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Iván Escobar
Radio Maya Visión
Diario Co Latino
El Secretario General del FMLN, and diputado Medardo González, consideró que la creación de una Comisión Internacional contra la impunidad en El Salvador, “sería inconstitucional”. En estos momentos la prioridad es trabajar en fortalecer el sistema judicial e investigativo del país para combatir la corrupción y los delitos ligados al crimen organizado, opinó.
La reacción del diputado González se da ante los llamados que sectores de derecha impulsan en diversos medios de comunicación afines, en los cuales se deja entrever la necesidad de que en el país, se cree una instancia de este tipo, tal y como la que opera en el vecino país de Guatemala y la que se busca integrar en Honduras.
El diputado González, durante la entrevista “De Frente”, de Radio Maya Visión, aseguró que no son comparables las situaciones que viven El Salvador y Guatemala. Asimismo, la Constitución de la República de El Salvador define de oficio quien lleva la responsabilidad de investigar los delitos en el país, es decir, la Fiscalía General de la República.
“Para mí diplomáticamente, políticamente ha sido un manejo correcto el del señor (Thomas) Shannon, el destacar que este tipo de asuntos son los países los que deben definir”, comentó, respecto a la visita que recientemente hizo el funcionario estadunidense.
Y añadió que “fue enfático en reconocer los esfuerzos que el Ejecutivo está realizando en cuanto al combate al crimen”.
El legislador indicó que “es evidente que desde que en Guatemala comenzó a manifestarse esta situación inestable, ciertos sectores aquí en el país precisamente con un interés eminentemente político, antigubernamental quieren hacer un paralelo entre Guatemala y El Salvador, y lo que pretenden… es que se genere la idea de la necesidad de una CICIG”, consideró.
“Lo que busca es crear un paralelismo total entre las situaciones entre El Salvador y Guatemala. Ignorando para el caso hondureño… que hace 6 años hubo un Golpe de Estado de lo más clásico, de lo más duro, de lo más burdo que hubo en nuestro continente. Y tratan de ignorar que en Guatemala los Acuerdos de Paz no fueron tan profundos, de tal manera que llegaran a constituirse en una reforma del sistema político guatemalteco o una reforma del sistema judicial guatemalteco”, comparó.
“Es claro que la situación que vive Guatemala es completamente distinta a la que vive nuestro país… los Acuerdos de El Salvador hicieron bastante énfasis en la necesidad de modificar la institucionalidad nacional, en particular la relacionada con el sistema de administración de justicia, y de lo que se trataba era de fortalecer ese sistema para que fuera capaz de combatir la impunidad”, recordó.
Además, en El Salvador mencionó que los Acuerdos de Paz permitieron modificar el sistema de elección en la Corte Suprema de Justicia garantizando la autonomía e independencia; se reestructuró el Consejo Nacional de la Judicatura para elevar la calidad de sus integrantes, se crearon entidades de control del poder como: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; “se estableció un cuerpo policial eficaz y eficiente, sujeto al control civil, con suficiente capacidad para la investigación científica del delito”, explicó.
Asimismo, “desde los Acuerdos de Paz se han tomado importantes modificaciones que intentan modernizar el sistema penal. Se ha adoptado nuevos cuerpos legales en materia penal y procesal penal. Se han creado jurisdicciones especializadas. Se han instaurado instituciones novedosas en el combate al delito, como el proceso de extinción de dominio. Se han adoptado medidas sobre transparencia de Estado, como la Ley de Transparencia. En los últimos años como nunca antes en nuestra historia, el sistema judicial se ha activado para combatir el crimen organizado y la corrupción”, enfatizó.
En ese sentido, recordó que se han investigado sonados casos como: CEL-Enel, el enjuiciamiento del ex Presidente Francisco Flores, el caso Perla, el caso Majano-Seguro Social, el caso de la venta de terrenos ilegales del ISTA o las 160 demandas presentadas ante la Fiscalía, “eran casos que eran impensables hace una década, hace dos décadas. De tal manera que instalar una CICIES, en el caso salvadoreño… implicaría aceptar que todos los esfuerzos… han sido en vano”, valoró.
El diputado González reconoce que hay problemas aun, “pero estos problemas deben de solucionarse, nosotros estamos solucionándolos, pero tampoco podemos creer y confiar en que está instancia internacional va a darle solución al problema”, señaló.
“La creación de una CICIES aun mediante un tratado internacional sería inconstitucional. Nuestra Constitución le otorga a la Fiscalía y a nadie más las facultades de promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad, dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil y promover la acción penal de oficio o a petición de parte, artículo 194 de la Constitución”, precisó.
En tanto, dijo que “además de violaciones legales, también políticamente El Salvador no necesita ninguna ayuda internacional en este sentido”, en lo que se necesita apoyo es en el tema de la seguridad pública, “que es distinto”, concluyó.
