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Julia Evelyn Martínez
La realidad siempre supera a la ficción. Los transportistas de carga de Centro América declararon a inicios de esta semana un bloqueo en las principales aduanas terrestres de El Salvador en protesta por lo que consideran un “cobro abusivo” de $18 por la revisión de mercancías que ingresan, order transitan o salen del país. Esta medida de presión ha contado con el apoyo de la ANEP y de sus agremiados (ASI, COEXPORT, CAMTEX, Cámara de Comercio, etc.) cuyos voceros se han apresurado a advertir que este cobro le resta competitividad al país y que debe ser asumido por el Estado, y no así por las empresas exportadoras o importadoras.
Lo curioso de esta caso es el hecho que parece que lo que más indigna a los empresarios salvadoreños es que este pago de $18 corresponde nada más ni nada menos, que a la tarifa establecida por el consorcio suizo alemán COTECNA-SMITH, que tiene la concesión del servicio público de revisión de mercaderías en las aduanas terrestres.
El Director de Asuntos Económicos de la ANEP manifestó su molestia ante este cobro ya que “ese dinero va para la empresa que está prestando el servicio, y eso nos parece un encarecimiento del sistema” (EDH, 12.01.2014)
Todo parece indicar que a estas gremiales empresariales se les olvida que cuando un servicio o un bien público pasa a ser concesionado por una empresa privada capitalista (como en este caso), el precio o la tarifa de ese bien o de ese servicio público debe garantizarle a los inversionistas no solamente la recuperación de la inversión realizada, sino que además debe asegurarles que puedan obtener una tasa de ganancia de mercado. En este caso, la tarifa de $18 por revisiones de mercadería establecida por el consocio COTECNA – SMITH, es la tarifa que les permite amortizar la inversión de más $35 millones que realizaron en la instalación del equipo de scanner en las aduanas y obtener la ganancia que le corresponde a esta empresa por la inversión realizada. Esto no sucedería sí el servicio fuera prestado directamente por el Estado, ya que en este caso, el servicio no tiene como objetivo la obtención de ganancias.
Las gremiales empresariales y el partido ARENA se encuentran gestionando la suspensión de este cobro, sin embargo, también olvidan que si la empresa COTECNA – SMITH no recibe esta compensación por la vía del pago directo de los usuarios de aduanas, el Estado deberá asumir los costos financieros o bien tendrá que indemnizarla por los daños ocasionados, ya que caso contrario, se podría enfrentar una demanda en un tribunal internacional.
Este caso también es paradójico (y hasta jocoso) porque quienes ahora se indignan por el cobro adicional que realiza esta empresa son quienes están abogando por la aprobación de la Ley de Asocios Públicos Privados como la alternativa a los problemas de competitividad y de crecimiento de la economía salvadoreña. ¿Qué esperaban los señores y señoras de la ANEP, ASI, COEXPORT y Cámara de Comercio? ¿Realmente creen qué es pura ideología cuando se les señala que las concesiones son una forma de privatización y de mercantilización de los bienes y servicios públicos y que esto incrementa los costos y las tarifas de los bienes y servicios públicos? ¿O es que creen que la lógica del capital y de la ganancia solo se justifica cuando se trata de su capital y de sus ganancias?
Frente al proceso de consulta de las reformas a la Ley de Asocios Público Privados que está imponiendo el Gobierno de Estados Unidos al Gobierno salvadoreño como condición para la entrega de los fondos del FOMILENIO II, bien harían los agremiados y agremiadas de estas asociaciones empresariales en poner más atención al significado e impacto que los Asocios Público Privados que tanto defienden sus dirigencias. ¿Saben los transportistas de carga que tendrán que pagar peaje por el uso de carreteras o autopistas que sean construidas y/o ampliadas mediante un APP bajo la modalidad de contratos auto sostenibles?
En resumen, el razonamiento de las gremiales empresariales salvadoreñas frente a las concesiones del Estado parece resumirse en una premisa: lo que es bueno para otros, es malo para nosotros. Es decir, ANEP y sus aliados apoyan las concesiones privadas de servicios y bienes públicos siempre y cuando el aumento en el costo de éstos solamente afecte el bolsillo de la población y/o cuando los incrementos en costos de las empresas sean absorbidos por el Estado.
Lo bueno es que esta vez, les llegó el turno de probar un poco de su propia medicina.
