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(Colectivo Tetzáhuitl)
Participar en las elecciones presidenciales del 2024 solo legitimará la candidatura de Bukele.
Algunos sectores de la oposición han estado promoviendo en estos días una candidatura presidencial de la sociedad civil que podría desplazar, según ellos, a Nayib Bukele de la Presidencia de la República y acabar con sus intenciones de reelegirse en Febrero del 2024.
Uno de sus principales exponentes ha sido Eugenio Chicas, militante del FMLN, ex diputado de la Asamblea Legislativa y del PARLACEN, ex Presidente del Tribunal Supremo Electoral y ex Secretario de Comunicaciones en el gobierno de Sánchez Cerén.
La propuesta al parecer no es propia, ya que es compartida por otros.
Lo que más llama la atención es que haya sido hecha por alguien que se supone es experto en temas electorales y que pertenece al partido al que le ha hecho el llamado público de que participar en la próxima contienda presidencial es hacerle el juego a Bukele.
Todo indica que de esta propuesta participan otros miembros de la sociedad civil como Miguel Fortín Magaña, ex Director de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, Ronald Umaña, ex dirigente del PDC, Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador en la ONU y ex candidato presidencial del FMLN, Federico Hernández, ex diputado de ARENA y ex dirigente empresarial y algunos intelectuales y Directivos de la UCA.
La propuesta en cuestión es irreal, ingenua y contradictoria.
En el 2024 la competencia electoral presidencial será desigual y está contaminada de ilegalidades.
Comenzando con el hecho de que la candidatura de Nayib Bukele, una vez se haga efectiva y sea admitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), es inconstitucional y su interés de competir constituye un fraude de Ley.
La Constitución es clara cuando establece que un Presidente de la República solo puede ejercer su cargo por cinco años y no puede continuar en el poder ni un día más.
La violación a esa prohibición obliga al pueblo a insurreccionarse.
En este caso la insurrección más que un derecho del pueblo es una obligación a efecto de cumplir con el mandato constitucional.
Si el pueblo no hace nada o se mantiene pasivo en el fondo está incumpliendo la Constitución
Acá no caben medias tintas.
Si un Presidente, como sería el caso de Bukele, se queda un día más en el cargo el pueblo tiene la obligación de insurreccionarse.
Los Diputados Constituyentes de 1983 dejaron establecido que un Presidente en funciones no puede buscar la reelección inmediata y continúa.
Debe esperar al menos un período presidencial para hacerlo.
Bukele a través de una ilegal resolución de la Sala de lo Constitucional, bajo su control, pretende inscribirse como candidato para continuar en el poder por 5 años más.
A pesar de que existe la prohibición constitucional, tanto Bukele como sus seguidores van a buscar la renovación de su mandato porque necesitan no solo asegurar el poder del Ejecutivo sino controlar los demás órganos del Estado para garantizar que nadie lo va a juzgar penalmente por los delitos cometidos durante su Presidencia.
Por eso hablamos de un fraude de Ley en la medida que Bukele intenta evitar su juzgamiento una vez pierda el fuero constitucional.
Fuera de la Presidencia a Bukele le sería más difícil seguir controlando la Asamblea Legislativa, la Fiscalía y el poder judicial.
Bukele nunca pensó en ese escenario cuando en el pasado, siendo alcalde capitalino, tenía otra opinión sobre la reelección presidencial.
Existen registros de entrevistas en las que Bukele expresaba su rechazo a la reelección continua e inmediata bajo el argumento de que los constituyentes dejaron claramente expresada esta prohibición constitucional para evitar que un Presidente usara su poder como gobernante para perpetuarse en el cargo.
En ese momento nunca pensó que una vez siendo Presidente del país cometería abusos de poder, excesos y violaciones a los Derechos Humanos así como otros delitos (pago de sobornos, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, negociaciones ilícitas, etc.) que no le dejarían más opción que mantenerse en la Presidencia por el tiempo que fuera necesario para no ser juzgado penalmente.
En tal sentido, la oposición, tanto política como social, debería manifestarse en forma más activa contra esa decisión de Bukele y no solo criticarla a través de los medios de comunicación.
Acá es donde la sociedad civil debe jugar un rol diferente al que propone Eugenio Chicas.
