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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Una vez que el sistema judicial queda supeditado al poder del Estado o de los fuertes, es muy fácil manipular la justicia para culpar y dañar. Un sistema judicial capturado lleva a la corrupción, al abuso de los derechos y a la negación de la libertad, así lo señaló el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), sacerdote jesuita José María Tojeira, durante la presentación del informe “La captura del Órgano Judicial en El Salvador”.
Tojeira dijo que en El Salvador se está viviendo una captura del sistema judicial, con un Estado autoritario el cual convierte a los funcionarios y jueces en empleados, buscando cualquier error del pasado para manipular en el presente. Un sistema judicial libre es indispensable para que la libertad de todos tenga la capacidad de conjugarse en el desarrollo, igualdad dignidad de la persona y respeto a todos.
“Un juez que no es libre, es incapaz ante una acusación poco basada en datos reales de dar libertad absoluta y sobreseer rápidamente el caso, mantiene a la persona en prisión porque tiene miedo, cuando hay presión de algún tipo de poder los jueces son mucho más lentos. La libertad de los fuertes debe tener limitaciones, tiene que haber una institución para poner límites al poder y abusos”, recalcó el director del Idhuca.
Ana Gabriela Santos, investigadora y responsable del informe, señaló que el gane de Nuevas Ideas en el Órgano Legislativo contribuyó a la captura de la Sala de lo Constitucional al imponer a los cinco magistrados y los otros cinco que debía elegir de forma ordinaria; ahora se tiene a diez magistrados quienes de alguna manera están respondiendo al Órgano Ejecutivo, específicamente al mandato del presidente de la República.
“Las reformas a la carrera judicial han sido sumamente graves y discriminatorias que se basa en un criterio etario para destituir a magistrados, por tanto, eso también riñe con parámetros y estándares de protección internacionales de derechos humanos. Es preocupante la manipulación del discurso usado, diciendo que esta reforma es para combatir la corrupción, cuando no tiene ningún fundamento que se destituyan magistrados con más de 60 años de edad o 30 años de servicio”, indicó.
Según Santos, además de los diez magistrados de la Sala de lo Constitucional que van a responder a los lineamientos desde Casa Presidencial, también está la tercera parte de nuevos jueces quienes reemplazarán a los destituidos, y por ende seguirán el mismo lineamiento dictaminado por el presidente de la República. Desde el punto de vista jurídico no se ha cumplido ninguno de los requisitos dentro del debido proceso para la destitución, sino al contrario, existen amenazas y persecución por parte del Estado.
Foto Diario Co Latino/Archivo.
Este conjunto de eventos configura la intervención del oficialismo al Órgano judicial a través de métodos o acciones autoritarias y anti-democráticas, esta captura tendrá un severo impacto en la tutela de los derechos a causa de la ausencia de instancias de control que puedan generar un contrapeso, debido a que ha quedado comprometida la independencia judicial.
Para el Idhuca, los diputados de la Asamblea Legislativa se han convertido en cómplices de esa tarea destructiva, la cual no tiene más alternativa de reconstrucción social que el discurso y las decisiones arbitrarias del líder político, quien busca controlar el Órgano Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas, el Consejo Nacional de la Judicatura.
Es decir, todas estas instituciones que tienen una función de control o podrían utilizarse para aminorar algún tipo de oposición o “amenaza”, a sus deseos evidentes de concentración del poder. En el país existe una captura de un Estado liderado por una persona con fuertes rasgos autoritarios y que se mofa de ello.
En su cuenta de Twitter, el presidente se describe a sí mismo como “el dictador más cool del mundo mundial”, descripción que sustituyó posteriormente por “emperador de El Salvador”. Con funcionarios serviles y con todas las instituciones a su disposición, restituir el Estado de Derecho no es una tarea fácil.
El Idhuca exhortó a las organizaciones de la sociedad civil a continuar con la lucha reivindicativa de los derechos humanos, así como denunciar los actos arbitrarios que comete el gobierno. El malestar de la población comenzó a ser evidente en las manifestaciones del 15 de septiembre, donde el bicentenario de independencia marcó la tónica de hacia dónde hay que avanzar.
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