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Después de una lucha que abarcó, al menos, dos lustros mantenido por las organizaciones de la sociedad por darle estatus constitucional al derecho al agua, así como reconocerlo como un bien público, finalmente, con 77 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó las reformas a la Constitución para reconocer el vital líquido como un derecho humano.
La modificación fue en el artículo 2 de la Carta Magna, que, de ser ratificada en la próxima legislatura, quedará de la siguiente manera: “Toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”. Pero también, el artículo 69 de la carta Magna, se leerá de la siguiente manera: “Es obligación del Estado crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos. El agua constituye un bien público”.
Es pertinente recordar que el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 64/292, reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, bajo la consideración de que “un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”.
Aunque el antecedente más antiguo viene del mes de noviembre de 2002, cuando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General No. 15 sobre el derecho al agua. El artículo 1 establece que “el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. Y lo definió como “el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico”.
Pero ni esta resolución ni de la de la ONU fueron suficientes para mover las posiciones o intereses de los diputados de la Asamblea Legislativa, sobre todo los de derecha, pues los parlamentarios de izquierda siempre apoyaron esas reformas, no solo por el reconocimiento internacional, sino por una necesidad humana. El tema del agua pasó a ser no solo un tema de interés de las tradicionales organizaciones no gubernamentales ambientalistas, sino de la iglesia, en sus diferentes denominaciones, así como la Academia.
En noviembre de 2018, por ejemplo, un grupo de iglesias, entre ellas: la Bautista Emmanuel, Episcopal Anglicana, Reformada Calvinista, Luterana Salvadoreña, Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de la orden franciscana, Comunidad Eclesial de Base de Zacamil y otras expresiones religiosas de la Iglesia católica, expresaron su inconformidad debido a la falta de consenso dentro de la Asamblea Legislativa, para aprobar la ley del agua. En septiembre de 2018, la Comunión Luterana Salvadoreña presentó la campaña denominada “Actúa ya, salvemos el agua”, con la que se pretendía recolectar firmas para exigir la reforma constitucional que reconozca como derecho humano el agua, asimismo, que sea aprobada la Ley General de Agua.
De hecho, todas las iglesias, incluidas las evangélicas cristianas, y, por supuesto, la iglesia católica, desarrollaron sendas jornadas en los templos para la recolección de firmas para la aprobación de la Ley del Agua.
En el mes de septiembre de 2017, la entonces procuradora de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, acompañada de representantes de las organizaciones sociales, urgió a los diputados de Medio Ambiente y Cambio Climático a retomar el estudio de la ley del agua. La mencionada ley había sido discutida casi en un 90 %, pero entrampó la discusión el artículo correspondiente a la conformación de la Junta Directiva de la ANDA, pues los diputados de derecha pretendía que fuera mayoritariamente representada por la ANEP. Este esfuerzo quedó engavetado.
Los diputados de los partidos de derecha: ARENA, PCN, PDC y GANA respaldaron, en junio de 2018, un nuevo proyecto de ley de agua, presentada por la ANEP, o al menos avalada por esta, por lo que pronto volvió el tema de la privatización del agua.
Lo anterior movió a todos los sectores, principalmente a la UCA y a la UES, y nuevamente la iglesia católica, que también participaron en sendas marchas de protesta hacia la Asamblea Legislativa.
Es de esperar que hoy que la Asamblea Legislativa dio un “golpe de timón” al aprobar las reformas a la Constitución, facilite la aprobación de la ley del agua, sobre el entendido que siendo el agua un derecho humano y un bien público, desaparecerá cualquier fin mercantilista en torno al agua. Esta es la otra mitad que le falta a la Asamblea Legislativa para cancelar la deuda al pueblo salvadoreño sobre el tema del agua, además, por supuesto, que la siguiente legislatura la ratifique con el voto calificado, es decir, 56 votos.
