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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
La Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 935 que contiene Ley Especial contra el delito de Extorsión. La iniciativa provino del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, ailment generic fue presentado con sentido de urgencia semanas antes de las elecciones, y pese a reconocerse su importancia, algunos grupos parlamentarios pidieron dejarlo para después de las elecciones creyendo, que de hacerlo antes tendrían una respuesta electoral de quienes se dedican a cometer este delito. En la plenaria del miércoles 18 de marzo con los votos de todas las fracciones la ley fue aprobada.
La ley contiene consideraciones que señalan la importancia de ajustar el concepto del delito a las circunstancias actuales, advirtiendo que el cometimiento de este delito produce afectaciones diversas a las personas, las familias, la comunidad y a la economía. El objeto de la ley es prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar el delito de extorsión, tanto a los autores materiales como a los cómplices. Cuando se cumplen condiciones agravantes la pena será de una tercera parte adicional.
Entre los agravantes de este delito se definen que se cometan desde los centros penales, que participen parientes o personas afines por la relación laboral, que participen funcionarios o empleados y que se cometan contra funcionarios. La ley manda a que este delito se investigue de oficio, bastara con que se dé aviso para el inicio de una investigación.
Los tribunales ordinarios conocerán y juzgarán a quienes cometan este tipo de delitos, podrán dar valor de prueba a bitácoras de llamadas telefónicas y a declaraciones que den agentes encubiertos, esto además de la prueba científica o de otras pruebas.
La ley contiene regulaciones especiales en materia de telecomunicaciones. Obliga a las empresas a aportar soluciones técnicas que impidan el tráfico de telecomunicaciones desde los centros penales; la Super Intendencia de Telecomunicaciones estará obligada a vigilar la aplicación de esta prohibición.
En los casos de violaciones a la prohibición se aplicarán sanciones patrimoniales independientemente de otro tipo de sanciones penales.
La multa por violar la prohibición por parte de las empresas de telecomunicación será de 500 salarios mínimos mensuales del sector comercio, no podrán prestar servicios desde los espacios en los que funcionan los centros penales, granjas penitenciarias o centros de internamiento de menores. Esta prohibición no aplica para los servicios que pueda contratar el Ministerio de Justicia.
Sin lugar a dudas este delito es uno de los que mayor perturbación provoca en la sociedad y pone en manos de las instituciones estatales, Fiscalía, jueces y policía una herramienta legal nueva que facilita el combate efectivo de este delito; permite fortalecer la eficacia de las instituciones, la ley por sí sola será como cualquier ley insuficiente si la conducta de los aplicadores la dejara de lado como ha ocurrido con otras leyes. ¡Ahora el órgano judicial y el ministerio público tienen el deber de apropiarse de esta nueva herramienta para prevenir, investigar, juzgar y sancionar la extorsión!
Es bueno que la totalidad de fuerzas políticas con representación legislativa la apoyaran y ahora toca divulgarla para que la sociedad sepa también aprovecharla. La marcha por la Vida, la Paz y la Justicia es un buen escenario para anunciar al país la voluntad de las instituciones; de poner en práctica y con valentía los mandatos derivados de esta nueva ley especial.
Es la complementariedad de esfuerzos de la sociedad y de sus instituciones, orientadas a una misma finalidad, la que permitirá al país superar este momento crítico que afecta la vida y la tranquilidad de miles de familias; es aportando y confiando como vamos a superar esta realidad que afecta no sólo a nuestro país sino a una región.
Este es un paso adelante en el cual el primer órgano del Estado da una respuesta positiva, quedan por cubrir otros como, dotar de recursos pendientes para la prevención de violencia aportados por Alemania, préstamos para seguridad otorgados por el BID, recursos que eleven nuestra capacidad de desarrollo y emprendimiento empresarial turístico, entre otros.
La Ley es una herramienta legal y respaldo político, la marcha debe ser respaldo social y voluntad de acción conjunta.
