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Por Colectivo Tetzáhuitl*
¿A dónde nos está llevando el segundo mandato de Nayib Bukele?
Cuando era candidato presidencial en el 2019, Bukele vendió la idea de que desmontaría el Neoliberalismo, acabaría con los privilegios de los grupos oligárquicos empresariales (los llamados por él como los “dueños de la finca”) y haría de El Salvador el país más próspero de la región, libre de pobreza y de las grandes desigualdades económicas y sociales que lo han caracterizado.
Pasaron cinco años de su primer mandato y nada de eso ocurrió.
Sucedió todo lo contrario.
El Neoliberalismo no fue desmontado, por el contrario, se ha fortalecido.
Han crecido los privilegios de los grupos empresariales oligárquicos y con este crecimiento ha aumentado su riqueza patrimonial.
Para finales del 2023, el 10 % más rico del país concentraba más del 60% del PIB.
Un solo grupo empresarial posee un patrimonio de casi 7 mil millones de dólares en un país donde el PIB apenas es de $34 mil millones (2023).
La ganancia empresarial pasó de representar el 38% del PIB en el 2019 al 40% del PIB en el 2023.
En contraste, la masa salarial se redujo en ese mismo período de 36% a 34% en relación al PIB
No ha habido aumento de impuestos para los más ricos, tal como se ofreció en el 2019.
Casi el 90% de los ingresos tributarios provienen de impuestos regresivos como el IVA y el impuesto de la Renta.
A la fecha, después de 5 años de gobierno y de 4 años de controlar las decisiones legislativas no ha sido aprobada aún una Reforma Tributaria Progresiva, donde “el que gana más, paga más”, es decir, que las aportaciones tributarias de los que tienen los más altos ingresos sean mayores que las de los sectores de más bajos ingresos.
Como parte de esta política tributaria orientada a favorecer a la gran empresa no han sido eliminadas o reducidas las exenciones fiscales, que en el fondo más que incentivos a la inversión son verdaderos privilegios fiscales.
Por el contrario.
La Asamblea Legislativa acaba de aprobar una exención de impuestos para constructores de Torres de apartamentos o de oficinas de 35 pisos o más de altura.
Es sabido que este tipo de apartamentos u oficinas solo pueden ser adquiridos por personas de clase media alta o alta, ya que su valor oscila entre 300 mil a medio millón de dólares por unidad.
Se trata por tanto de un estímulo a grandes empresas de la construcción cuyos proyectos están dirigidos a un mercado reducido de consumidores.
La inmensa mayoría sigue sin tener acceso a una vivienda digna y de bajo costo.
El déficit habitacional ronda las 500 mil viviendas.
Estas exenciones tributarias se traducen en la práctica en un aumento de las ganancias empresariales.
En el gobierno de Bukele han sido autorizados proyectos de construcción que deterioran el medio ambiente y que son impulsados por grandes empresas constructoras vinculados a grupos oligárquicos.
El deterioro del ingreso de los sectores medios y pobres en todos estos años ha sido evidente.
Para el 2024 el salario devengado no permite adquirir los bienes y servicios que se adquirían en el 2019.
La inflación ha aumentado en los últimos 3 años, siendo la más alta desde los gobiernos de ARENA.
Con Bukele, los salarios y las pensiones han perdido poder adquisitivo.
La canasta básica alimenticia se ha encarecido en más de un 20%.
La población ha perdido capacidad de consumo y la demanda se ha visto seriamente agectada.
No cabe duda entonces que la economía está en función de los intereses de los grupos oligárquicos del país en detrimento de los sectores más pobres.
El rumbo que Bukele le ha imprimido a la economía, tanto en su primer mandato como en su segundo gobierno que recién inicia, no está en función de los más vulnerables del país.
Galopante corrupción en el gobierno de Bukele…
La Fiscalía de Raúl Melara abrió cerca de 12 expedientes de corrupción en contra de funcionarios del gobierno de Bukele, promovidos por la extinta CICIES.
Estos expedientes fueron archivados una vez Rodolfo Delgado asumió ilegalmente la titularidad de la Fiscalía el 1 de Mayo del 2021.
Además de incluir acusaciones de corrupción en contra de varios funcionarios del gabinete de Bukele, tales como el ex Ministro de Agricultura Pablo Salvador Anliker, el Ministro de Salud, Frank Alabí, el Director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, el Director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, entre otros, la más importante y reveladora investigación está relacionada con las negociaciones ilegales del gobierno con el liderazgo de las pandillas.
Según esta investigación penal, titulada “Catedral”, en la que intervino una fuerza de agentes del FBI denominada “Fuerza Vulcano”, las pandillas negociaron con Bukele la reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios, procesales y hasta económicos.
La baja de homicidios ocurrida con Bukele no se debió entonces a la efectividad del Plan Control Territorial sino a un proceso de negociaciones que vienen desde el primer día del gobierno de Bukele.
Los expedientes de investigación promovidos por la CICIES también señalan la existencia de una estructura criminal que opera desde CAPRES y que es dirigida por uno de los hermanos de Nayib, Karim Bukele y por la Jefa de Gabinete, Carolina Recinos de Bernal, todo con el consentimiento de la Presidencia de la República.
El objetivo de esta estructura es malversar recursos públicos en beneficio del clan económico Bukele y funcionarios del entorno más cercano a la familia presidencial.
Las iniciativas legales que se derivan de estas investigaciones no solo fueron bloqueadas por el Fiscal Delgado sino que han sido “desviadas” por proceso penales “amañados” y “fabricados” en contra de ex funcionarios de oposición, sobre todo de izquierda o vinculados al FMLN, bajo una estrategia demagógica denominada “Guerra contra la Corrupción”
En definitiva, si bien es cierto que la reducción sensible de homicidios le ha concedido réditos políticos al gobierno y sobre todo a la figura de Bukele, su “talón de Aquiles” está en la maltrecha economía puesta en función de los grupos empresariales oligárquicos y la escandalosa corrupción que azota al país.
Es este “talón” el que debe ser aprovechado por la oposición para provocar el desgaste de un gobierno inconstitucional e ilegal.
*El colectivo Tetzáhuitl está integrado por comunicadores, investigadores y analistas de la realidad nacional, sin vinculaciones partidarias.
Su propósito es desmontar la visión falseada sobre el país que difunde el oficialismo.
