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La Presidencia de la República ha presentado al seno de la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley para el cobro de las deudas tributarias y multas a favor del Estado, un esfuerzo desde el legislativo para el combate de la evasión y elusión fiscal, que se convertirían en delitos de corrupción.
Un estudio de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) señala la evasión fiscal, anual, ronda los 1,500 millones de dólares.
Otras instancias creen que podría alcanzar hasta los dos mil millones de dólares.
Y cuando el Gobierno u otras instancias o personalidades denuncian ese fenómeno, sobre todo en forma de crítica hacia el sector privado, que por cierto hoy abandera la lucha contra “la corrupción”, inmediatamente acusan al Gobierno de no “cobrar” o de que no persiguen a esos empresarios corruptos.
Lo cierto es que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda si cobra, igual que la Fiscalía General de la República, pero, los evasores siempre tienen “argucias legales”, porque así lo estructuraron en los 20 años de gobiernos de ARENA, para evadir.
En el esquema evasor, juega un importante papel la Sala de lo Contencioso Administrativo, que históricamente o ha perdonado a los empresarios deudores del fisco o deja que los casos pasen años para que las demandas prescriban.
Hace un año, aproximadamente, el Ministerio de Hacienda, en un hecho sin precedentes tomó la decisión de publicar un cuadernillo con los nombres de los deudores del fisco.
En total, la deuda al Estado sumaba unos $300 millones de dólares, equivalente al 75% que el Gobierno utiliza anualmente para el pago de pensiones.
La reacción del sector empresarial, representado en la ANEP, contra el Ministerio de Hacienda fue voraz, incluso, amenazaron con demandar hasta los medios que publicarán el listado de morosos o evasores.
Con la propuesta del Gobierno, lo que se busca con el proyecto de ley para el cobro de las deudas tributarias y multas a favor del Estado, es convertir en delito penal la evasión fiscal, porque a todas luces también es corrupción.
La Asamblea Legislativa está obligada a otorgarle a Hacienda, todos los mecanismos e instrumentos para hacer efectiva, de forma muy expedita, las cobranzas de las obligaciones con el Fisco, sobre todo en estos momentos, cuando las arcas del Estado están en situaciones difíciles, en parte, por los 900 millones de dólares que la Sala de lo Constitucional le negó al Ejecutivo, al declarar inconstitucional el decreto que dio vida los 900 millones de bonos.
El combate a los evasores y el cobro efectivo del dinero destinado a las arcas del Estado debe ser un compromiso de todos, por eso la Asamblea debe darle las herramientas a la hacienda pública para que cumpla unos de sus roles constitucionales.