El rol de la sociedad civil no es proponer y apoyar una candidatura ciudadana para el 2024.
No en las actuales condiciones.
En estas circunstancias y dado que el escenario previsible es que Bukele gane las elecciones presidenciales valiéndose del fraude y del control que tiene sobre el Tribunal Supremo Electoral, la propuesta de un candidatura independiente es hasta ridícula.
Así como están las cosas en el país ninguna candidatura, por mucho que provenga de las filas de la sociedad civil, podrá derrotar a Bukele.
Él tiene el control de la opinión pública, de las reglas de la competencia electoral, del padrón y del Tribunal Supremo Electoral, que ha dejado de ser un árbitro independiente.
Utiliza el terror y la violencia del Estado a su antojo.
Las denuncias y recomendaciones de las organizaciones de Derechos Humanos en el mundo entero le tienen sin cuidado.
Denuncias a las que ya ni siquiera responde en las redes sociales como lo hacía al principio.
Apoyar entonces una candidatura de la sociedad civil que inscriban partidos de derecha como “Vamos”, “Nuestro Tiempo” o “Fraternidad Patriótica” y que de entrada está condenada a fracasar, solo servirá para hacerle el juego a Bukele.
No entendemos por qué para Eugenio Chicas una candidatura presidencial del FMLN le hace el juego al régimen y en cambio una propuesta de la sociedad civil que deberá ser vehiculada por otros partidos políticos para poder inscribirse no se lo hace.
Movilización ciudadana contra Bukele
En 1944, luego del fracaso de la intentona golpista contra Hernández Martínez, quien como Bukele buscaba su reelección por segunda vez, fue la movilización ciudadana la que terminó sacando del poder al Dictador.
Una “huelga de brazos caídos” en la que participaron ferrocarrileros, obreros, empleados públicos y de comercio así como estudiantes de secundaria y universitarios, logró lo que un grupo de militares con aspiraciones de poder no habían conseguido: La renuncia de Hernández Martínez y su huída a Guatemala, primero, y a Honduras después.
Seríamos ignorantes de la Historia si no establecemos las diferencias de lo que ocurría en el país en esa época con lo que ocurre en estos momentos.
Primero, después de 13 años al frente del gobierno, Hernández Martínez había comenzado a tener contradicciones con la oligarquía al grado que banqueros, comerciantes y cafetaleros acabaron financiando la huelga.
El asesinato a manos de la policía de un estudiante, hijo de estadounidenses, provocó que la Embajada de ese país le quitara apoyo al General.
El 9 de Mayo de 1944, Hernández Martínez anunció su renuncia y se refugió en Guatemala.
Acabó asesinado en Honduras en 1966 por su motorista, Cipriano Morales.
La situación con Bukele es diferente.
A medida que aumenta su poder, su alianza con la Oligarquía se fortalece.
Bukele sigue siendo la mejor opción presidencial para los sectores oligárquicos, quiénes no han dejado de apoyarlo y de financiar a Nuevas Ideas.
Aunque bajo la administración demócrata, Bukele ha tenido un estira y encoje con EEUU por algunas medidas adoptadas, ningún funcionario de Biden ha dado muestras de buscar un alejamiento de su gobierno.
Más allá de la controversia con la Congresista de California Norma Torres, ningún otro influyente funcionario estadounidense le ha quitado el respaldo a Bukele, como sí lo han hecho con Ortega en Nicaragua y con Maduro en Venezuela.
Estados Unidos jamás va a apoyar un golpe de Estado en El Salvador por mucho que existan justificaciones constitucionales para llevarlo a cabo.
Es el pueblo organizado el único que puede invocar el derecho a la insurrección y organizar un resistencia civil que si bien no sacaría a Bukele del poder podría reducir considerablemente su capital político y desenmascararlo.
Acá se imponen una serie de acciones que las organizaciones populares deberían promover en lugar de caer en la trampa de proponer una candidatura ciudadana para el 2024.
Deben desenmascarar a Bukele que continúa vendiéndose como un Presidente progresista de izquierda.
En artículos anteriores hemos demostrado que Bukele es un gobernante de derecha, pro oligárquico y neoliberal. Y que lo que menos le importa es el futuro del pueblo y sus condiciones de vida.
