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Álvaro Darío Lara
Escritor y docente
Vivimos un mundo que debe de interesarse cada día más por abrazar de forma fraterna a todos y todas por igual, sin reparos en su sexualidad. La orientación sexual, es un derecho inalienable de toda persona, y jamás debe de convertirse en un parámetro para evaluar ni el desempeño profesional o laboral, y menos aún, la calidad moral de la persona en cuanto tal.
Que el Estado salvadoreño, se haya pronunciado por la protección de la Diversidad Sexual, a través del Decreto Ejecutivo Nº 56 relativo a las “Disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la administración pública por razones de identidad de género y/o de orientación sexual”, es un sustantivo avance. No hay duda, que el articulado de dicho decreto, manifiesta con claridad el pleno respeto que debe prevalecer dentro del aparato del Estado, hacia empleados o usuarios en relación a su identidad de género. Esto constituye un logro plausible que abre muchas puertas en el camino por la dignificación de la comunidad LGBTI; sin embargo, hace falta mucho por recorrer dentro de los ámbitos familiares, educativos, culturales, religiosos, laborales, políticos y de salud. La exclusión sigue dominando en estos escenarios, castigando física y psicológicamente a seres humanos inocentes, incluso llegando hasta formas de extrema crueldad como la tortura y el asesinato.
Y de esta malsana cultura del prejuicio y de la violencia, hacen eco, algunos medios conservadores del país, principalmente los impresos, cuyos articulistas realizan una feroz condena a todo aquello que se distancia de las convencionalidades sexuales, inspiradas en la moral tradicionalista, y en las rígidas instituciones religiosas, que pregonan y ejecutan la exclusión.
Por ello, y siendo congruentes con las ofertas electorales de la actual presidencia, de lo que se trata es de fortalecer todas las áreas institucionales dedicadas a este esfuerzo, y no de desarticularlas. Esperamos que todos los avances del pasado se retomen, y se reformulen en el actual proceso de reestructuración estatal.
Por otra parte, los prejuicios y los crímenes de odio, han demostrado a lo largo de la historia, no tener signo político específico. Miles de personas han sido encarceladas, vejadas, insultadas, exiliadas o sometidas a tratamientos psiquiátricos forzosos, en virtud de su sexualidad. Y en esto no han demostrado ninguna diferencia ni las ideologías ni los sistemas políticos de distinta dirección.
Felicitamos los esfuerzos que desde el Estado se han producido en estos últimos tiempos, ojalá que más allá de su carácter jurídico, estos avances se transformen en verdaderas políticas públicas, donde derechos fundamentales, como las uniones legales, sean asumidas con justicia y responsabilidad. Nuestras felicitaciones también a una comunidad LGTBI cada vez más informada, activa, responsable y madura.
En definitiva, el reconocimiento y respeto hacia la diversidad sexual, no debe sustentarse en la obligatoriedad por el cumplimiento de una ley; sino, ante todo, porque estamos frente a una situación de humanidad y de justicia ¡La aceptación de un mundo diverso gana terreno cada día!
