Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El 7 de marzo de 1996 se aprobó la LEY DE LA CARRERA DOCENTE, que reunió otras leyes que de manera dispersa regulaban el ejercicio de la profesión.
Estas Leyes venían desde 1969, de 1971, de 1987, es decir, que habían sido producto de las primeras luchas en las históricas huelgas promovidas por ANDES 21 de junio.
Esas leyes y esas luchas magisteriales tuvieron lugar en tiempos de gobiernos de la dictadura, en tiempos de abierta represión y negación de derechos, pero la unidad del magisterio, la claridad y determinación con la que identificaron sus necesidades y sus aspiraciones a un trato digno, obtuvieron victorias importantes.
Fue hasta en 1996 que una ley como la vigente (con sus reformas), estableció el derecho de las y los maestros a una nivelación periódica de sus salarios, cada tres años dice el artículo 33 y es hasta en estos últimos 6 años que se ha negado el gobierno a darle cumplimiento.
Es cierto que cada tres años que ha correspondido la nivelación, requirió de los naturales cabildeos, del jaloneo sobre la proporción del referido aumento, pero se ha logrado mediante diálogo de las organizaciones y las autoridades de educación, los respectivos ministros de hacienda y, sobre todo, de los asesores de los presidentes de la República, que el magisterio ha tenido el cumplimiento de una nivelación establecida por ley.
Hay que recordar que, durante el conflicto armado, el magisterio fue víctima de la persecución, de asesinatos, desapariciones y algunos se vieron obligados a emigrar o cambiar de oficio, en los finales del conflicto; a pesar de ello dieron una batalla para evitar la privatización y por mejoras que terminaron en migajas.
Los maestros y maestras se pusieron en huelga de hambre para presionar por aumento salarial, y el gobierno de turno negoció, no con los huelguistas, sino con otros para el aumento de 50 colones en 1992.
Por eso es obligado que sea el propio magisterio quien asuma a la defensa del artículo 33, que dice con toda claridad: “ el salario de los educadores se fijará teniendo en cuenta el cargo, con revisiones periódicas no mayores de tres años y atendiendo los siguientes factores: 1) el sueldo base propio del nivel y categoría; el 2)el sobresueldo correspondiente al cargo que desempeña; 3)el sobresueldo por trabajo en áreas rurales distantes y de difícil acceso; 4) el sobresueldo por atender doble sección, u hora clase; y 5) el sobresueldo por haber desempeñado satisfactoriamente el cargo de Director, subdirector o supervisor por diez años consecutivos.”
Entre los años 2011 a 2018, según estudios sobre el ejercicio docente, fue cuando se registró un nivel de ajuste (cumplimiento de ley) más favorable, el salario base era de 472.63 dólares para nivel II y 519 para el nivel I, alcanzando en 2018 los $ 645.52 y $705.07 respectivamente. Por supuesto que son los años de gobiernos del FMLN y de ninguna manera se puede decir que eso es lo que el magisterio estimaba justo, pero véanse los números y compárece los seis años que corren con el actual gobierno, sin aplicación del escalafón establecido en ley y más bien con la declaratoria de congelamiento que contiene el proyecto de presupuesto para el año 2025.
Resulta sorprendente que en los primeros tres años que dejó de aplicarse el escalafón, el magisterio se mantuvo pasivo, comparando con las formas proactivas que asumió antes desde la aprobación de la ley que regula su ejercicio.
Hoy, como en el pasado, corresponde asumir lo conquistado, haciendo eco a la frase con la que la mayor parte de las organizaciones sociales asumen la defensa de sus reivindicaciones, conquistadas con lucha: “lo conquistado no se entrega”.
Saludo a los maestros, a quienes tengamos sentido solidario a ellos y ellas más allá del 22 de junio o cuando nuestros hijos y nietos crecen en actitudes, conocimientos y habilidades apoyados por su entrega.
Duele leer comentarios que afirman que el ultimo aumento no se reflejó en mejor calidad educativa; la profesión de maestra y maestro debe recuperar su reconocimiento y valoración social, que además debe tener su valoración por el Estado desde su formación y contar además con oportunidades para su formación durante el ejercicio, para aspirar a mejoras que no son solo por una remuneración sino parte de su realización.
Maestros y maestras, adelante.
