva empresa distribuidora de energía, dada a conocer en enero como Cuscatlán, la Fiscalía General de la República (FGR) abre investigación contra las empresas distribuidoras de electricidad en El Salvador, siendo allanadas por agentes fiscales, acusadas por el delito de «estafa agravada» y por realizar «cobros excesivos» a miles de usuarios, según anuncio del presidente de facto.

La negligencia del gobierno para gestionar adecuadamente la economía ha llevado al deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares trabajadores. Los despidos de sindicalistas y de empleados públicos, en flagrante violación de la legislación laboral son denunciadas y criticadas por la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, elevando al plano público la erosión de derechos fundamentales y la ampliación de las brechas de desigualdad.

Crisis ambiental y vulnerabilidad

La crisis climática que se presenta como lluvias intensas, en colisión con el abandono de obras públicas en áreas vulnerables evidencian la negligencia del estado y la degradación desmedida de bienes naturales, sin considerar las consecuencias para las comunidades populares. Este fenómeno, ligado a la lógica de acumulación del capital, ha elevado el riesgo para la vida de miles de personas salvadoreñas (de hecho al momento se cuentan 19 personas fallecidas) y destaca la urgencia de retomar e implementar políticas públicas orientadas a la sostenibilidad y la equidad social.

Los titulares de las noticias en El Salvador revelan una situación crítica caracterizada por la contradicción entre la resistencia y la rebeldía popular frente a una gestión gubernamental a favor de un capitalismo depredador y autoritario. La paradoja es que las élites gobernantes generan crisis como escenarios para privilegiar sus intereses, sin embargo, simultáneamente generan los escenarios que obligan a una transformación plena en la organización popular, convirtiendo en urgencia practicar la democracia participativa, la economía popular y la gestión ambiental.

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