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Por Alfons Luna
Londres/AFP
La Alta Corte británica examinó este miércoles la matanza de 24 trabajadores de una plantación de Malasia en 1948 a manos del ejército británico, generic en un contexto de revisión de episodios similares de tiempos coloniales.
Los familiares de los trabajadores quieren que la Alta Corte ordene la apertura de una investigación pública ante la negativa de las autoridades a llevarla a cabo, una demanda que ha sido rechazada ya en instancias inferiores.
El 12 de diciembre de 1948 se produjo lo que luego se conoció como «matanza de Batang Kali», en una época conocida como «la emergencia malaya», cuando tropas de la Commonwealth lucharon contra una revuelta comunista en la colonia británica.
Los autores de la matanza fueron los soldados de un regimiento de guardias escoceses, seis de los cuales confesaron el crimen años más tarde.
Las autoridades sostuvieron en su momento que los trabajadores eran sospechosos y trataban de huir.
Los abogados de los familiares argumentaron que Londres tiene la responsabilidad de llevar a cabo una investigación independiente en cumplimiento de la Convención Europea de Derechos Humanos, aunque el tratado se firmó más tarde.
La negativa de los ministerios de Defensa y de Exteriores a «tomar medidas para investigar más lo ocurrido es ilegal», dijeron los abogados durante la audiencia.
Uno de ellos, Michael Fordham, dijo a los cinco jueces de la Alta Corte que «la matanza de Batang Kali es, y sigue siendo, responsabilidad del Reino Unido».
«He viajado hasta aquí para comparecer ante los más altos jueces del Reino Unido. Quiero hacerles saber lo que tuvo que sufrir mi madre después de la muerte de mi padre en la matanza», explicó en un comunicado Lim Ah Yin, una mujer que tenía 11 años cuando perdió a su padre.
El caso podría ayudar a investigar otros casos similares, por ejemplo en Irlanda del Norte en los años de plomo, porque el fiscal general, John Larkin, ha presentado un escrito a la Alta Corte para que clarifique cuál ha de ser la posición del Estado respecto a los abusos cometidos en esta provincia británica.
Asimismo, el caso arroja luz sobre el pasado imperial británico, como ocurrió con la reciente decisión de compensar a las víctimas de la brutal represión del movimiento rebelde Mau Mau en Kenia entre 1952 y 1960, que se saldó con la muerte de más de 10.000 personas y el encarcelamiento en condiciones terribles de otros tantos, entre ellos el abuelo del presidente estadounidense Barack Obama.
«Eran ciudadanos británicos»
La matanza de Malasia fue ocultada por las autoridades coloniales de la época y olvidada hasta 1970, cuando un diario británico publicó una investigación en la que los soldados implicados admitieron haber matado a sangre fría a los trabajadores.
Pese al escándalo, no se abrió ninguna investigación.
La guerra entre las autoridades y el movimiento rebelde malasio dejó miles de muertos y no concluyó formalmente hasta la firma de un acuerdo de paz con el Partido Comunista Malasio (PCM) en 1989.
Otro abogado de las familias, John Halford, dijo que «las balas que mataron a la mitad de los habitantes de Batang Kali no volverán a sus armas, y ha pasado ya mucho tiempo para perseguir a los soldados que las dispararon».
«Pero teniendo en cuenta que seis confesaron el asesinato, que hay testigos vivos y que las pruebas forenses pueden confirmar que las muertes fueron ejecuciones a quemarropa, la ley debería pedir respuestas al Estado. Después de todo, los muertos eran ciudadanos británicos viviendo en un protectorado británico», dijo.