Bajo Bukele la pobreza ha aumentado y la riqueza se ha concentrado más que en los gobiernos de ARENA.
Los ingresos en este año no le alcanzan a la población para adquirir los productos y servicios que necesita para vivir.
Se acaba de celebrar una reunión de Presidentes de América Latina para acordar medidas que reduzcan la inflación y Bukele no solo fue uno de los grandes ausentes sino que ni siquiera envió a un representante de su gobierno.
No existe un plan de rescate de la economía nacional y de recuperación de los empleos perdidos por el COVID.
La continuidad del gobierno de Bukele por cinco años más no va a mejorar las perspectivas económicas del país ni las condiciones de vida de la población.
Con Bukele los privilegios de los Oligarcas se han mantenido y la población se encuentra en una situación precaria.
Una reciente Encuesta de Hogares del BCR revela que del 2019 al 2022 la pobreza ha crecido varios puntos porcentuales.
La inversión extranjera prometida no ha llegado al país como anunció, ni con la circulación del BITCOIN ni con la reducción de la delincuencia.
El gran problema es que la población sigue sin entenderlo y mantiene el endoso de confianza hacia su gobierno como cuando fue elegido Presidente.
Una hábil y millonaria campaña de publicidad hace que sus niveles de aceptación se mantengan altos.
Hemos llegado a un punto en el que a la población no le interesa que Bukele y su entorno familiar estén robando de las arcas del Estado.
Prometió que él mismo metería preso al funcionario que descubriera robando y no ha hecho nada ante las evidencias de corrupción que fueron investigadas y demostradas por la Fiscalía anterior de Raúl Melara y por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En este punto, la dirigencia actual del FMLN, conducida por José Luis Merino, ha sido cómplice en la medida que la Fiscalía de Rodolfo Delgado cerró el expediente por lavado de dinero y por administración fraudulenta del conglomerado de empresas del Grupo Alba que salpica a Bukele y a varios de sus funcionarios como Federico Anliker, actual Presidente de CEPA, Juan Pablo Anliker, ex Ministro de Agricultura, Carolina Recinos de Bernal, Jefa de Gabinete, entre otros, quienes así como Bukele recibieron préstamos del Grupo Alba.
Merino planificó y financió el ascenso político de Nayib Bukele para beneficio propio y aseguró que las empresas Alba hicieran negocios con su clan familiar y con empresarios cercanos a su entorno.
Para ocultar estos negocios fraudulentos que han incrementado el capital familiar, Bukele necesita continuar en la Presidencia y seguir controlando los demás órganos del Estado
La lucha electoral, desde esta perspectiva, debe centrarse en la Asamblea Legislativa.
Solo un cambio en la correlación de fuerzas en este órgano del Estado puede limitar el poder autoritario y los excesos de Bukele.
Ahí es donde el movimiento social debe concentrarse.
La ciudadanía organizada debe promover y apoyar candidaturas para las Diputaciones y los Consejos Municipales que puedan hacerle contrapeso a Bukele.
La propuesta de configurar un Frente Amplio de lucha y Resistencia es acertada y es la única que permitirá el empoderamiento de las organizaciones populares y de la sociedad civil.
Urge la creación de un nuevo liderazgo político comprometido con los intereses de la población y que frene las ambiciones de Bukele y de la Oligarquía dominante, aliada al Imperialismo.
Ese liderazgo no puede salir de los partidos existentes y tampoco lo hará participando en una elección presidencial inconstitucional y amañada, en la que los resultados ya han sido definidos con antelación.
La posición de Eugenio Chicas no deja de ser electorera.
Cuando dice que ahora es el turno de la ciudadanía pasa por alto que el turno de la ciudadanía no se mide en términos de movilización electoral sino de movilización política y territorial.
El turno de la sociedad civil no se concreta en participar en una contienda electoral con candidato propio e inscrito por partidos de centro derecha.
La sociedad civil organizada debe empoderarse y construir un amplio movimiento ciudadano de resistencia y rebeldía contra el Dictador.
Un Frente Amplio de lucha como lo ha propuesto el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular es el camino a seguir.
