Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Vía: El País
El informe encargado a la Universidad George Washington por el gobierno de la isla desnuda la irrealidad de la cifra de 64 víctimas mortales sostenida por la propia administración.
Recorrer las calles de los suburbios de Puerto Rico o las pistas de sus pueblos montañosos y costeros después del hucarán María del pasado 20 de septiembre era una visión constante del abandono más básico y la impotencia de la gente. En medio del caos de las comunicaciones y del apagón del sistema eléctrico, ciudadanos, políticos, militares, reporteros palpaban en penumbra una realidad que se evidenciaba mucho más grave que los datos que iba dando el Gobierno de la isla, con los cadáveres acumulándose en las morgues de los hospitales. Ha tenido que pasar casi un año para que se confirme, en números totales sobre el papel, la dimensión humana de la mayor tragedia sufrida por este país en décadas. Hoy ha sido publicado el estudio encargado por la administración puertorriqueña a la Universidad George Washington y el resultado es desolador: al menos 2.995 personas murieron en Puerto Rico a consecuencia del efecto de María entre el día en que impactó y febrero de 2018. El cálculo mide el exceso de muertes atribuibles al huracán en comparación con la media de defunciones registrada durante el mismo periodo en años anteriores.
Hasta hoy, la cifra oficial de defunciones por María era de 64. Un dato que el gobierno de Ricardo Rosselló ha mantenido durante meses sin que nadie le diese crédito. Ahora la luz de los hechos reales desnuda su estrategia de avestruz: ante la dimensión de la catástrofe, metieron la cabeza en el hoyo la mayor cantidad de tiempo posible para aminorar el impacto político. Aunque últimamente habían entreabierto la puerta al reconocimiento de lo que ocurrió. En agosto trascendió que en un documento interno se admitía que los fallecimientos por María podrían superar los 1.400. De 64 a 1.400 y, finalmente, a 2.995. Es decir: 46 veces más que aquella cifra insostenible. El estudio, además, resalta que los males provocados por la catástrofe se cebaron en los más débiles. El riesgo de muerte fue un 45% mayor para los que vivían en comunidades pobres y los mayores de 65 años se vieron expuestos a una situación de permanente vulnerabilidad.
La población, debido a la emigración a EE UU, se redujo un 8%, de 3.327.000 habitantes en septiembre de 2017 a 3.048.000 a mediados de febrero de 2018.
El gobernador Rosselló ha dicho tras conocerse el estudio, en una entrevista con El Nuevo Día, principal diario local: «Yo no soy perfecto. Yo cometo errores. (…). En aquel momento teníamos un protocolo. No nos dimos cuenta hasta un poco después de que era totalmente insuficiente y esto todo emana en que la responsabilidad de adjudicar la causa de la muerte era de los médicos, pero que lamentablemente no había un proceso formal para prepararlos ante una devastación. En aquel momento era el número que se tenía y hoy tenemos evidencia que apunta a que el número en ese momento lo más seguro era mayor». «Esto denota la magnitud de la catástrofe», asumió.
Rosselló, acuciado por estimaciones independientes que fueron saliendo anteriormente y que apuntaban a la irrealidad de la versión oficial, asumió la necesidad de encargar este estudio a la Universidad George Washington y apechugar con el resultado. Otras investigaciones habían arrojado las cifras orientativas de 1.130 muertos (Penn State University) y 4.600 (Harvard), pero estas instituciones no tuvieron acceso a los datos del Registro Demográfico, a los que el Gobierno de Puerto Rico no dio acceso hasta el pasado 1 de junio. Su cerrojazo estadístico hizo que le llovieran críticas como las del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, que fue clave en la presión por que se conocieran los hechos. «El gobierno miente y lo sabe», escribió en junio Damaris Suárez, periodista del centro y presidenta de la Asociación de la Prensa de Puerto Rico. «El manejo irregular de los datos de los fallecidos tras el paso del huracán María persigue a la administración de Rosselló. La magnitud del problema ha aumentado en el ojo público internacional como una bola de nieve, a consecuencia de la falta de transparencia deliberada que, en el caso de los muertos, inició a solo días del fenómeno atmosférico».
Tras conocerse el dato de este estudio que viene a poner en claro de una vez la cuestión, el diario El Nuevo Día subrayó que lo ocurrido se produjo «en medio de una evidente falta de preparación de las autoridades puertorriqueñas y estadounidenses».
En la larguísima dilación en conocerse la verdad influyeron tanto la falta de voluntad política de organizar un recuento veraz y rápido de las defunciones ligadas al huracán como las deficiencias de preparación de la administración para afrontar la catástrofe, y en concreto la clasificación de las víctimas mortales a corto y medio plazo. El estudio dice: «El estimado oficial del gobierno de 64 muertes a causa del huracán es bajo, principalmente porque las formas utilizadas para la atribución causal solo permitieron la clasificación de muertes atribuibles directamente a la tormenta; por ejemplo, las causadas por el colapso estructural, escombros voladores, inundaciones y ahogamientos. Durante nuestro estudio más amplio, se encontró que muchos médicos no estaban orientados en la certificación del protocolo adecuado». Esta imprevisión resulta chocante para un país que se encuentra en plena zona roja de huracanes. Pero más desconcierta este otro juicio de los investigadores, que entrevistaron a personal del gobierno y de organizaciones civiles: los planes de emergencia, dicen, «no estaban diseñados para huracanes de una categoría mayor a la fuerza 1».
El huracán María fue el más fuerte en Puerto Rico desde hace un siglo. Impactó contra el territorio boricua con una categoría de fuerza cuatro y vientos de 250 kilómetros por hora, al borde de los guarismos de la categoría 5, la máxima en la escala de huracanes. Dejó el paisaje de la isla abrasado, como si hubiera sido engullido por una gran llamarada, barrios inundados con el agua llegando hasta los tres metros de altura, numerosas carreteras cortadas, puentes caídos, la red eléctrica destrozada y ciento de miles de viviendas maltrechas o por los suelos. En los hospitales y en los domicilios de personas enfermas se vivieron algunos de los momentos más dramáticos, por la falta de electricidad para poder mantener equipamientos médicos vitales.
El huracán golpeó a Puerto Rico en el peor momento, con su administración ahogada por una deuda pública de más de 70.000 millones de dólares y con su economía intervenida, como sigue hasta hoy, por una Junta de Supervisión Fiscal designada por el Congreso de EE UU, país del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado. La isla ha reclamado a Washington un paquete de ayuda para su reconstrucción tras el huracán que asciende a 139.000 millones de dólares.
La confirmación de la brutal cifra de víctimas mortales hace lucir aún más desafortunada la actitud del presidente de EE UU, Donald Trump, cuando visitó la isla unos días después del huracán. Ante la prensa, Trump dijo que la cifra oficial de muertos en Puerto Rico en ese momento –16– no era nada comparada con los 1.800 que dejó en 2005 el huracán Katrina. «Debes estar orgulloso», le dijo al gobernador Rosselló, en quién resonarán mucho tiempo esas palabras.
