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Puerto Valdivia/AFP
La obra que debía ser el orgullo de una nación comienza a hacer agua. Una supuesta falla geológica tiene en alerta a más de 130.000 personas y al mayor proyecto hidroeléctrico de Colombia, que prevé cubrir casi una quinta parte de la demanda energética del país.
Aunque es pronto para sacar conclusiones, expertos no descartan que errores de ingeniería y planeación e incluso una política de menores costos en el diseño tengan en vilo una obra iniciada en 2010 con una inversión que supera los 3.000 millones de dólares y que involucra 12 municipios del noroeste colombiano.
La emergencia se desató hace dos semanas cuando un derrumbe bloqueó el túnel de desviación del río Cauca, el segundo del país y que alimenta a la hidroeléctrica Hidroituango, lo que provocó que el embalse se empezara a llenar sin estar terminado a la altura del vertedero, por donde debe seguir el cauce.
Empresas Públicas de Medellín (EPM), el mayor socio del proyecto, aceleró las labores para que la estructura llegara al nivel del vertedero y habilitó el cuarto de máquinas como conducto de desagüe.
Pero antes de lograr este objetivo, el sábado la fuerza del agua destapó el túnel de desviación, lo que provocó una violenta creciente del afluente.
Hasta este jueves unas 5.000 personas habían sido evacuadas de localidades como Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia (noroeste) y a 40 kilómetros de la presa.
El fin de semana se desprendieron 200.000 metros cúbicos de tierra sobre el destapado túnel de desviación, dijo Jorge Londoño, gerente de EPM.
El cuarto de máquinas volvió a quedar como la única salida del agua y el miércoles, al parecer por un derrumbe interno, tuvo un taponamiento temporal y explosiones esporádicas de agua.
«De llegar a colapsar (el cuarto de máquinas), amenazaría seriamente con generar un aumento significativo e incontrolado del cauce del río Cauca», sostuvieron el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
En una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, ambos mandatarios le pidieron ayuda ante una situación que calificaron de «crítica» y que pone en «riesgo» especialmente a los municipios de Puerto Valdivia, Tarazá, Nechí, Cáceres, Caucasia y la región de La Mojana, que suman unos 130.000 pobladores.
«Peor escenario»
Expertos coinciden en que si el agua sobrepasa la presa, de 220 metros de altura, esta se puede erosionar y venir abajo arrastrando el río y cientos de toneladas de material.
«Estamos en máxima alerta», aseguró Londoño, y deslizó «el peor de los escenarios»: el derrumbamiento de la obra, que podría afectar a cuatro departamentos.
Los esfuerzos de EPM apuntan a subir la altura de la represa para desviar el agua por el vertedero, agregó el gerente. Las lluvias en la zona complican todavía más los trabajos.
El experto en geología e ingeniería José Hilario López escribió el periódico El Mundo de Medellín que «muy probablemente» la causa de este «accidente» sea por asignar menores costos en los diseños y ejecución de la obra.
Sin embargo, la EPM asegura que la emergencia es el resultado de una «condición geológica imprevisible».
La compañía ha defendido la planeación y ejecución del proyecto, que según los expertos inició en 2015 una «etapa de aceleración» para cumplir con la fecha de entrega del llenado del embalse, en junio, dos meses antes de que Santos deje el poder que asumió en 2010.
Las obras están a cargo del consorcio CCC Ituango, que integra la firma brasileña Camargo Correa (55%) y las colombianas Conconcreto (35%) y Coninsa-Ramón H (10%).
Al grupo se le adjudicó en una licitación internacional en 2012 la construcción de la presa, el vertedero, los túneles de conducción, las estructuras de captación, los túneles de descarga y la casa de máquinas.
Camargo Correa está implicada en la operación anticorrupción «Lava Jato» que destapó una red de sobornos enquistada en el aparato estatal de Brasil y con ramificaciones en decenas de países.
Nos «ignoraron»
Eudes Areison y los suyos hacen parte del centenar de familias evacuadas el sábado en Puerto Valdivia. Huyeron montaña arriba cuando el río mojó las paredes rosas de su modesto hogar.
«Estábamos aquí tranquilos en la casa porque ya habíamos hablado con los bomberos y ellos decían que esto no era mayor cosa (…) De un momento a otro, estaba la casa inundada», dijo a la AFP este trigueño de 30 años.
Ahora, junto a otros, ha salido a las vías principales en busca de ayuda y responsabilizando a EPM de los daños.
«Aquí ignoraron lo que decían los campesinos y la gente del campo, que son los que conocemos el territorio (…) Por el afán por generar energía rápidamente, mire lo que pasó», indicó Genaro Graciano, del movimiento Ríos Vivos Antioquia, contrario a la hidroeléctrica.
Esta organización social y ambiental ha denunciado el asesinato de cuatro ambientalistas opuestos a Hidroituango desde el inicio de los trabajos.
Además del rechazo de pobladores, un grupo de 25 eurodiputados pidió recientemente frenar la construcción de la central hidroeléctrica para recuperar cuerpos de víctimas del conflicto armado antes del llenado del embalse.
El gerente de EPM aseguró que todos los casos de cuerpos fueron resueltos. Londoño también indicó que la compañía realiza un censo de damnificados. Además, garantizó subsidios y viviendas para los afectados.
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